El registrador Alexander Vega no ha terminado de sacudirse de la controversia política que dejó el conteo de votos –por el que partidos como Centro Democrático, Cambio Radical y Alianza Verde pidieron su renuncia– y ya tiene que enfrentar un proceso judicial que inexplicablemente venía dormido en el Consejo de Estado y que podría removerlo del cargo.
La raíz de la posible destitución es precisamente su elección como registrador en el año 2019, la cual estuvo rodeada de presuntas irregularidades que llevaron a demandar el proceso.
En el alto tribunal reposa un expediente desde hace dos años que no se ha resuelto por diversos trámites, réplicas e impedimentos. No obstante, EL COLOMBIANO conoció que por fin la demanda entrará en su recta final, solo a la espera de que la Procuraduría emita su concepto.
Con este panorama, se estima que a las 5 de la tarde de este viernes se cierre una fase, y el lunes a primera hora el expediente completo esté en el despacho del magistrado Luis Alberto Álvarez, de la Sección Quinta del tribunal.
Las dos demandas –reunidas en un solo dossier– atacan de forma directa dicha elección al pedir que se anulen los actos de nombramiento, confirmación y posesión del registrador. La síntesis de los demandantes es que en el proceso hubo supuestas actuaciones que violaron el orden institucional establecido, acto por el que se le pidió al Consejo que lo removiera del cargo provisionalmente, proceso que fue negado.
Sin embargo, el veredicto final que dicte el magistrado lo recibirá Vega luego de recibir varios reparos por el manejo al escrutinio al Congreso, pues se echó para atrás a la hora de solicitar el reconteo de votos al Senado, cosa que había pedido 24 horas antes, el festivo pasado.
Dudas que rodean a Vega
El manejo que este abogado de profesión le ha dado al preconteo y al escrutinio –como director de la entidad electoral– ha dejado un mar de incertidumbres que lo han acompañado desde antes de su elección.
De hecho, Carolina Munévar y Camilo Enciso, dos de las demandantes, cuestionaron el proceso de selección al encontrar posibles inconsistencias en el concurso de méritos para los 54 aspirantes, y en las entrevistas que llevaron a que los entonces presidentes de las tres altas cortes escogieran con 738.423 puntos a Alexander Vega como el reemplazo del exregistrador Juan Carlos Galindo.
Quienes lo escogieron fueron los presidentes de la Corte Constitucional, Gloria Ortiz; de la Corte Suprema, Álvaro García; y del Consejo de Estado, Lucy Jeannette Bermúdez. Esta última salvó a Vega la magistratura en el Consejo Nacional Electoral, al resolver un caso a su favor con el que pretendían sacarlo del cargo en 2015.
En cuanto al expediente en el alto tribunal, uno de los más fuertes cuestionamientos es sobre posibles alteraciones del valor dado a cada prueba. Antes de elegir a Vega la trayectoria daba 700 puntos y la entrevista 300. Con esos criterios Alexander Vega ni siquiera habría pasado la fase de clasificación.
Los presidentes de las Cortes cambiaron el Acuerdo 001 de 2007 por el Acuerdo 04 de 2019, el cual entró en vigor antes de la decisión final que benefició a Vega.
Y así la trayectoria solo quedó valiendo 200 puntos y la entrevista 300. Y fue gracias a la entrevista que Vega logró los puntos para pasar del quinto al primer puesto y ser elegido.
No dejó buen sabor que la presidente de la Corte Constitucional Gloria S. Ortiz hubiera viajado a Washington con todo pago el año anterior a la elección de Vega, invitada por una ONG electoral que presidía en ese momento el propio Alex Vega.
El del cambio en el valor de la trayectoria y la entrevista no es el único argumento con el que se podría caer el registrador. El 19 de octubre de 2019, día de la entrevista en el Palacio de Justicia, 3 horas y 38 minutos antes hubo una modificación al lugar de la cita por protestas estudiantiles en el centro de Bogotá.
En esa ocasión, dicha corte señaló que no había un plazo mínimo para informar el cambio de sitio, y que el mensaje para los 10 finalistas se cumplió de buena manera. Sin embargo, en una demanda se deja claro que esas movilizaciones estaban cantadas días atrás, por lo cual se tuvo tiempo de informar el cambio de sede con mucha anticipación.
Finalmente, con un “sí” envuelto en presuntas violaciones, los magistrados vieron a Vega tomar posesión en el cargo el 18 de noviembre de 2019 ante el Consejo Nacional Electoral, y el 6 de diciembre asumirlo de manera formal.
Para esa época, sonaba el rumor de que la vida social de la que se precia Vega habría intervenido en el cambio a última hora que hicieron los magistrados. De hecho, el registrador asumió el cargo e inmediatamente celebró con concierto de Silvestre Dangond para sus funcionarios.
Hay más reparos
La ola de sospechas hacia Vega va más allá de su elección y labor como registrador. Entre 2014 y 2018 fue la cuota política del Partido de la U en el Consejo Nacional Electoral, entidad de la que fue magistrado y tuvo la sombra de los entonces congresistas Bernardo “Ñoño” Elías y Musa Besaile, salpicados en el escándalo de Odebrecht.
Precisamente, ese escándalo fue tema de conversación de Vega con congresistas como Otto Bula, también cuestionado en la investigación contra dicha empresa.
Por otro lado, en 2010 el antioqueño Andrés Guerra denunció penalmente a Vega por pedirle supuestamente $1.200 millones para mantenerle su curul intacta en el Senado.
Es por esta cantidad de irregularidades que han llovido fuertes críticas al registrador. Incluso, también han aflorado comentarios ante la demora en la sentencia final.
En cuanto a las dos demandas contra la nulidad en la elección del registrador, estas se decidirán de forma conjunta. Es decir, que el magistrado ponente Álvarez va a revisar las pruebas y se ordenará si hay o no una sentencia anticipada, o si por el contrario llama a audiencia.
Además, falta que el procurador segundo delegado, Mariano Barrios, emita el concepto del Ministerio Público, en el que también hay una queja disciplinaria en su contra que esta semana interpuso el expresidente Andrés Pastrana, por la polémica del conteo de votos para Senado.
Además, en esa entidad hay controversia porque la esposa de Vega, Andrea Ospina, trabaja como procuradora judicial, según el SIGEP. Y, en paralelo, se habla de un sobrino de la procuradora Margarita Cabello fue confirmado como registrador del Cesar por el propio Vega.
No obstante, desde la Procuraduría aseguraron que Cabello no conoce a Ospina, de quien dijeron trabaja en la seccional de la entidad en Cundinamarca desde antes de la llegada de la actual jefa del Ministerio Público y que no se conocen. Además, que no hay ningún sobrino suyo en Cesar laborando con la Registraduría, sino que se trata del hijo de unos primos suyos que, según indicaron, lleva más de 10 años en la vinculado.
Por ahora, el registrador nacional tiene el reto de garantizar las elecciones presidenciales, a menos que el Consejo de Estado tome una decisión antes.
