Tuvieron que pasar más de 60 días para que Daniel Jaimes Quintero pudiera regresar con su familia luego de un cautiverio que por poco lo deja sin vida. Daniel es comerciante de cebolla en el municipio de Ocaña, Norte de Santander y el pasado 26 de abril, cuando conducía por la vía que comunica la vereda La Pradera con el casco urbano, a plena luz del día, hombres armados lo interceptaron. Atravesaron la camioneta, intimidaron a Daniel y lo obligaron a bajarse de su carro para luego llevárselo a un lugar desconocido en el que estuvo secuestrado casi tres meses. Sus familiares denunciaron ante las autoridades, quienes encontraron el carro de Daniel en plena vía y con las puertas abiertas, pero ningún rastro de su paradero.
Su historia es solo una de las 32 que ya ha registrado el Observatorio de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo en todo el país según información de seguimiento entre enero y junio del año en curso. Lo alarmante es que en comparación al mismo periodo pero del año pasado, hubo un incremento del 39%. En los primeros seis meses del 2022 se registraron 23 secuestros a nivel nacional.
La información que recoge la entidad a través de sus 42 regionales fue suficiente para que el defensor Carlos Camargo prendiera las alarmas frente a la evidente agudización de este flagelo en todo el país, haciendo énfasis en regiones como Norte de Santander, Antioquia y Arauca. Precisamente, el Catatumbo es una de las zonas más azotadas por los secuestros, de manera particular, en los municipios de Ocaña, Convención, Ábrego y Teorema.
En ese contexto, la Defensoría le puso la lupa a esa región para entender qué está pasando y hacer un llamado de urgencia para hacerle frente a la situación. Y es que en los primeros seis de 2023 se reportaron cinco casos en Ocaña, principalmente secuestros a adultos mayores. Así mismo, en Convención y Teorama, se presentaron dos casos en cada municipio; mientras que en Ábrego, se registró un caso de secuestro.
Como en el caso de Daniel Jaimes Quintero, la mayoría de las víctimas de secuestro en esa región nortesantandereana son comerciantes y ganaderos, por ese motivo, la Defensoría concluye que gran parte de los casos están relacionados con secuestros extorsivos. Sin embargo, apuntan a que puede existir un subregistro frente a la problemática puesto que las denuncias son escasas ante el temor a las represalias contra la comunidad. Por ejemplo, el Ministerio de Defensa hace un seguimiento a la seguridad nacional a través de las denuncias que llegan a la Policía y entre enero y junio, a nivel nacional, han contabilizado por lo menos 119 secuestros, mientras que para ese mismo periodo pero de 2022, se registraron 60 casos.
El panorama no es nada alentador si se mira desde otro ángulo. Este martes, el ministro Iván Velásquez entregó un balance en materia de seguridad a propósito del primer año de Gobierno de Gustavo Petro. La cifra que más llamó la atención fue la de secuestro debido al estrepitoso aumento frente a las cifras del año inmediatamente anterior. MinDefensa detalló que el secuestro aumentó 90% en el primer año de gestión del Gobierno Petro. Según las cifras oficiales, en los últimos 12 meses se presentaron 293 secuestros en comparación con los 154 registrados en el mismo periodo del año anterior.
Frente a la situación, el defensor Carlos Camargo aseguró que “el aumento de los secuestros nos quiere poner en jaque, su recurrencia en esos territorios son dos factores que se constituyen como una consecuencia directa de la agudización del conflicto armado en el país”.
¿Quienes secuestran?
Según la información recolectada por el Observatorio de Derechos Humanos de la Defensoría, la mayoría de los secuestros han sido perpetrados por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las Farc y las estructuras criminales armadas que se mueven en diferentes localidades del territorio nacional.
Precisamente, en esas zonas de Norte de Santander donde los secuestros están disparados, delinquen estructuras ilegales como Los Pelusos, el ELN y la delincuencia común.
En esa misma línea, el personero de Ocaña, Jorge Bohórquez le dijo a EL COLOMBIANO que los secuestros se deben principalmente a la conformación de nuevos grupos ilegales derivados de las disidencias que encuentran en ese delito una entrada económica para fortalecer sus estructuras. Por eso, el llamado desde Ocaña es urgente para que se aumente la capacidad operacional de la Policía y el Ejército de manera que esos grupos criminales no sigan aumentando el pie de fuerza.
“A Ocaña deben mirarla con ojos de preocupación pues esta situación está desbordada en el municipio y se ha salido de control de las autoridades competentes”, denunció el personero.
