El auto en el que la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia resolvió la situación jurídica del expresidente y senador Álvaro Uribe reveló también cuál ha sido la defensa que ha tenido el exmandatario en este proceso, las principales apuestas y las respuestas que ha dado a cada una de las acusaciones que pesan en su contra.
El abogado penalista Alejandro Arcila explicó que en esta etapa de instrucción han practicado un gran cúmulo de pruebas decretadas por la Sala bien sea de forma oficiosa o a solicitud de las partes; posteriormente, se procederá por parte de esta corporación a cerrar la investigación, dando traslado a las partes para la presentación de alegatos, previos a decidir si acusa formalmente al senador Uribe Vélez o si, por el contrario, ordena la terminación del proceso a través de la figura de la preclusión de la investigación, de considerar, por ejemplo, que no existió delito, o que no participó en el mismo, lo que, a su parecer, “es poco probable”.
Arcila aclaró que “si bien existe una medida de aseguramiento en contra del expresidente, ello no significa que sea culpable, la actuación se encuentra en una etapa incipiente y son muchas las oportunidades que aún le asisten a la defensa y las partes de probar sus argumentos”.
El Estado debe probar
De acuerdo con la providencia, “luego de escuchar las explicaciones del aforado y la práctica de múltiples pruebas, muchas de ellas pedidas por la defensa, la medida restrictiva de la libertad del senador Uribe Vélez tiene como fundamento gran cantidad de material probatorio recaudado y analizado por la Sala Especial de Instrucción”.
Y agregó que “dicho material, hace parte de la reserva del sumario e incluye pruebas testimoniales, inspecciones judiciales, registros fílmicos, grabaciones e interceptaciones telefónicas, que al parecer indican su presunta participación como determinador de los delitos de soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal”.
Al respecto, el abogado Arcila aseguró que “muchas son las pruebas que militan en el expediente y es así, porque la obligación de probar es del Estado. La defensa deberá enfilar su ataque hacía las mismas, para restar su efecto probatorio y consolidar la presunción de inocencia del procesado”.
La defensa, de momento, está concentrada en minar la credibilidad de los testimonios, en alegar nulidades con respecto a las interceptaciones a los abonados celular de Álvaro Uribe y de su abogado Diego Cadena, y a negar la participación en cualquier actividad aparentemente ilegal que hubiera realizado Cadena en su nombre.
Pero será tarea de la Sala Especial de Instrucción comprobar si el expresidente en realidad sobornó a testigos.
