Las disidencias de las Farc estarían convirtiendo el municipio de Toribío, en el norte de Cauca, en un centro de operaciones militares y financieras que, además, incluiría un centro de entrenamiento para los niños, niñas y adolescentes reclutados para el conflicto.
La denuncia fue hecha por la Defensoría del Pueblo, quien aseguró que la Columna Móvil Dagoberto Ramos convirtió a este lugar del Cauca en su centro de poder.
“(Los niños) son reclutados de manera forzada en los municipios del norte del Cauca para, luego de un breve entrenamiento, ser incorporados en las diferentes subestructuras del Comando Coordinador de Occidente, a la cual se encuentra adscrita esta Columna Móvil”, detalló Carlos Camargo, defensor del Pueblo.
El Ministerio Público aseguró que este poderío de los ilegales genera un riesgo para 37.000 civiles, en su mayoría personas indígenas de los pueblos nasa de los resguardos de Tacueyó, Toribío y San Francisco.
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Pese a que las disidencias mencionadas están en un supuesto cese al fuego con el gobierno, todavía no hay claridad sobre el mecanismo de verificación –como el mismo Estado Mayor de las FARC advirtió– y las consecuencias del conflicto continúan para las comunidades.
De acuerdo con la Defensoría, en el Cauca hay una disputa territorial entre la Segunda Marquetalia de alias Iván Márquez y el Clan del Golfo.
“Si bien las personas no están confinadas, el desarrollo de la vida comunitaria y social está no solo paralizado sino sujeto a la voluntad de los grupos armados, ya que vienen imponiendo múltiples normas so pena de muerte para quien las incumplan”, detalló Camargo.
Los ilegales han impuesto leyes como la prohibición de la venta de licor en días de semana, el no parqueo de motos frente a establecimientos comerciales y hasta imponen el horario de cierre a los comercios.
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Los ilegales también atemorizan a la población civil con grafitis y panfletos amenazantes. Prohíben la circulación de motociclistas con cascos y de conductores con vidrios polarizados.
“Todos estos hechos causan afectaciones a los derechos humanos de la población civil que reside en este municipio, muchos de ellos expresados en homicidios selectivos, restricciones a la movilidad, desaparición forzada, masacres y desplazamientos forzados individuales y masivos”, agregó el defensor.
El Ministerio Público insistió en que en estos hechos los más vulnerables son los niños, niñas y adolescentes porque están en la mira de los ilegales para ser reclutados a la fuerza.
