Entre las tumbas desgastadas y algunas sin dolientes del cementerio Las Mercedes, en Dabeiba (Antioquia), tres guayacanes fueron sembrados entre bóvedas y cruces blancas a ras del piso. Fueron plantados allí para que la “peste del olvido” no borre de un tajo la memoria de las víctimas enterradas sin un nombre, como si en esta tierra no las hubiera parido mujer alguna, o simplemente, no hubieran existido.
Todo empezó con una procesión de la Semana Santa. Como si caminaran por la vía del dolor y del perdón que caminó Cristo, los familiares de las víctimas de desaparición forzada y “falsos positivos”, subieron con los guayacanes en las manos y en silencio hasta el campo santo, redondo como una plaza de toreo, vigilado a la entrada por dos ángeles gigantes de yeso y piedra.
Entre la multitud estaba Efrén Úsuga. Vestía un sombrero campesino y en su pecho plasmó una fotografía de su hermano Albeiro Úsuga, un labriego que se quedó en su finca para vender un ganado tras el desplazamiento forzado al que se vio sometida su familia, y que fue desaparecido por el Ejército al ser señalado como insurgente o colaborador de la guerrilla.
Efrén buscó a su hermano durante 20 años y lo encontró hace dos, dice él, gracias a la gestión de la JEP y el testimonio de los militares que contaron la verdad sobre lo que había pasado con su ser querido.
“Esto representa una luz para todas las otras víctimas, que no pierdan las esperanzas de que cada que este árbol va creciendo es una luz, es una hoja más, una víctima más que se va a encontrar por medio de la JEP y de las confesiones de los militares. Uno ve el compromiso de ellos y ve que hay voluntad, y la idea es que ellos colaboren lo máximo”, expresó Efrén a este diario.
Entre la multitud tambien caminaron los magistrados de la JEP, entre ellos Alejandro Ramelli –amenazado por el Clan del Golfo por su trabajo en los falsos positivos–, y otras entidades como la Iglesia Católica, Naciones Unidas, la Alcaldía de Dabeiba, la Unidad de Víctimas, la unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas, entre otras.
Pero también caminaron los militares; 17 en total. Caminaron vestidos con camisas y pantalones blancos, mezclados entre la multitud y con la cabeza baja, como camina aquel que sabe que cometió pecados y la vergüenza no dejar mirar de frente, cabeza en alto.
Después de la siembra de los tres guayacanes, familiares de las víctimas, magistrados de la JEP, militares responsables de las desapariciones y ejecuciones sumarias fueron al coliseo. Allí, ellos contaron los relatos más espeluznantes de cómo mataron y por qué, a sus víctimas.
“El cementerio Las Mercedes se convierte en un sitio de memoria histórica, en un referente nacional del nunca más”, enfatizó el magistrado Ramelli en el camino al coliseo para realizar el acto de reconocimiento y verdad.
Relatos de miedo y perdón
La cancha de baloncesto fue el escenario en el que por primera vez, ocho altos mandos militares (r) reconocieron que asesinaron y desaparecieron a campesinos en Dabeiba. También, por primera vez, se abrazaron con las víctimas y les pidieron una absolución negada durante 20 años.
Entre los familiares de las víctimas y sus victimarios, una mesa adornada con fotografías, unas botas, insignias militares y flores sirvió como altar para poner sobre él la paloma de la paz que el coronel (r) Efraín Enrique Prada entregó a Teresita Zapata, la madre de Jorge Andrés Ortiz Zapata, víctima del oficial (r) Prada.
Teresita se dirigió a cada uno de los militares (r) que se encontraba en el recinto. Les habló con la serenidad de la madre que espera conocer la verdad sobre lo sucedido. “Por nuestros familiares estamos aquí, llenos de valor, para hacer frente a las verdades narradas; los máximos responsables deben hablar desde el corazón, sus verdades nos ayudarán a vivir libres de amargura y resentimiento”, les dijo.
Acto seguido, el coronel le pidió perdón a ella y al resto de familiares, le entregó la estatuilla y les dijo: “Gracias a ustedes, hoy, los familiares de las víctimas, el país, los magistrados, podrán conocer una verdad que esperamos traiga un poco de alivio al fuerte dolor que les causamos (...), contra seres inocentes que deberían estar en sus hogares”.
Lo que siguió después fue un acto de contrición de los militares en retiro. Es como si desfilaran hacia un confesionario, buscando un perdón negado durante muchos años. Fueron relatos que llenaron de lágrimas y terror a los asistentes, como el caso de la esposa del campesino Edison Lexander Lizcano, quien escuchó de labios de los asesinos de su esposo que lo mataron solo porque necesitaban presentar un positivo que les diera un ascenso, o días de descanso.
