“Cometí un error con un trino, casi no me pasa, pero me pasó, se me fue”. Con estas palabras, el presidente Gustavo Petro trató de justificar la publicación de un mapa en la red social X, que mostraba la ubicación de un campamento clandestino del ELN.
Reconoció el desliz en el traumático consejo de ministros del pasado miércoles, una vergüenza televisada en directo. El trino fue posteado el 2 de febrero, con coordenadas de latitud y longitud y una imagen de Google Maps que mostraba la guarida guerrillera en la vereda Puerto Barracas de Tibú, en Norte de Santander. Las FF.MM. planeaban atacarlo, pero la revelación del presidente abortó la misión.
Según él, recibió la información de campesinos de la zona y su idea era entregarla al Ejército... y de paso a medio mundo. Aunque recalcó que no tuvo mala intención, lo cierto es que su gobierno ha tomado una serie de decisiones que perjudicaron el orden público, favorecieron a la delincuencia y golpearon a las instituciones de seguridad y defensa de la nación. A continuación, las más graves:
1. Suspensión de bombardeos
En agosto de 2022 el Gobierno anunció la suspensión de las Operaciones Beta (bombardeos). “Los menores reclutados por organizaciones ilegales son víctimas, por lo tanto las acciones militares no pueden poner en peligro su vida. Los bombardeos deben ser suspendidos”, declaró el ministro de Defensa, Iván Velásquez. Aunque la idea era frenar los ataques cuando hubiera información de menores en el sitio, en la práctica se frenaron estas operaciones Beta en todos los casos.
La decisión tuvo varias consecuencias: a). Aumentó el reclutamiento infantil, para usar a los niños como escudos contra las bombas; b). Los grupos armados aceleraron su proceso de expansión, que antes era contenido desde el aire; c). Los máximos cabecillas quedaron protegidos ante los ataques por tierra, rodeados por campos minados y varios anillos de seguridad.
2. Sin presupuesto para aviones de combate
El 31 de diciembre de 2022 el Gobierno dejó perder la vigencia del Documento Conpes 4078, que asignaba $678 millones de dólares en inversión militar, y con los que se pretendía renovar la flotilla de aviones de combate Kfir de la Fuerza Aeroespacial, en estado de obsolescencia. El rubro fue aprobado en abril de ese año, al final del mandato de Iván Duque, que dejó la negociación adelantada con la empresa estadounidense Lockheed Martin, fabricante de los F-16.
Petro abandonó ese plan y se inclinó por la firma francesa Dassault Aviation, que produce los aviones Rafale. Fuentes cercanas a la negociación señalaron que al principio el Gobierno solicitó 16 cazas, pero luego bajó las pretensiones a cuatro, que era lo que le alcanzaba con la plata del Conpes. Esto obligó a los franceses a modificar las condiciones de la oferta, que no solo incluía aeronaves, sino también software, arsenal, capacitación, radares y más aditamentos tecnológicos, y antes de concluir el trámite se venció el Conpes. A la fecha no hay solución en el aire y los pocos aviones de la flotilla que sobreviven, desde que fueron fabricados en los años 70, dependen de repotenciaciones cada vez menos eficientes.
3. Ruptura con Israel
A raíz de sus excesos bélicos en la Franja de Gaza contra los palestinos, Petro suspendió la compra de armas a Israel el 29 de febrero de 2024 y el 2 de mayo rompió relaciones diplomáticas. La decisión dejó en el limbo múltiples procesos, dado que ese país es uno de los principales proveedores de seguridad y defensa de Colombia desde los 80.
Los israelitas suministran arsenales, software, repuestos, telecomunicaciones y capacitación para la Policía y Fuerzas Militares; además de los aviones Kfir repotenciados, en 2022 Colombia contrató con ellos una inversión de 327 millones de dólares para actualizar el Sistema Integral de Defensa Nacional (Siden), que incluye un sistema de guerra electrónica de US$92 millones y uno de defensa antiaérea por US$130 millones, con radares y misiles para blancos aéreos y terrestres; dicho contrato se venía pagando a cuotas antes de la ruptura diplomática, y se esperaba que entregaran los equipos en 2026.
Otros convenios en vilo con los israelitas tienen que ver con el suministro de cañones para fusiles Galil ACE, torretas para 55 vehículos blindados 8x8 adquiridos en Canadá, los radios Tádiran para comunicaciones del Ejército, licencias y software de ciberseguridad para la Policía. Dada esta situación, al Gobierno ya le tocó recular con el contrato de mantenimiento de los Kfir, el cual fue renovado en diciembre de 2024 por $32.748’637.500.
4. Sanción del Egmont Group
El 4 de septiembre de 2024, durante una alocución televisada, Petro leyó un informe reservado que Impa (la agencia de inteligencia contra lavado de activos y terrorismo de Israel) le envió a la Uiaf (Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia), en el que confirmaba la compra en 2021 del software Pegasus, diseñado para interceptar dispositivos móviles y telecomunicaciones.
A juicio del presidente, el gobierno de su predecesor Iván Duque lo habría adquirido a escondidas para espiar a sus rivales políticos. La publicación del reporte secreto derivó en una sanción para el país: la Uiaf fue suspendida de la red de seguridad del Grupo Egmont, la entidad que agrupa a las unidades de inteligencia financiera de 177 países.
