La Procuraduría General de la Nación alertó este martes sobre la grave crisis humanitaria y de seguridad que enfrenta el departamento de Caquetá, a raíz de los enfrentamientos entre grupos armados ilegales, principalmente disidencias de las extintas Farc.
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Desde agosto, el órgano de control registró múltiples incidentes que agravan la situación: dos accidentes por minas antipersonal en San Vicente del Caguán, siete homicidios selectivos en Puerto Rico y Belén de los Andaquíes, además de restricciones a la navegación en los municipios de Solano y Cartagena del Chairá.
Asimismo, se denunciaron extorsiones a comunidades en Florencia, generando un clima de temor en la región. La entidad manifestó su especial preocupación por el confinamiento declarado en 16 veredas de Cartagena del Chairá, que afecta a más de 2.000 personas, quienes han quedado sin acceso a alimentos, medicinas y educación.
Este confinamiento se dio en medio de la realización del Comité de Justicia Transicional en la zona, sin que hasta ahora haya habido una respuesta efectiva por parte de las autoridades nacionales.
La Procuraduría subrayó que la falta de medidas del Gobierno para anticipar y contener esta escalada de violencia, junto con las dificultades de coordinación entre las instancias locales y departamentales, intensificó la percepción de abandono en el territorio.
“Requerimos acciones urgentes y contundentes del Gobierno”, enfatizó la entidad, señalando a instancias como el Ministerio de Defensa y la Oficina del Alto Comisionado de Paz para que asuman un rol más activo.
Por su parte, la Procuraduría aseguró que continuará vigilando la situación en el territorio, con el fin de visibilizar las dinámicas de violencia y exigir a las entidades del Estado el cumplimiento de su deber en la protección de los derechos humanos.
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