Según la representante de oposición Lina María Garrido, el decreto con el que se convocó a sesiones extras para discutir el proyecto fue firmado por Gustavo García aún como viceministro y no como ministro encargado.
En momentos en los que la reforma a la salud del gobierno de Gustavo Petro pasa aceite en la Cámara de Representantes, desde la mesa directiva de esa Corporación denunciaron que el saliente ministro del Interior, Gustavo García, se habría extralimitado y habría usurpado funciones como titular del despacho.
El caso está relacionado con la cuestionada citación a sesiones extras para discutir el proyecto entre el 12 y 14 de febrero que, ante la salida del exministro Juan Fernando Cristo, convocó García sin que, al parecer, primero hubiese sido nombrado. Es decir, aún era viceministro.
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Lo anterior, según la segunda vicepresidente de la Cámara, Lina María Garrido, configuraría un posible vicio de trámite. Para respaldar su denuncia, la congresista de Cambio Radical presentó un documento remitido por la propia Presidencia de la República en el que se evidencia que García, sobre las 5:40 de la tarde del 10 de febrero, firmó el decreto que convocó a extras, pese a que aún no era ministro formal.
“Presidencia de la República confirma grave extralimitación de funciones del ministro del Interior, Gustavo García, un golpe de gracia a la reforma a la salud. Se consolida su vicio. La ilegalidad es evidente”, reclamó Garrido.
En esa línea, aseguró que el Gobierno “no puede insistir en una reforma a la salud que está viciada”, al tiempo que anunció que interpondrá una queja disciplinaria contra el saliente ministro García –quien será reemplazado por Armando Benedetti–, por extralimitación de funciones.
“El decreto indica con precisión la fecha y hora en que el supuesto ministro del Interior encargado firmó los documentos, pero no específica la hora en que el presidente de la República o su delegado suscribieron el decreto, dejando en evidencia otra irregularidad más”, agregó.
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Hoy por hoy, la reforma a la salud se encuentra estancada y sin posibilidad de que se vuelva a discutir en el corto plazo. El proyecto no ha podido volver a agendarse en el orden del día de la plenaria de la Cámara, en donde se encuentra para segundo debate.
Recién este lunes, el Gobierno sufrió un duro revés al no lograr imponer a sus mayorías para que el proyecto se pudiera agendar de inmediato en el orden del día. Desde muy temprano, el representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Alejandro Ocampo, aseguró que el país no se va a afectar por las pretensiones particulares de unos pocos y señaló que los vicepresidentes de la mesa directiva no se desean dejar que avance.
De fondo hay una pelea que involucra al presidente de la Cámara, el representante verde, pero de tendencia petrista Jaime Raúl Salamanca, con los dos vicepresidentes de la Corporación: Lina María Garrido y Jorge Tovar, de las curules de víctimas.
Aunque Salamanca es partidario de incluir el proyecto en el orden del día, Garrido y Tovar se oponen férreamente hasta que el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, cumpla con las órdenes de la Corte Constitucional, que le pidió ajustar el monto de la unidad de pago por capitación (UPC) —que es el dinero que el Gobierno le entrega a las entidades promotoras de salud (EPS) para garantizar la atención de sus afiliados— para los años 2024 y 2025.
“No podemos aprobar una reforma sin transparencia, sin recursos y sin cumplir la ley”, reclamó Garrido, quien recordó que para que un orden del día en Cámara sea válido debe contar con la firma de dos de los tres integrantes de la mesa directiva. “No cuenten con mi firma”, dijo.
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