Seis colombianos fueron ahorcados en sus celdas. El crimen enrarece la investigación por el magnicidio.
El asesinato en una prisión ecuatoriana de los seis colombianos acusados del homicidio del candidato presidencial de ese país, Fernando Villavicencio, levantó toda clase de especulaciones y suspicacias no solo en el ámbito político, sino en la misma sociedad ecuatoriana que el fin de semana acudirá a las urnas para elegir nuevo presidente.
Para los ecuatorianos, el ahorcamiento de Andrés Mosquera Ortiz, José Neider López Hitas, Adey Fernando García García, Camilo Romero Reyes, Jules Osmín Castaño Alzate y Jhon Gregore Rodríguez en el pabellón 7 de la cárcel Guayas Número 1, en la ciudad de Guayaquil, solo obedece al afán de silenciar a los autores materiales para encubrir a quien está realmente detrás del asesinato de Villavicencio.
De hecho, Cristhian Zurita, el periodista y amigo de Villavicencio que lo reemplazó en la campaña presidencial después de su asesinato el pasado 9 de agosto, indicó: “Mataron a los sicarios de Fernando. Ensucian toda la investigación. Quieren señalar a quiénes nada tienen que ver con el caso. Su equipo más cercano vive con miedo. Las amenazas a sus amigos aumentan”.
Pero en la otra cara de la moneda, los políticos de turno se acusan unos a otros de tener intereses de que Fernando Villavicencio fuera borrado de la faz de la tierra, como lo insinuó el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, quien sin conocerse aún las identidades de los asesinados, señaló en su cuenta X: “Si son los sicarios de Villavicencio, (eso) ratifica que el Gobierno (actual) estuvo detrás del crimen”.
Minutos después, el propio presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, aseveró que no habrá “ni complicidad ni encubrimiento, aquí se conocerá la verdad”.
Entre las múltiples incógnitas generadas por el asesinato de los colombianos imputados en el homicidio de Villavicencio, está por qué se da justo después de que el gobierno de Estados Unidos ofreciera una recompensa de 5.000.000 de dólares por información que llevara al autor intelectual.
Además, como conoció EL COLOMBIANO, en un acta policial fechada el 5 de octubre de 2023, los seis colombianos solicitaron a la Fiscalía ecuatoriana y al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) un traslado de prisión que les fue negado, “por una alerta de un atentado contra sus vidas”.
Tras la masacre de los seis colombianos, la plataforma ciudadana SOS Cárceles Ecuador, indicó que uno de los informes de los guardias del SNAI al que tuvieron acceso reseña que los cadáveres de los asesinados “no presentan signos de tortura, ni heridas fruto de algún combate”.
Además, indicaron que el múltiple homicidio se presenta justo después de que el ministro del Interior, Juan Zapata, finalizara el informe sobre los responsables del magnicidio de Villavicencio. “¿No será que el gobierno Guillermo Lasso y la Policía de Ecuador quieren ocultar la verdad de estos hechos?”, indicaron desde la plataforma de defensa de los derechos humanos.
SOS Cárceles pone la lupa sobre otro asunto y es que el gobierno de Lasso, quien convocó a un consejo de seguridad tras el asesinato de los seis colombianos, destituyó al general Alain Luna, “quien fue el oficial responsable de la captura de los sicarios de Villavicencio, y que luego fue separado de esta investigación por órdenes del Gral. Salinas. Además investigó información sensible de los asesinatos de Fernando Villavicencio y de Rubén Cherres”.
En medio del agitado panorama, la Fiscalía quiso calmar un poco las aguas y aseveró que recibieron el testimonio de un testigo clave quien, bajo juramento, entregó datos e información inédita para aclarar el homicidio de Villavicencio.
“Entre otras cosas narró los preparativos y montos ofrecidos por los autores intelectuales. Además, a quienes habrían dado la orden para cometer el crimen”, dijo la Fiscalía.
Los datos obtenidos por los investigadores señalan que el pago por la vida de Villavicencio fue de 200.000 dólares, y que los autores intelectuales están dispuestos a borrar pistas para evitar su identificación.
Fiscalía indagó hasta los amigos
La Fiscalía de Ecuador, en el marco de la investigación que adelanta por el homicidio del Fernando Villavicencio, solicitó a 25 personas allegadas al candidato asesinado, a entregar sus teléfonos celulares. Entre los citados están Cristhian Zurita algunos familiares y otros amigos. Los investigadores también adelantan pesquisas porque en el Centro de Rehabilitación Cotopaxi, donde se encuentra una mujer identificada como Laura Castillo, alias “La China”, se presentó otra masacre. Esta mujer también está implicada en el asesinato de Villavicencio. Zurita acusó directamente a Rafael Correa de estar detrás del asesinato de su amigo Villavicencio.
