Las investigaciones en torno a Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, revelaron una preocupante red de corrupción, demostrando también los alcances de su poder dentro de las instituciones colombianas. Una libreta de contabilidad hallada en el expediente judicial del contrabandista y obtenida por Noticias RCN detalla los pagos mensuales que su organización realizaba a oficiales de la Policía Nacional y de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), con el fin de garantizar la impunidad de su operación criminal.
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Los registros confirman que altos mandos policiales, incluyendo mayores y tenientes coroneles, recibieron millonarias sumas de dinero para omitir sus funciones y permitir el flujo de mercancía ilegal en los principales puertos y puntos estratégicos del país.
Dichas revelaciones aumentaron el tamaño de este escándalo en el país, ya ampliamente difundido luego de que se conociera que el “zar del contrabando” habría inyectado dineros ilícitos en la campaña presidencial del actual mandatario, Gustavo Petro.
Actualmente, Marín permanece detenido en Portugal y enfrenta un proceso de extradición solicitado por las autoridades colombianas.
Oficiales en la nómina del contrabando de “Papá Pitufo”
Según la información revelada, la libreta de “Papá Pitufo” funcionaba como un registro detallado de los pagos que su organización hacía a distintos rangos dentro de la Policía Nacional.
Las sumas variaban según el grado del oficial:
- Mayores y tenientes coroneles: recibían entre $3,5 y $5 millones mensuales, a cambio de garantizar que las operaciones de contrabando no fueran detectadas ni intervenidas.
- Patrulleros y agentes de menor rango: aunque los montos eran menores, los pagos eran constantes y buscaban asegurar la colaboración de la base policial en distintas zonas del país.
La Policía Fiscal y Aduanera: un eslabón clave en la red de corrupción
Las investigaciones también identificaron que dentro de la Policía Fiscal y Aduanera, encargada del control del contrabando en el país, operaban estructuras organizadas que facilitaban las actividades ilegales de Marín.
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Dos grupos fueron mencionados en la libreta de contabilidad del contrabandista:
- Grupo “3 Santa Catalina”: operaba en el mar Atlántico y se encargaba de dejar operar libremente 23 establecimientos comerciales ilegales, los cuales recaudaban más de $7.000 millones en mercancía de contrabando.
- Grupo “4 Roncador”: su función principal era garantizar que la Policía no interviniera en estos establecimientos, asegurando así su funcionamiento sin riesgo de operativos o incautaciones. Para lograrlo, se distribuyeron aproximadamente $3.500 millones en sobornos.
Mientras tanto, el puerto de Buenaventura, uno de los principales puntos de comercio marítimo en Colombia, también fue epicentro de la red de corrupción de Marín.
Según reveló el exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), Juan Ricardo Ortega, en este puerto se detectaron más de 70.000 importaciones manipuladas, lo que permitió el ingreso de mercancía ilegal sin los controles aduaneros correspondientes.
Las cifras de corrupción en el puerto son alarmantes: $700 millones diarios se entregaban a funcionarios para permitir el paso de mercancía ilegal. La complicidad con las autoridades portuarias aseguraba que las mercancías entraran sin revisión.
“Empezamos a tratar de entender qué pasaba allí, y si usted va a Buenaventura, en dos minutos todo el mundo sabe perfectamente quién es Diego Marín Buitrago o ‘Papá Pitufo’”, declaró Ortega en entrevista con Caracol Radio.
La situación en Buenaventura no es un caso aislado. Otros puertos estratégicos, como Santa Marta y Barranquilla, también habrían servido como puntos de entrada de mercancía de contrabando proveniente de Estados Unidos, Asia y Europa, sin que las autoridades aduaneras tomaran medidas.
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El descubrimiento de la libreta de sobornos de “Papá Pitufo” complica la situación y credibilidad de la Policía Nacional. Por ahora, las autoridades competentes iniciarán investigaciones internas para identificar a los oficiales mencionados en los documentos y determinar las sanciones correspondientes mientras se espera la llegada de “Papá Pitufo” al país, del que esperan que declare y brinde información útil a los entes competentes.
