La reforma agraria, una de las iniciativas bandera del gobierno del presidente Gustavo Petro, estaría incurriendo en irregularidades, incluso delitos, según la columna de opinión de Aurelio Suárez publicada este fin de semana en revista Semana.
La propuesta de Petro era comprar tres millones de hectáreas productivas a los grandes poseedores de tierras para entregársela al campesinado. En 2022, pocos meses después de iniciado su gobierno, la reforma comenzó a andar luego de que Ministerio de Agricultura acordara con un poderoso gremio: Fedegán, la compra de tierras para adelantar esta iniciativa.
Sin embargo, con el paso del tiempo y la lenta ejecución, la ambiciosa reforma tuvo que bajar sus expectativas de compra de tres millones a la mitad, 1,5 millones de hectáreas.
Según la investigación del columnista, realizada en conjunto con el abogado Eduardo Mestre Rodríguez, entre el 7 de agosto de 2022 y el 21 de febrero de 2024, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) compró solo 80.648 hectáreas para la reforma agraria. Petro dijo que “a ese ritmo tardaríamos 40 años” para llegar a los tres millones y por eso se redujo a la mitad.
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Pero, señala Suárez, “la lentitud de las compras es lo menos problemático”. “El análisis detecta violaciones a la Ley 160 de 1993, especulación, tierras improductivas e inundables, posibles testaferros y falta de pago a oferentes”.
Para exponer esa denuncia, detalla diferentes casos que se han presentado en departamentos como Cauca, Valle del Cauca, Meta, Vichada, Sucre y Cesar, para exponer que las irregularidades no tienen que ver con regiones, sino que se está presentando en el proceso mismo.
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Nada más en uno de los casos expuestos ocurrido en Puerto Gaitán, Meta, el columnista señala que “diez personas, que entre 2005 y 2007 recibieron del Estado sendos predios a costo cero, los englobaron en uno solo de 13.896 hectáreas y en febrero de 2024 lo vendieron a la ANT por $38.675 millones. Se llama Los Cachorros, fuera de que es declarado improductivo, es el de más área y más caro de todos los comprados. Una ilegalidad gigantesca.”
Finalmente, el columnista denuncia que las anomalías “cubren la mitad de la tierra comprada y $134.000 millones del patrimonio público, la tercera parte del gasto”.
Gobierno respondió
Aunque no mencionaron la publicación, la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, y el director de la Agencia Nacional de Tierras, Juan Felipe Harman, se refirieron a las denuncias de irregularidades en el proceso de la compra de tierras en medio de la reforma, que también defendieron.
El primero en referirse al tema fue Harman, quien aseguró en X que, bajo su dirección, la ANT “ha interpuesto 14 denuncias ante la Fiscalía sobre presuntas irregularidades en procesos internos y trámites de compra de predios”.
Así mismo, explicó que en la entidad “creamos procedimiento único de compra bajo resolución y trabajamos junto al Igac –Instituto Geográfico Agustín Codazzi– en documento de valores de referencia en núcleos. Nuestro compromiso es cuidar el corazón de la reforma agraria”.
A su turno, la ministra Mojica también sostuvo a través de redes sociales que “ante cualquier situación irregular que se denuncie en procesos de compra de tierras por parte de la Agencia Nacional de Tierras, se debe actuar. Cero tolerancia con la corrupción”.
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