La suspensión de la licitación de los pasaportes volvió a generar un encontrón entre el Ejecutivo y la Procuraduría. Pese a que el Ministerio Público anunció la apertura de una investigación disciplinaria contra el canciller Álvaro Leyva, su representante hizo el quite y aseguró que el órgano de control no tiene competencias en el caso.
“(La Procuraduría) No puede en esta instancia pronunciarse sobre la validez de las actuaciones de la administración, en concreto de decisiones como la suspensión de un proceso contractual, la declaratoria de desierta de una licitación o la urgencia manifiesta, asuntos que constitucional y legalmente están reservados a la jurisdicción de lo contencioso administrativo”, señaló el defensor de Leyva, el abogado Mauricio Dueñas.
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Es que en la última semana, la defensa de Leyva estaba citada para entregar los últimos argumentos en el proceso de investigación disciplinaria que se había abierto contra el canciller el 20 de septiembre del 2023.
Cuando la Procuraduría abrió la investigación, explicó que el hecho de declarar desierto el proceso de licitación para la expedición de pasaportes podría configurarse en una vulneración de varios pilares de la contratación estatal.
En todo caso, el abogado Dueñas insistió en que la Procuraduría tiene competencias para indagar sobre las posibles faltas disciplinarias de los funcionarios y no para pronunciarse sobre la legalidad o no de un proceso contractual, función que le corresponde, por ejemplo, al Consejo de Estado.
“El señor ministro de Relaciones Exteriores tenía la potestad para declarar la suspensión del proceso contractual, lo que resultó necesario cuando reasumió la competencia que había sido delegada en el secretario general. Facultad que fue ejercida de una manera razonable y por un término muy corto para evaluar la situación y tomar una decisión de fondo”, explicó el abogado Dueñas en sus alegatos.
Después de este argumento, la defensa del canciller le solicitó a la Procuraduría que cierre y archive el proceso disciplinario. La pelota quedó en terreno del Ministerio Público, quien tendría una decisión final para el cierre de enero.
Mientras este proceso avanza, en otra orilla, continúa la posibilidad de que Thomas Greg & Sons –única oferente del fallido proceso licitatorio– emprenda una millonaria demanda contra el Estado porque, considera, se le vulneraron sus derechos como contratista cuando quedó desierto el proceso de licitación.
