EL COLOMBIANO publicó la primera parte de una investigación en la que se expusieron numerosos documentos que prueban la asignación de esquemas de seguridad a toda el ala directiva y administrativa de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Esto sucedió sin que hubiera estudios previos de riesgo, como sí sucede con todos los amenazados del país. La investigación se dio en un contexto de denuncias por respuestas lentas de la Unidad para garantizar la vida de personas que tenían amenazas explícitas de muerte como el exdirector de la Cárcel La Modelo, Elmer Fernández, asesinado el pasado 16 de mayo en la carrera 30 de Bogotá, pese a que semanas antes había comunicado la aparición de panfletos intimidatorios contra él y su familia.
La investigación descubrió que al menos once jefes de oficinas de la entidad cuentan hoy con esquemas de seguridad bajo resoluciones de cumplimiento inmediato de la Dirección. Algunos de los escoltas, citados por EL COLOMBIANO, denunciaron también abuso de sus servicios por parte de los protegidos que los estarían haciendo trabajar durante largas jornadas y para situaciones personales que no tienen que ver con sus funciones públicas.
Para el caso del actual director, Augusto Rodríguez, este periódico explicó que su esquema de seguridad tuvo un incremento de hombres, herramientas de defensa y camionetas, igual que su equipo directivo en general, lo que significa un aumento del gasto mensual del presupuesto público de la entidad, mientras que en la lista de espera continúan varios directores de cárceles, concejales de regiones en situación de conflicto, y otras personas que han denunciado una situación de riesgo inminente. Otro de los casos que se registró durante el último mes, fue el del concejal de San Vicente del Caguán, Eduardo Cedeño, asesinado el pasado 19 de mayo y quien solo tenía medidas blandas por parte de la entidad, pese a reiterados llamados de ayuda.
Este medio también publicó información sobre un contrato entregado a la empresa High Quaily Solutions L.A E.U. por más de 73 millones de pesos, más la compra de una licencia a Acinpro, para la puesta en marcha de una emisora virtual llamada UNP Radio. Según las fuentes consultadas, “nadie escucha esa emisora” que se creó para comunicar a los escoltas pero “terminó en un autobombo a Augusto Rodríguez”.
Además de estas denuncias, EL COLOMBIANO tiene en su poder información sobre graves acusaciones de presunto acoso sexual contra el director jurídico de la entidad y otros funcionarios que, según las víctimas con las que hablamos, no han recibido el tratamiento correspondiente. “A una de ellas la fotografiaron desnuda desde una rendija mientras se bañaba y esa foto terminó en el estado e WhatsApp corporativo. Toda la entidad vio la foto”. El funcionario víctima de ese hecho salió en enero pero no hubo ninguna consecuencia sobre el acto de acoso”, agregó otra fuente.
El director Rodríguez asegura que EL COLOMBIANO publicó información reservada sobre cambios en su esquema de seguridad. Sin embargo, solo se hicieron precisiones del aumento de su esquema y el de sus subordinados, tras un hecho ocurrido en marzo de 2023, que fue considerado un atentado en su contra por parte de la UNP, pero sobre el cual hay abierta una hipótesis que plantea un intento de robo por las características del hecho, de acuerdo con los avances en la investigación de la Fiscalía. La información publicada sobre aumento de esquemas se hizo de manera general sobre todos los directivos de la UNP que tienen asignadas camionetas y escoltas sin haber sido sometidos previamente a los rigurosos estudios de riesgo que tienen que realizar todos los demás amenazados del país. En la misma publicación se le dio espacio a Rodríguez para que presentara ampliamente su versión de los hechos.
EL COLOMBIANO seguirá publicando la información sobre denuncias por contratación y posibles irregularidades en la UNP.
