El abogado Jaime Granados, apoderado del expresidente Álvaro Uribe, se pronunció este martes sobre los señalamientos que hicieron las personas reconocidas como víctimas en el proceso penal que se le sigue al político antioqueño. La semana pasada, tras retirarse de una audiencia previa al juicio, su defensa presentó una tutela solicitando medidas provisionales para proteger los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa.
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En un comunicado de prensa, Granados expresó que el 6 de septiembre pasado le pidió a la juez 44 penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá tiempo para analizar la información que contiene el celular y computador pertenecientes al llamado testigo Juan Guillermo Monsalve, lo cual, a juicio de la defensa, “debían ser analizados en su totalidad”.
Así mismo, manifestó que tras pedir acceso directamente a esos dispositivos y no solo a las copias espejo en poder de la Fiscalía, no las recibieron satisfactoriamente por “circunstancias externas a esta defensa, pues estos elementos se encontraban en custodia de la Sala Especial de Primera Instancia” de la Corte Suprema de Justicia.
En ese sentido, alegaron que como el material del celular y computador de Monsalve era “considerablemente extensa”, terminaron de hacer las copias “faltando menos de dos días para la nueva fecha de audiencia”. Ante esto, Jaime Granados expuso que “no es cierto que el suscrito haya pretendido una nueva suspensión de la actuación procesal”, debido a que le comunicaron al juzgado que requerían de “un tiempo no mayor a siete días” para “lograr analizar la información encontrada en los mencionados celular y computador y no solo limitarnos a una obtención”.
El abogado del también exsenador indicó que no es cierto que hayan tenido conocimiento de esa información desde 2020 y 2021, pues lo que en realidad pidió en el actual proceso no fue “tener conocimiento de dicha información, sino de tener acceso directo a la fuente originaria, cuestión que brilla por su ausencia en el comunicado presentado por las alegadas víctimas”.
Finalmente, expresó que la solicitud que hicieron la semana pasada pidiendo tiempo para analizar los datos “no obedece a una práctica dilatoria, por el contrario, tenía como fin no convalidar trasgresiones a los derechos fundamentales y procesales” del jefe absoluto del Centro Democrático.
Uribe Vélez enfrenta un proceso por soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal, caso que se encuentra en audiencia preparatoria, que es la etapa anterior al juicio, en el que se determinará si es declarado culpable o absuelto.
En la última diligencia judicial, el exjefe de Estado se retiró de la audiencia visiblemente molesto con la juez. Entonces dijo: “Me parece que en este proceso hay un daño que, si la justicia colombiana no corrige, será irreparable tanto para la justicia como para mí. Continuar adelante negándome el acceso a las pruebas es una violación a mis derechos. Me retiro, señora juez”.
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