La polémica reforma a la salud del Gobierno volvió a tener una nueva salida en falso. Si bien se intentó mover todo en el Congreso para que este jueves se realizara el primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara –e incluso hasta se anunció en medios–, esa discusión volvió a ser aplazada por el ambiente tenso entre oficialismo y oposición que chocan con fuerza por las acusaciones de presuntas irregularidades en el trámite.
Después de dos meses exactos desde que esta reforma fue radicada en el Congreso por el presidente Gustavo Petro y la ministra de Salud, Carolina Corcho, no se le ha pido dar primer debate y la rebelión que hicieron los partidos Liberal, Conservador y La U la tiene más que estancada. Está con cuidados paliativos.
Los jefes de esos tres partidos, César Gaviria, Efraín Cepeda y Dilian Francisca Toro, respectivamente, se opusieron al contenido de la reforma y rompieron la coalición de Gobierno, haciendo que se traspapelaran sus cálculos, lo que se tradujo en que actualmente no cuente con mayorías seguras para aprobar esta reforma.
Así están las cuentas de Petro
Para ser aprobada en su primer debate –citado la próxima semana–, esta reforma necesitará tener de su lado al menos a 11 de los 21 congresistas que conforman la Comisión Séptima. En las cuentas del Gobierno están fijos 8 votos a favor, hay 6 votos en contra, y restarían solo 7 votos por definir, de los cuales desde la Casa de Nariño se está intentando pescar al menos a 3 que garanticen que el proyecto avance.
Los apoyos que tiene virtualmente asegurados Petro son los de los congresistas del Pacto Histórico (4), los de las curules de paz (2), el de Comunes (1), y uno de la Alianza Verde. Entre tanto, los votos en contra provendrían de los partidos Centro Democrático (2), Cambio Radical (2), así como uno del Partido de la U y otro más del Partido Liberal.
En el caso de los 7 votos faltantes el Gobierno ha intentado poner una serie de ‘anzuelos’ para tratar de pescar esos apoyos de quienes están indecisos. Esa tarea no ha sido para nada fácil, ya que a la mayoría de esos congresistas que no tienen el voto claro los están vigilando los jefes del Liberal, del Conservador y de La U.
Tras la rebelión de los jefes de esos tres partidos, en Palacio se optó por tratar de negociar directamente con los legisladores y, gracias a esa estrategia, Petro consiguió que los representantes Gerardo Yepes (Conservador) y Camilo Esteban Ávila (La U) respaldaran la radicación de la ponencia positiva, lo que hoy mantiene viva la reforma.
Trata de conquistar disidentes
Desde la Casa de Nariño el ministro del Interior, Alfonso Prada, ha estado en permanente contacto directo con los integrantes de la Comisión Séptima para conseguir esos tres votos faltantes, pero la tarea se le ha dificultado porque en la mayoría de los casos ese apoyo implicará que los congresistas desobedezcan a sus partidos y se expongan a eventuales sanciones internas.
El voto más convencible para el Gobierno sería el del representante verde Juan Camilo Londoño, quien todavía no tiene claro si respaldará la reforma a diferencia de su compañera de bancada y ponente, Martha Alfonso, quien daría un voto fijo a favor.
Por otro lado, en las toldas godas el Gobierno intentará hacer que Yepes vote a favor de la ponencia positiva, después de que Cepeda condicionó el apoyo del partido azul a la inclusión de 130 cambios; uno de ellos la no eliminación de las EPS. “La ponencia de la reforma abre el debate para que construyamos un sistema de salud favorable”, dijo Yepes, dejando la puerta abierta a la posibilidad de apoyar el proyecto.
Al posible respaldo de Yepes podría sumarse también el de Ávila, quien aceptó firmar la ponencia positiva en su condición de ponente, aunque Toro había señalado que La U no respaldaría la iniciativa. Ávila habló con este diario y se ratificó en su firma y aseguró que confía en que la reforma se pueda ajustar a través de la “presentación de proposiciones en la Comisión Séptima”.
El otro voto de La U es el de Víctor Manuel Salcedo, que le es esquivo al Gobierno, ya que Salcedo es reconocido como un fiel ‘discípulo’ de Toro y ha dejado claro que obedecerá las decisiones que tome el partido. “Mi posición ha sido coherente y firme con las decisiones de bancada del Partido de la U”, dijo recientemente.
Para asegurar las cuentas, el otro voto que intenta conquistar el Gobierno es el del representante liberal Germán Rozo, quien protagonizó una polémica en marzo por reunir a la ministra Corcho con sus candidatos en Arauca. Aunque Rozo se ha mostrado cercano al Gobierno, así como su compañera de bancada María Eugenia Lopera (ficha de Julián Bedoya), Gaviria les dejó claro que si votan a favor de la reforma los dejará un año sin voz ni voto en el Congreso.
Debate que se echó para atrás
Este miércoles, los partidos opositores –Centro Democrático y Cambio Radical– radicaron la ponencia negativa que busca que esta reforma sea archivada. Tras esta radicación, los miembros de esas colectividades señalaron que debía aplazarse el primer debate de la ponencia positiva, pero inicialmente Agmeth Escaf, representante del Pacto Histórico y presidente de la Comisión Séptima, señaló que la discusión seguía en firme.
Tras la radicación, el representante Andrés Forero, del Centro Democrático, señaló que la ponencia de la oposición tenía “que publicarse para que sea posible el anunciamiento del debate”. Inicialmente Escaf negó esa petición y señaló que se “cumplió con el principio de publicidad (de la Ley 5 de 1992) y no se incurrió en ningún vicio de procedimiento”, con lo que había dejado en firme el debate para este jueves, pero luego se echó para atrás.
Una fuente del Pacto le dijo a este diario que Escaf tuvo que recurrir al equipo jurídico de la Comisión, porque al parecer la ponencia positiva no podría discutirse sin antes divulgar oportunamente la de archivo. “Hemos decidido no abrir el debate mañana (jueves), con el objetivo de darle las garantías a los partidos y a los ponentes para que el nuevo articulado que ha sido presentado”, terminó argumentando Escaf en la noche de este miércoles.
