En medio de la controversia desatada por el supuesto acaparamiento de medicamentos en el país, este martes se conoció un duro pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo en el que alerta por “circunstancias críticas” en la prestación del servicio a la salud y le pide al Gobierno de Gustavo Petro actuar a través de “mecanismos excepcionales”.
En una carta dirigida al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, la defensora del Pueblo, Iris Marín, advierte que entre 2023 y 2024 “se aceleró” el número de quejas en la garantía del derecho a la salud, así como en lo corrido del año, por lo que alertó por “un agravamiento en el acceso a los servicios que afecta a las personas y lesiona el derecho a la salud”.
“Existen circunstancias críticas que sufren las personas, frente a las que se no puede hacer caso omiso, que deben ser atendidas con urgencia a través de mecanismos excepcionales que den respuestas inmediatas a las necesidades de salud”, señaló el organismo, que indicó que en 2025 las quejas en la prestación del servicio podrían duplicarse frente a las observadas en 2022.
En esa línea, la funcionaria llamó la atención por retrasos en la atención, que se evidencian en la falta de oportunidad de programación de citas con especialistas, así como en la falta de acceso a servicios médicos esenciales. “En estos primeros meses del año hemos recibido más de 2.040 quejas, una cifra mayor a la observada para el mismo período del 2022”, señaló.
Por otro lado, advirtió por falta de disponibilidad de medicamentos, “representada en negaciones, entregas incompletas y falta de oportunidad que, solo entre enero y finales de febrero de 2025, aumentaron en un 30% con respecto a 2024 y el 67% con respecto tanto al 2023, como al 2022”.
A lo anterior se suma falta de disponibilidad en los servicios en varios lugares del país, derivados de cierres completos, algunos temporales y otros definitivos. “Estos ascenderían a 1.200 en 2024, mayoritariamente de IPS privadas, que afectarían especialmente a regiones como Bogotá, Cundinamarca, Norte de Santander, Valle y Atlántico. Sin embargo, por la relevancia de esta información, se pidió verificación de la misma al Ministerio de Salud y Protección Social”.
Inclusive, la Defensoría alertó por incumplimiento de las acciones de tutelas e incluso de los desacatos. “Solo en Bogotá y Cundinamarca de 452 tutelas, se solicitaron 141 desacatos. Las tutelas por medicamentos y tecnologías médicas en el nivel nacional se habrían duplicado, comparadas con las cifras observadas en 2023”, agregó.
Para la entidad, se trata de situaciones que generan preocupación, especialmente en el Sur de Bolívar, el Sur de Córdoba, Sucre, Vichada, Santander, Caldas, Valle y Nariño. En esa línea, anunció que ha intensificado su labor en el nivel territorial con acciones de la vigilancia, articulación institucional y gestión directa con las EPS, IPS y autoridades de salud que operan en las regiones, a través mesas de conciliación.
Sin embargo, la Defensoría reclamó que en varios de los territorios estas iniciativas “han sido insuficientes para garantizar la oportunidad en las soluciones a los requerimientos de atención de las personas afectadas”.
Para la Defensoría, hay “una problemática de fondo” alrededor del funcionamiento del sistema de salud que “debe abordarse en los espacios democráticos de deliberación, para impulsar soluciones sostenibles en el largo plazo, en beneficio del bien común”.
Sin embargo, en la misiva la defensora del Pueblo le solicitó al ministro una reunión “de manera urgente” para poner en marcha de forma conjunta una estrategia de respuesta inmediata a las atenciones. “Para establecer con claridad la magnitud de la problemática será determinante contar con la información que se ha solicitado al Ministerio de Salud y Protección Social, así como sobre las medidas que ha adoptado el Gobierno nacional para solucionar estas situaciones”, precisó.
Por último, la Defensoría del Pueblo anunció que le presentará un concepto al Congreso de la República sobre la reforma a la Salud que cursa en el Congreso, “con el interés de que se aborden los ajustes necesarios en el sistema de salud”.
El pronunciamiento del organismo se conoce en medio de las imágenes que ha visto el país de decenas de personas aglomeradas, haciendo largas filas y amaneciéndose en la calle para acceder a medicamentos en las sedes de dispensadores de sus entidades promotoras de salud (EPS).
Por estos hechos, el presidente Gustavo Petro puso a andar la teoría de que los gestores farmacéuticos —encargados de la distribución y dispensación de medicamentos— están escondiendo y acaparando las medicinas y por eso la gente no los consigue. Y enfiló a la Superintendencia de Salud contra el gestor Audifarma y auditó una de sus bodegas a las afueras de Bogotá. Incluso, llegó a amenazar con allanamientos.
