Desde hace varias semanas, la Universidad Nacional vive en una convulsión por la elección del rector José Ismael Peña, quien no contó con el apoyo de la comunidad académica ni con la del Gobierno Nacional, que tenía otro candidato para el cargo. Sin embargo, el Consejo Superior se impuso después de una larga polémica.
Todo se vino al traste el pasado jueves 2 de mayo, cuando los estudiantes se tomaron las instalaciones del Alma Mater luego de que se conociera que el profesor Peña había tomado posesión como rector en la Notaría 14 de Bogotá. El descontento de la comunidad estudiantil radica en el hecho de que no fue elegido el candidato por quien la mayoría de ellos había votado. A lo anterior, debe sumarse además la derrota del candidato que era apoyado por el ejecutivo, el profesor Leopoldo Múnera, por primera vez en muchos años.
El Gobierno ha tratado de estar del lado de los estudiantes, aunque manteniendo la institucionalidad, tanto que la ministra Aurora Vergara dijo que apoyarán lo que sea mejor para institucionalidad, pero el lío aún no se resuelve.
La resonante crisis en la educación superior también llegó al sector privado cuando a inicios de este año surgieron denuncias alrededor de la gestión del entonces rector de la Universidad del Rosario, Alejandro Cheyne. Hubo protestas, cese de las actividades académicas y un hecho sin precedentes: la salida del cargo del rector después de que profesores, alumnos, egresados y antiguos rectores le pidieran dar un paso al costado por malos manejos financieros y despidos injustificados. Entre pasillos se decía que “la primera constituyente que se vivirá en el gobierno de Petro sería la del emblemático claustro”.
El exministro de Hacienda y actual rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo, analizó la situación y advirtió, sobre todo, que el país está atravesando por una transformación en el sistema de educación superior que no puede desconocerse, ni quiera por el mismo Gobierno.
¿Cómo entender la crisis actual en las universidades del país?
“En este análisis hay que comprender que estamos frente a una nueva realidad del sistema de educación superior, en donde las instituciones se están enfrentando, sobre todo las de carácter privado, a un menor nivel de demanda, fruto de lo cual hay una afectación económica al curso de las instituciones. Esto, en el marco de inversiones que algunas de ellas han realizado, esto genera una presión económica al interior de las universidades. Creo que hay también en marcha una inquietud de fondo sobre la autonomía universitaria en el sentido de que se está poniendo en discusión realmente la autonomía universitaria”.
¿Es el caso de la Universidad Nacional?
“Lo que sucede en la Nacional es un reflejo de un proceso de elección que se hizo conforme a las normas, teniendo en cuenta, además, los procedimientos legalmente establecidos para ese fin. Y en el fondo hay un desconocimiento hoy a esa decisión, legalmente construida, por parte de la ministra, quien entre otras cosas participó en el proceso de elección. Me parece que ahí puede haber una flagrante violación a la autonomía universitaria y, además, a un procedimiento que se sorteó legalmente. En parte, también hay una discusión, en algunos de estos casos de legitimidad de los actores de liderazgo universitario frente a algunos grupos de interés al interior de las universidades”.
¿Qué puede pasar, al menos en el caso de la Nacional?
“Yo creo que hay una mezcla de circunstancias. Veo una actividad de un número creciente del movimiento estudiantil, ese movimiento original estudiantil relacionado con el Mane en su momento, que tiene unas posiciones discutibles y, simultáneamente, otro tipo de liderazgos estudiantiles y académicos que, eventualmente, tienen posiciones distintas. Entonces, veo un escenario de educación superior mucho más deliberante de discusión, incluso pública, sobre distintos temas de cómo debería ser el manejo de la universidad y las prioridades de la universidad. Y veo una tensión también derivada de una cantidad de intereses alrededor de la reforma estatutaria de la educación superior y, también, de la eventual reforma a la ley de la educación superior”.
¿Debe intervenir el Gobierno?
“Creo que en algunos de los casos como el caso de la Nacional, lo que debería suceder es que el Gobierno respete el caos institucional y legal y no entrar en un pulso por fuera de la institucionalidad, porque llevaría a romper la autonomía, pero además las normas que existen para ese fin. Y creo también que el Gobierno tiene que ser más consciente de las características del sistema colombiano, por ejemplo el sistema mixto. No reconocer eso, además de ser una tropeza, es la imposibilidad que el Gobierno logre en las metas que se ha propuesto en materia de cobertura, porque no las va a lograr sin el sector no oficial”.
¿Está perdiendo el pulso el Gobierno?
“Yo no me atrevo a pensar que sea así, me parece que se necesita hacer una reflexión de fondo sobre el financiamiento a la educación superior porque tácitamente y explícitamente en algunos otros casos hay un debilitamiento a la financiación a esas instituciones no oficiales”.
