La Procuraduría General de la Nación presentó una nueva solicitud a la Corte Constitucional para que evalúe la posibilidad de declarar el Estado de Cosas Inconstitucional debido a la crisis en el sistema de salud.
En un documento de 24 páginas, el Ministerio Público advirtió sobre un “evidente deterioro en la prestación de servicios y serias inconsistencias en la regulación del sector”.
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Además, cuestionó el reciente aumento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), señalando que dicho ajuste habría sido expedido “con presunta indebida y falsa motivación, basado en fuentes de información parciales, mediante un procedimiento contrario a las normas, y en violación de los artículos 48 y 49 de la Constitución, que establecen que la seguridad social en salud es un servicio público esencial a cargo del Estado”.
El organismo sostiene que el aumento podría comprometer la sostenibilidad del sistema y los derechos fundamentales de los pacientes. La Procuraduría destaca que la decisión de incremento del valor de la UPC para 2025 no corresponde a una decisión técnica sino política y en tal sentido, en representación de la sociedad, solicita a la Corte Constitucional, adoptar las medidas orientadas a restablecer el orden constitucional y los derechos de los colombianos.
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“Entre tanto el Consejo de Estado profiere alguna demanda de nulidad al respecto, el Sistema de Salud sigue siendo insostenible como lo han manifestado todos los dolientes del Sistema de Salud, comenzando por los pacientes, clínicas y hospitales públicos y privados, proveedores de medicamentos e insumos, la Academia Nacional de Medicina, diferentes gremios médicos, asociaciones científicas, academia, expertos, centros de pensamiento, aseguradoras y la Procuraduría General de la Nación quien debe velar por el cumplimiento de las normas constitucionales y legales, la T 760 de 2008 y Ley Estatutaria de salud, entre muchas normas para garantizar los derechos fundamentales en salud”.
En el documento, además de detallar los incumplimientos del Ministerio de Salud a las órdenes de ese alto tribunal, la Procuraduría afirma que el aumento de la UPC podría agravar la crisis de clínicas y hospitales.
“La seguridad social en salud es un servicio público esencial a cargo del Estado: las disposiciones de la Ley Estatutaria de Salud 1751 de 2015 le ordenan abstenerse de adoptar decisiones que afecten, directa o indirectamente, los recursos con los que se deben atender de manera oportuna y suficiente las necesidades de la población. Asimismo, le ordenan adoptar la regulación que garantice la salud de la población, respetando las normas constitucionales del debido proceso y la publicidad”, dice la petición del órgano de control.
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Es la segunda ocasión en que la Procuraduría solicita declarar el Estado de Cosas Inconstitucional por la crisis en el sistema de salud. La primera petición se presentó en agosto pasado.
Al respecto, el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) es una figura jurídica utilizada para señalar una violación masiva, sistemática y prolongada de derechos fundamentales que afecta a un grupo amplio de personas y que no ha sido resuelta a pesar de las intervenciones previas. Es una declaración extraordinaria realizada por la Corte Constitucional cuando identifica que el problema supera la capacidad de acción de una sola entidad o institución del Estado y requiere una respuesta estructural y coordinada.
