Un líder comunal que tuvo que pedir auxilio para que lo salvaran de morir, contaba con lágrimas que “dos hermanitos” seguían en peligro en la zona rural y decía ante las cámaras llorando: “Cuando más se habla de paz es cuando más guerra se ve en nuestro territorio”. Como su historia, hay casi 5.000 de los que han huido despavoridos de municipios como Tibú, El Tarra, Teorema, Convención, Acari y San Calixto, en Norte de Santander, donde la banda criminal del ELN ha decidido ir casa por casa buscando supuestos miembros de las Farc para matarlos.
De acuerdo con los últimos reportes entregados por la Gobernación del departamento, el número de personas fallecidas en la zona por las confrontaciones armadas que comenzaron el domingo 12 pero se intensificaron desde el miércoles 15, asciende a 80, a las que se suman otras 20 heridas. Entre tanto, según el más reciente balance de la Defensoría del Pueblo, del total de muertos siete son firmantes de paz del Acuerdo logrado entre las extintas Farc y el Estado colombiano en 2016. También se conoció que fue asesinado Carmelo Guerrero, líder de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo (Asuncat).
Los desplazados se están refugiando en el Palacio Municipal de Cúcuta y en el Estadio General Santander donde ocupan prácticamente toda la tribuna.
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Aterrorizados por la violencia, decenas de colombianos y venezolanos huían en botes con lo que pudieron empacar este domingo hacia Venezuela, donde el gobierno activó un “operativo especial” para atender a los desplazados en dos municipios limítrofes, según informó la agencia AFP. Otros miles, mientras tanto, se refugian en el municipio de Tibú a la espera de que cese el conflicto en sus municipios.
“Desde la Gobernación de Norte de Santander hacemos un llamado al ELN y a las Farc para que cesen los enfrentamientos, respeten los derechos humanos y habiliten corredores humanitarios que permitan a las familias desplazarse sin poner en riesgo sus vidas”, manifestó el gobernador William Villamizar.
En vista de esta situación, la Alcaldía de Cúcuta activó la ruta de atención para las personas que están llegando desplazadas. El reporte que entregó el alcalde Jorge Acevedo señala que entre el sábado en la noche y la madrugada del domingo, se atendieron 2.790 personas en el albergue que se instaló en el Estadio General Santander, mientras que en hoteles se ocuparon 408 camas por estas personas.
Según informó el periodista Jhon Jacome, hacia las 6 de la tarde del domingo había más de 2.000 personas desplazadas en el estadio, mientras que el número de censadas alcanzó las 4.700. Así mismo, el reportero compartió una imagen que muestra a decenas de personas a bordo de camiones y motos huyendo del Catatumbo hacia Ocaña, Tibú y Cúcuta mientras cesan los enfrentamientos armados.
El presidente Petro no se pronunció este domingo públicamente sobre el preocupante panorama en esta región. De hecho, en su cuenta de X, que se ha convertido en su medio de divulgación favorito, solo escribió sobre la crisis del Catatumbo el viernes, anunciando su llegada. Y el sábado se conocieron unas fotos suyas con los militares en el Puesto de Mando Unificado que provocaron polémica porque mostraban un mapa que decía secreto (ver nota anexa).
Quitaron las fuerzas de frontera
Cabe recordar que el presidente Gustavo Petro, en las primeras de cambio de su gobierno, retiró las fuerzas de despliegue rápido y la fuerza de tarea conjunta que operaba en la frontera.
El ministro de Defensa, Iván Velásquez, llegó a la zona y señaló que “la prioridad es salvar vidas, protegerles y llevarles la ayuda que necesitan” y que han “desplegado nuestras tropas en toda la región, reforzando nuestra presencia con nuevos contingentes y tecnología avanzada para garantizar su seguridad”.
Como se mencionó anteriormente, la crisis humanitaria en el Catatumbo obligó al presidente Gustavo Petro a suspender el proceso de paz con el ELN, cuya mesa de negociación es una de las piezas claves en el tablero de la política de “paz total” del Gobierno.
De hecho, basta recordar cuando Petro, como candidato, afirmó que “en cuestión de tres meses” iba a lograr desarmar a esa guerrilla. No ocurrió. Por el contrario, ese grupo armado ilegal es una de las que más trabas ha puesto al momento de buscar una salida negociada al conflicto.