Su directora Elżbieta Franków Jaśkiewicz recalcó que Petro realizó una “divulgación no autorizada de información proporcionada por uno de nuestros miembros”, por lo que la Uiaf fue desconectada de la Egmont Secure Web, en la cual se intercambian reportes de operaciones sospechosas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo a nivel global. Los narcos, lavadores y terroristas colombianos resultaron beneficiados.
5. Crisis de la Inteligencia
Desde la llegada de Petro al poder, cerca de 300 oficiales del Ejército y la Policía han salido de la Fuerza Pública por despidos o renuncias. Aunque el Gobierno ha negado que esté haciendo una purga, fuentes de Inteligencia señalaron que expulsaron a todo aquel sospechoso de falsos positivos, de perseguir a la izquierda y de confianza de gobiernos anteriores, sin importar su experiencia. Sus relevos carecen de la experticia necesaria, lo que se refleja en los pobres resultados de agencias importantes, como el Departamento de Inteligencia y Contrainteligencia (Cede2), el Comando de Apoyo de Combate de Inteligencia Militar (Caimi) y sus subdivisiones regionales, los Batallones de Apoyo de Combate de Inteligencia Militar (Baimi o B2); algo similar ocurrió en la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol) y en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
Esta última agencia ha tenido tres directores en dos años, todos ellos reinsertados del M-19 y sin experiencia en labores de inteligencia de Estado: Manuel Casanova, Carlos Ramón González y Jorge Lemus. Su condición de exguerrilleros y la aparente cercanía con el régimen de Venezuela produce desconfianza en las agencias extranjeras aliadas, lo que se ha reflejado en menos cooperación. Estas brechas en la Inteligencia se notan en la floja efectividad para prevenir atentados, frenar el auge del narcotráfico y a las mafias internacionales que cada vez más participan en el crimen organizado colombiano.
6. Sin erradicación de cultivos ilícitos
Bajo la premisa de que los cultivadores de coca son “víctimas de la persecución estatal”, y con la promesa incumplida de otorgarles proyectos productivos legales, Petro le ordenó a la Fuerza Pública reducir la erradicación forzada. En 2022 eliminaron 68.893 hectáreas, en 2023 mermaron a 20.323 hta, y en 2024 apenas 9.403 hta, según el MinDefensa.
Esta política laxa incentivó la producción de narcóticos, entre 2022 y 2023 pasaron de 230.000 a 253.000 hta sembradas y la producción potencial de cocaína aumentó de 1.738 toneladas métricas anuales a 2.664, de acuerdo con el monitoreo de la ONU. El Gobierno enfocó su estrategia en la interdicción, incrementando las incautaciones de cocaína de 659 toneladas (2022) a 883,8 ton (2024), una cifra récord que no alcanza a compensar un mercado desbordado y lucrativo para los grupos criminales locales y las mafias de 19 países.
7. Consecuencias de “paz total”
Petro edificó su estrategia de seguridad sobre las bases de la “paz total”, que busca reducir la violencia y delitos mediante ceses al fuego y diálogos con grupos armados. Estableció mesas de paz con bandas urbanas del Valle de Aburrá, Quibdó y Buenaventura; con el Estado Mayor Central (EMC), Segunda Marquetalia, ELN y Comuneros del Sur, ninguna de las cuales tiene avances sustanciales.
La del ELN refleja el fracaso de esa política, pues derivó en una agudización de la violencia en zonas como Catatumbo y Arauca. Durante la implementación de esos diálogos, la mayoría de grupos se fortalecieron militar y económicamente, aprovechando que la Fuerza Pública no los atacaba y que a sus cabecillas les suspendieron las órdenes de captura; según la Defensoría, coparon más territorios e incrementaron sus combatientes con un reclutamiento forzado de menores desaforado, en especial en Cauca, Putumayo y Nariño. Eso, sumado al aumento de ganancias de narcotráfico y extorsión, produjo organizaciones ilegales más poderosas y muchas comunidades rurales y urbanas están bajo su dominio.
8. Reducción del presupuesto de defensa
Debido a la crisis fiscal, ocasionada por deudas acumuladas, un flojo recaudo de impuestos, malas decisiones financieras y la desaprobación de la reforma tributaria en el Congreso, el Gobierno hizo un recorte en el presupuesto general de $28,4 billones (5,6% del total aprobado en 2024). Según el Ministerio de Hacienda, la reducción para el sector Defensa fue de $606.000 millones en gastos de funcionamiento, lo que afectó el pago de combustible, la renovación de licencias de software, la compra de arsenal, el presupuesto de gastos reservados para operaciones encubiertas y de Inteligencia, las horas de vuelo y mantenimiento de helicópteros y la financiación de comisiones de grupos especiales (Dipol, Dijín, Dicar y Dirán) desplegados en las regiones contra blancos estratégicos.
Esta semana el Comando General de las FF.MM. le entregó un informe a la Corte Constitucional, como parte del análisis de los decretos de conmoción interior, en el que afirma que su déficit financiero ronda los 67 millones de dólares.
9. Escaramuza con Trump
La crisis diplomática generada cuando Petro ordenó devolver dos aviones estadounidenses con migrantes deportados, el pasado 26 de enero, produjo el congelamiento del patrocinio financiero de equipos y programas de seguridad y defensa. Según el portal Infodefensa.com, se bloqueó la operación de helicópteros Black Hawk de Ejército y Policía, recursos por 168 millones de dólares para la Armada, el acceso a información de imágenes satelitales para la FAC, US$16 millones para desminado humanitario y demás recursos para capacitaciones y pago de recompensas.
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