La escalada violenta en la región del Catatumbo completa cinco días, dejando un alarmante saldo de víctimas, entre asesinatos, desplazamientos, confinamientos y desapariciones. Un enfrentamiento entre el ELN y las disidencias mantiene en jaque el orden público en esta zona, considerada por la Defensoría del Pueblo como la más grave crisis en la historia reciente de este territorio en el departamento de Norte de Santander.
Justamente, en las últimas horas, la defensora del Pueblo, Iris Marín, visitó el municipio de Ocaña, donde diversas organizaciones sociales le solicitaron intervenir para que los grupos armados ilegales permitan establecer un corredor humanitario que facilite el rescate de unos 80 cadáveres, cuyos paraderos aún son inciertos.
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“Me comprometo a transmitirla formalmente al Estado Mayor de los frentes 33 de las extintas Farc y el ELN. Respaldo esta solicitud por la vulneración muy seria al derecho internacional humanitario y un irrespeto a la vida de personas que están en situación de vulnerabilidad”, señaló la defensora.
Agrega que se tienen reportes de más de 80 personas fueron asesinadas, pero que los cuerpos “ni siquiera se puede saber dónde se encuentran para rescatarlos” y otros no han sido identificados.