A cinco días de que el país complete dos meses de protestas continuas, que han dejado en medio de ellas pérdidas humanas y personas desaparecidas, el Consejo de Estado le dijo al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que no puede tomar determinaciones que vayan en el sentido de prohibir las marchas.
El reciente pronunciamiento se dio luego de que el Tribunal de Cundinamarca ordenara suspender un día antes las protestas programadas para el 28 de abril, aludiendo la situación sanitaria del país. Desde ese mes hasta ahora se han mantenido las marchas y plantones masivos. Según el Consejo de Estado, ese organismo judicial no está en las capacidades de tomar este tipo de decisiones.
Además del llamado, aseguró que no existió ninguna justificación debidamente fundamentada para suspender las jornadas de movilización, y que los alegatos sobre la “sanidad” para tomar la decisión no eran suficientes.
¿De dónde nace el pronunciamiento? Este se hizo luego de resolver 22 acciones de tutelas en contra de la decisión del Tribunal de Cundinamarca. La petición a dicho tribunal, para no volver a decidir de esta manera, se hizo ya que se “ponen en riesgo los derechos fundamentales de las personas a la reunión, la manifestación y la protesta pública y pacífica”.
En su advertencia, la jurisprudencia advirtió que solo el Congreso de la República, mediante una ley estatutaria, está en la capacidad de restringir las protestas sociales en el país, indicando que ni el Gobierno nacional, ni la rama judicial, pueden prohibir el derecho.
En materia internacional, luego de las pérdidas humanas y materiales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, visitó el país para recoger un informe sobre los actos de violencia llevados a cabo en estos últimos días.
Además, la canciller Marta Lucía Ramírez hizo una gira el mes pasado a Estados Unidos, en donde aprovechó para explicar el actuar de la Fuerza Pública contra los manifestantes, luego de denuncias de organizaciones de derechos humanos del país por reiterados abusos de la Policía y el Esmad con los marchantes.
Esta semana, Michelle Bachelet, consejera de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se pronunció diciendo que rechaza la violencia “venga de donde venga”, refiriéndose a los casi dos meses de protestas en Colombia. Además, dio una cifra de víctimas mortales en el marco de las protestas que luego el Gobierno colombiano salió a controvertir.
Alicia Arango, embajadora de Colombia ante Naciones Unidas, contradijo a la comisionada Bachelet diciendo que “se equivoca”. “El número equivocado de las personas muertas en el paro, porque se ha comprobado a la fecha que hay 24 personas que murieron, pero 19 no murieron por el paro y once están en investigación”, sostuvo Arango.