Vale recordar que esa guerrilla, previo a la instalación de la mesa con el Gobierno, puso tres condiciones para poder continuar en la mesa: materializar el Fondo Multidonante para financiarlos a cambio de cesar el secuestro extorsivo, suspender las conversaciones con el frente Comuneros del Sur —una disidencia que se les formó en Nariño— y frenar las operaciones ofensivas de las Fuerzas Militares y grupos paramilitares en su contra.
La última pretensión del ELN era que el Gobierno los excluyera de la lista de Grupos Armados Organizados. Una decisión del Ejecutivo en ese sentido implicaría, cuando menos, que la Fuerza Pública dejara en un segundo plano los operativos en su contra.
“Si prosiguen los diálogos, el Gobierno debería exigirle al ELN cumplimiento previo —haya o no haya cese al fuego— que respete del derecho internacional humanitario. De lo contrario, el ELN va a seguir con la iniciativa: va a seguir jalonando concesiones para él, sin dar ninguna”, dijo Juan Camilo Restrepo, exjefe negociador ante el ELN en diálogo con EL COLOMBIANO.
Los otros frentes de paz
El 27 de agosto de 2022 al recién posesionado presidente Gustavo Petro se le ocurrió la idea de hacer las paces con la mayoría de grupos armados y bandas criminales que operan en el país. Estaba en el municipio de Ituango, al norte de Antioquia, cuando tomó el micrófono y le envió el mensaje a los armados: “Es hora de hacer la paz total. La seguridad humana se mide en vidas, mientras la otra seguridad se medía por muertos”.
Desde ese anuncio han pasado 877 días, se abrieron nueve tableros en el ajedrez de las conversaciones con los grupos armados y hasta ahora han sido más los tropiezos que los logros, salvo los ceses al fuego, en esa apuesta del Gobierno por desarmar a los ilegales.
Este año será un periodo crucial para consolidar la apuesta y desde las comunidades claman por acuerdos sólidos que permitan silenciar los fusiles, de manera definitiva, de actores que parecen apoderados de los territorios como el ELN, las disidencias de las Farc y las bandas criminales.
En la segunda mitad de su Gobierno —con un año preelectoral atravesado— el presidente Petro deberá subir las revoluciones si quiere consolidar la ambiciosa apuesta de alcanzar la “paz total”. Sin embargo, hasta ahora no ha logrado ningún acuerdo definitivo y hay mesas que ni se han instalado.
El senador y analista político Ariel Ávila advirtió en Caracol Radio que lo que sucede en el Catatumbo puede ocurrir en otras tres o cuatro regiones como en Arauca y Cauca “porque están matando familiares de guerrilleros, líderes sociales, es decir lo que se llama la base social”.
Comuneros del sur
El Frente Comuneros del Sur es el resultado de una disidencia que se le formó al ELN en Nariño. Son comandados por Gabriel Yepes Mejía, alias HH. Tienen alrededor de cien hombres en armas y obtienen financiación a través de las rentas ilícitas de la minería, la extorsión, el secuestro y el narcotráfico local y transnacional.
La mesa con este grupo ilegal es una de las que más avances ha reportado. Al cierre del año pasado las partes acordaron un cese al fuego por seis meses y empezará a regir una vez los ilegales estén concentrados en “zonas de ubicación temporal” que estarán situadas en la región de Abades en Nariño –en los municipios de Samaniego y Guachavés–. Se espera que los disidentes se movilicen hasta allá en este mes de enero.
Las partes también acordaron el mecanismo para destruir las armas del grupo ilegal. Comuneros del Sur se encargaría de entregar armas, municiones, granadas y drones y en lo que queda de este mes se terminarán de definir los protocolos para la dejación de armas que –proyectó el Gobierno– iniciará en abril de 2025. Será el primer grupo desarmado en las negociaciones de la política de paz total.
En Nariño corre el rumor de una posible alianza entre los Comuneros del Sur y las Autodefensas Unidas de Nariño. El temor de las comunidades es que, una vez los disidentes dejen las armas, se unan al bloque paramilitar.
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5.000
personas desplazadas deja la crisis en Norte de Santander, según la Gobernación.
80
personas muertas es el saldo que dejan los enfrentamientos armados en el Catatumbo.
