Los diálogos entre el Gobierno Nacional y la guerrilla del ELN están al borde del fracaso y en fase crítica. Este fin de semana finalizó el cese el fuego bilateral que desde hace más de un año tenía efecto y los insurgentes condicionaron su prórroga.
Aunque parecía que desde las dos partes había una voluntad para continuar el cese al fuego bilateral, el anuncio -que debía darse a más tardar a la medianoche del pasado 3 de agosto- no llegó.
Desde el Gobierno Nacional, el equipo negociador estaba buscando una “extensión técnica” de esta medida, voluntad que fue manifestada por el senador Iván Cepeda y la jefe negociadora Vera Grabe.
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Sin embargo, otro es el sentir de los insurgentes. A través de un comunicado condicionaron los diálogos y su continuidad dependerá de que sean sacados de la lista de Grupos Armados Organizados (GAOs) y que se les reconozca su carácter político.
La presión al Gobierno por parte de los guerrilleros no es menor. Esa mesa de diálogos se enmarcó en la política de Paz Total del presidente, Gustavo Petro y su fracaso constituiría en un golpe con impacto internacional para el mandatario. Sobre todo porque, aunque está suspendida desde hace seis meses, era la negociación más avanzada en el camino a la paz.
Coyuntura en Venezuela
La terminación del cese al fuego y el anuncio de condicionar la prórroga ocurrió el mismo sábado cuando en Venezuela se llevaba a cabo la multitudinaria marcha en contra de la reelección del presidente, Nicolás Maduro. El desarrollo a la crisis política en el territorio del vecino país tendría una eventual repercusión en las estrategias de la Paz Total de Petro. Lo anterior, partiendo del hecho de que Venezuela históricamente ha participado como mediador y sede de los procesos con diversos actores armados.
Paz Total y crisis en Venezuela
Colombia y Venezuela comparten 2.200 kilómetros de frontera y entre varios de los problemas los pobladores de esa zona han tenido que lidiar con la presencia de los grupos armados ilegales que se pasean por el territorio binacional. La guerrilla del ELN y las disidencias de las FARC se han adueñado de parte del territorio venezolano.
La falta de control en la zona permite que los ilegales puedan sentirse seguros –y poco perseguidos– al otro lado de la frontera. No en vano, desde Caracas siempre han levantado la mano para tratar de mediar en la resolución del conflicto armado en Colombia. Lo hicieron durante los diálogos con la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar en 1990. Después –cuando el chavismo ya estaba en el poder– mediaron para la liberación de los secuestrados por las guerrillas y fueron país garante en el Acuerdo de Paz que terminó con el desarme de la guerrilla de las FARC.
“A Colombia la hemos ayudado en silencio a hacer la paz. Lo hacemos con el presidente Gustavo Petro y lo hicimos con los expresidentes Juan Manuel Santos y (Álvaro) Uribe”, dijo Nicolás Maduro, el mandatario venezolano que carga sobre sus espaldas la presión internacional por su aparente robo de los comicios presidenciales.
La agitación social y la posibilidad de un cambio de régimen en Venezuela podrían darle un giro a las dinámicas de diálogo con los ilegales colombianos que operan en territorio del vecino país.
El diálogo con el ELN
El proceso de paz con el ELN atraviesa una de sus peores crisis desde que comenzó el diálogo en octubre de 2022. La mesa está congelada desde el 11 de abril y las amenazas de una reanudación de confrontación son cada vez más latentes.
La última vez que la delegación guerrillera y del Gobierno tuvieron un cara a cara fue en mayo pasado, precisamente en Caracas (Venezuela), cuando se reunieron para firmar el primer punto de la agenda: la participación de la sociedad en la construcción de paz.
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Desde entonces la comunicación está rota. “El proceso electoral en Venezuela también tiene un impacto sobre la mesa. Es claro que el ELN tiene cerca de la mitad de sus estructuras operando en ese país y un posible cambio de régimen político sería un factor para la guerrila en la decision de mantener o no su voluntad de paz”, señaló Max Yuri Gil, director del Instituto de Estudios Políticos de la UdeA en diálogo con EL COLOMBIANO.
Es que una eventual salida del régimen de Maduro supondría el corte de un chorro económico para los elenos. Ellos tiene presencia en los estados venezolanos de Zulia, Táchira, Apure y Amazonas.
El portal especializado Insight Crime ya ha revelado que esa guerrilla tiene complacencia de algunos dirigentes venezolanos que, incluso, le han entregado el control de algunas minas de oro artesanal.
“El régimen de Maduro está cimentado en un sistema de gobernanza híbrida, en el cual redes de crimen organizado reparten rentas ilícitas con funcionarios de alto nivel. al mismo tiempo que ejercen control social y territorial en sus áreas de influencia. A cambio, las estructuras criminales reciben salvoconductos y, en algunos casos, son respaldados por fuerzas del Estado en sus operaciones”, señaló Insight Crime en su informe sobre la consolidación criminal en Venezuela.
Con la eventual salida de Maduro, el ELN perdería capacidad económica y tendría que alistarse para una confrontación con la nueva comandancia del Ejército venezolano. En Colombia esa guerrilla ya pelea con el Estado colombiano, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo.
