Las denuncias formales por el delito de la extorsión llegaron a su máximo histórico en la última década en Colombia. Según el Ministerio de Defensa Nacional, la cifra reportada en los primeros cuatro meses de 2024 supera a los periodos equivalentes desde 2014: 3.546 hechos registrados.
Si bien es ampliamente conocido que el subregistro en esta clase de delitos es elevado, porque una alta proporción de víctimas no pone denuncias, el dato oficial no deja de ser preocupante.
Entre enero y abril de 2014 se reportaron 1.824 casos, y en 2019 fueron 3.086. Las denuncias cayeron durante la pandemia de covid-19 y en 2020 se documentaron 2.072.
A partir de allí se dio un crecimiento sostenido en los primeros cuatro meses de cada año: 2.316 en 2021, 2.482 en 2022, 3.042 en 2023 y 3.546 en 2024.
Además de las bandas delincuenciales que extorsionan en las calles, el fenómeno de la extorsión carcelaria se ha venido incrementando, en parte gracias a las fallas en la contención a las actividades ilegales de parte del Inpec.
Hay que recordar que con el fracaso de medidas coercitivas como el aumento de la vigilancia por cámaras, cambios de horarios en la guardia y pabellones de supuesta máxima seguridad, en 2011 esa entidad empezó a instalar aparatos inhibidores de señal celular, evitando que salieran o entraran llamadas a las celdas.
El proyecto ha fracasado por varios motivos: en algunos casos, las máquinas también bloquean la señal de celular de los barrios aledaños, perjudicando a la comunidad y generando una avalancha de tutelas; a esto se suman altos costos de adquisición, mantenimiento y actualización de software y hardware.
En enero de 2024 la Procuraduría informó que de 22 bloqueadores de señal instalados en las cárceles, apenas dos funcionaban a medias. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, anunció que exploraría nuevas tecnologías con el Ministerio de Telecomunicaciones y la Policía, que a la fecha no se han implementado.
Según el estudio Radiografía de la Extorsión en Colombia, de la Fundación Paz y Reconciliación, que analizó los datos consolidados de todo el 2023, “los departamentos en donde más se presenta este delito son, en su orden, Antioquia con un total de 1.797 (al año), seguido de Bogotá D.C con 1.626, Atlántico con 1.303, Valle del Cauca con 1.100 y Norte de Santander con 549 casos”.
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