Según la Procuraduría, entre 2022 y 2023, se han rescatado 1.102 migrantes irregulares y 74 han desaparecido. Pide acciones urgentes.
A los coyotes poco o nada les importa la edad de sus víctimas. Mucho menos importan las promesas con las que viajan o el dinero que gastan los migrantes irregulares para cruzar al otro lado y pisar tierra americana. Lo cierto es que muchas veces ese sueño se ve frustrado cuando esos traficantes humanos deciden abandonarlos a su suerte en medio del mar abierto.
El caso más reciente se registró este sábado, cuando la Armada Nacional logró rescatar 55 migrantes abandonados en altamar, entre ellos 16 menores de edad; caso que volvió a prender las alarmas por la creciente crisis migratoria que golpea a San Andrés.
Esta vez el llamado de auxilio fue por parte de la Procuraduría que viene recogiendo casos de migrantes varados en medio de las aguas del archipiélago luego de ser cooptados por ilegales para saltarse las autoridades y llevarlos a costas nicaragüenses.
Y es que en vuelos procedentes de Cali, Medellín, Cartagena y Bogotá, los migrantes emprenden una peligrosa travesía por mar abierto. Las rutas que ofrecen los paquetes a los migrantes son: San Andrés - Corn Island (Nicaragua) - Bluefields (Nicaragua); San Andrés - Bluefields; San Andrés - Pearl Lagoon (Nicaragua); San Andrés (Cayo Pescador) - Cayo Albuquerque - Bluefields; y San Andrés - Cayo Albuquerque - Corn Island - Bluefields).
¿Se trata de inacción?
Con esa reciente operación de la Armada, el número de migrantes irregulares puestos a salvo entre 2022 y 2023 llegó a la preocupante cifra de 1.102 personas. Pero otros 74 viajeros no corrieron con la misma suerte y hoy continúan desaparecidos en mar abierto.
A eso se le suma que, en esa misma ruta de Colombia-Nicaragua, han naufragado por lo menos seis embarcaciones desde 2022 debido a que las lanchas que transportan a los migrantes a altas velocidades, no tienen las condiciones mínimas de seguridad para hacerse a la mar y las características del motor ni siquiera resiste las olas de hasta dos y tres metros que pueden enfrentar al navegar.
En esos naufragios, entre agosto y diciembre de 2022, desaparecieron 59 personas, entre niños, niñas y madres gestantes. Solo en lo que va de 2023 se ha logrado el rescate de 235 migrantes, 57 niños, de países como Venezuela, Haití, Uzbekistán y, recientemente, ciudadanos de Ecuador, China, Vietnam, Bangladesh, Bielorrusia y Bosnia.
Ante el alarmante panorama, el pasado 3 de octubre la Procuraduría ya había emitido un informe que registraba 895 rescates, por lo que prepararon más de 30 recomendaciones a 13 entidades para hacerle frente a la problemática.
Sin embargo, el notable aumento de los migrantes irregulares atravesando las aguas sanandresanas indica que no se han aplicado los protocolos recomendados y no hay avances de las entidades para controlar el fenómeno.
El procurador delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento aseguró que, “este nuevo episodio demuestra que ni Migración Colombia, ni la OCCRE, están tomando las medidas necesarias; se deben redoblar los esfuerzos con mensajes dirigidos a los migrantes, exponiendo los riesgos a los cuales se enfrentan, así como mejorar el control de ingresos de ciudadanos extranjeros en la isla”.
Por otra parte, la Procuraduría también hizo un llamado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, para que despliegue sus capacidades en el archipiélago y atienda a estos menores de edad, cuyos derechos han sido vulnerados y deben ser protegidos por el Estado.
Y es que además de poner en riesgo la vida, los migrantes también se enfrentan a otros peligros cuando acceden a las vías marítimas para evitar las condiciones de atravesar la espesa selva del Darién.
“Hemos encontrado que esa población migrante es víctima de redes de tráfico irregular y terminan incluso asaltándolas y quitándoles todas sus pertenencias”, explicó la procuradora general Margarita Cabello.
