El presidente Gustavo Petro y la movilización del Consejo Regional Indígena del Cauca –que por estos días permanecen en una minga en Bogotá– acordaron un decreto que denominaron ATEA (Autoridades Territoriales Económico Ambiental).
El documento fue construido en conjunto entre el Gobierno y los líderes indígenas y pretende fortalecer la autonomía territorial de las poblaciones ancestrales. Sin embargo, desde la Agenda Nacional Camepesina alertaron porque el decreto podría incrementar los conflictos por la tierra entre los indígenas y los campesinos.
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Yesid Conda, consejero mayor del CRIC, le explicó a EL COLOMBIANO que el documento velará por fortalecer la gobernabilidad territorial indígena ante terceros y busca fortalecer la ya existente jurisdicción especial indígena.
“Por ejemplo, se busca que proyectos mineros no podrían entrar de manera libre a nuestros territorios, esto garantizaría una protección ambiental. También se planteó el impulso del comercio indígena a través de la consolidación de una zona franca indígena”, afirmó Conda en diálogo con este diario.
Es que una de las peticiones de los 4.500 indígenas que permanecen en Bogotá era el fortalecimiento de su territorio. Aseguran que hay intenciones de adjudicar predios –en zonas históricas indígenas– a terceros en el marco de la reforma agraria y afirmaron que hay injerencia de multinacionales extranjeras que están afectando sus territorios ancestrales.
“El decreto ATEA está listo. Es un acuerdo con las comunidades indígenas del Cauca y su organización, el CRIC. Un paso adelante en la concertación social. Ahora es importante lograr el gran pacto interétnico que permita un verdadero poder popular en el departamento, y la paz”, celebró el presidente Gustavo Petro cuando logró el acuerdo con los indígenas.
EL COLOMBIANO conoció que el decreto está listo y sería cuestión de horas para que el presidente Gustavo Petro y su gabinete estampe su firma.
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“Esto solo aumentará la intensidad de los conflictos por la tierra, el territorio y la autoridad entre campesinos e indígenas Insistemos en un pacto intercultural por el territorio”, afirmaron desde la Agenda Nacional Campesina.
El reclamo de los campesinos tiene que ver con la posibilidad de quedar subordinados a los indígenas. Pues muchos de los agricultores están ubicados en zonas de reserva forestal (establecidas en la ley segunda de 1959) y en baldíos que, en últimas, podrían pasar a ser controlados por los indígenas.
“Quedamos subordinados al CRIC del Cauca. La ruta debe ser el diálogo intercultural, sin imposiciones”, advirtió la Agenda Nacional Campesina.
Los campesinos –que han mediado de julio también habían protestado por el lento avance de la reforma agraria– habían acordado, justamente, la posibilidad de construir zonas de reserva campesina en áreas que históricamente han sido protegidas contra la deforestación. Hecho que estaba totalmente prohibido desde 1959.
El consejero Conda del CRIC le insistió a este diario que sus pretensiones no son entrar en conflicto con otras poblaciones y afirmaron que tienen la puerta abierta al diálogo.
“Nosotros queremos dejar claro que siempre estaremos abiertos al diálogo y que lo acordado solo tiene efecto en nuestros territorios ancestrales. No pretendemos regular otros territorios”, puntualizó Conda.
La papa caliente quedó en terreno del Gobierno.
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