Frente a este caso, el coronel (r) Edie Pinzón Turcios, excomandante del Batallón de Contraguerrillas (BCG) No. 26 ‘Arhuacos’, lo primero que dijo frente al micrófono era que “el señor Lezcano no tenía que ver nada con un guerrillero”, y durante su intervención habló de las alianzas macabras entre el Ejército y los paramilitares que había en la región para cometer todo tipo de delitos.
“Voy a referirme a los hechos victimizantes de los que soy culpable. Con este reconocimiento estoy reviviendo un capítulo difícil para las familias, para los familiares de las personas que asesinamos”, y recordó que cerca a la casa de Lezcano hubo un combate con la guerrilla de las Farc, cuyo bloque José María Córdova era para la época de los hechos (año 1997) el amo y señor del Cañón de la Llorona y sus alrededores. “Nada tenía que ver con un combate que se presentó cerca a su casa”, dijo Pinzón Turcios sobre el asesinato de Lezcano Hurtado; y añadió: “No se realizó verificación de esta información”.
Pinzón Turcios habló de una de las causas por las que muchas veces decidieron asesinar a campesinos ajenos a esta guerra: solo por ser habitantes de Dabeiba, lo ponía en la mira de sus fusiles.
Tras el relato del coronel Pinzón llegó el del teniente Yahir Rodríguez. Su relato causó más estupor en los asistentes al coliseo a esta versión, la primera en hacerse de manera pública y abierta a todos.
Rodríguez también era parte del batallón #26 Contraguerrilla. En el micrófono se armó de valor y sin más expresó una verdad que lo tenía enfermo y atragantado entre pecho y espalda. “Todo el que vestía de blanco o negro era guerrillero y tenía que morirse. No nos contaban capturas. La orden era extinguirlos, asesinarlos. Ese es el caso del señor Edison Lexander Lezcano Hurtado”, expresó.
El militar retirado confesó que después del combate con la guerrilla perdió el rastro de uno de los que le había disparado, así que se fue a seguirlo y en esa ruta vio a Lexander entrar a la vivienda. “Entonces procedimos a dispararle a la casa. La dejamos inservible. Nosotros, el Ejército, irrumpimos en la vivienda del señor Lezcano, donde iniciamos a sacar a las personas de la vivienda ilegalmente. Los maltratábamos, los golpeábamos”, reconoció el soldado.
Sin el peso que deja la culpa sin confesar, Rodríguez les pidió perdón a las familias y a su madre por “este dolor y la vergüenza causados. Destrocé a una familia. Dejé a una esposa sin su esposo, a unas hijas sin su padre y a unos padres sin su hijo”.
Tras los relatos, Rafael Góez, un habitante y víctima del conflicto que se vivió en Dabeiba, se armó de valor y les dijo a los comparecientes que estos hechos dañaron el buen nombre de las víctimas y se rompieron lazos con la comunidad que se llenó de desconfianza, hubo desplazamiento forzado y una ruptura en los proyectos de vida.
“Los daños causados por ustedes, señores comparecientes, son incalculables e invaluables. Fuimos estigmatizados tanto al interior del municipio como afuera; pero es mejor una gota de verdad, que un océano de mentiras”, les dijo Góez mientras les estrechaba las manos a los militares en retiro.
Importancia de esta audiencia
La tarea desarrollada por la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, ha arrojado resultados en la búsqueda de la verdad y la reparación para las víctimas que padecieron el conflicto armado en Dabeiba, Antioquia.
El magistrado Ramelli informó que desde que la JEP inició la gestión en este municipio, específicamente en el cementerio Las Mercedes, donde hubo fosas clandestinas en las que el Ejército desapareció personas, se han encontrado 78 restos óseos que pertenecerían a 49 víctimas de desapariciones y falsos positivos.
Ramelli precisó que de esas 49 víctimas, 11 ya fueron identificadas y entregadas a sus familiares, y “en la mañana de hoy el Instituto de Medicina Legal nos informó que tenemos grandes avances respecto de, al menos, dos casos más y esperamos poder entregarlos dignamente muy pronto”.
El magistrado señaló que en el trabajo descubrieron los patrones criminales usado por los miltares en retiro para atraer a sus víctimas y aseveró que “con la aceptación de responsabilidad quedarán sin fundamento visiones tergiversadas de lo que sucedió”.
