Los manifestantes, convocados por el Gobierno Nacional, bloquearon todas las salidas del Palacio de Justicia.
“La democracia queda en vilo cuando cualquier sector o actor de un país pretende presionar política, física o moralmente decisiones de la justicia. En un Estado de derecho como el colombiano, la función judicial solo está sometida al imperio de la ley. Todo conflicto o diferencia deben ser tramitados por medio de los procedimientos institucionales consagrados en el orden jurídico”.
Con estas duras palabras, emitidas en un comunicado publicado en la tarde de este jueves, la Corte Suprema de Justicia rechazó el asedio de cientos de manifestantes a la sede del Palacio de Justicia en Bogotá.
La multitud, que fue convocada por el presidente Gustavo Petro, bloqueó todas las salidas del recinto, gritando arengas con los magistrados y pidiendo que lleve a cabo la elección de la fiscal General de la Nación, un procedimiento que ese alto tribunal tiene en trámite.
Para la Corte, el bloqueo “además de afectar gravemente el derecho a la libertad de locomoción, pone en grave riesgo la vida e integridad física de magistrados, empleados, periodistas y demás ocupantes de la principal sede judicial del país”.
@periodicoelcolombiano 🚨🚨 Caos en Bogotaá tras manifestaciones convocadas por Fecode y el Gobierno Nacional.
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El alto tribunal indicó que defiende el derecho a la libre protesta, pero que “es inaceptable que se llegue a sitiar a jueces cuya independencia, autonomía e imparcialidad debe ser impulsada y promovida tanto por la sociedad como por los poderes públicos del Estado”.
En mi gobierno no se permiten infiltrados en las marchas con objetivos políticos que no son los de los manifestantes. Esta personas enviadas para bloquear el palacio deben ser profundamente investigadas.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) February 8, 2024
La orden a la policía es despejar las puertas con respeto pero con... https://t.co/l3o1rgokTZ
Finalmente, le exigió “al Gobierno Nacional brindar las garantías necesarias para que el ejercicio de las competencias de esta corporación y los demás jueces colombianos se puedan desarrollar sin presiones, hostigamiento o amenazas”.
Hacia las 5:20 de la tarde de este jueves, los magistrados pudieron salir del Palacio de Justicia, custodiados por la Policía Nacional.
El propio director de la Policía, general William Salamanca, tuvo que hacerse presente en el Palacio de Justicia para intervenir en la situación.
Incluso el presidente Petro tuvo que recular en su orden inicial de convocar a las marchas. A través de la red social X, trinó: “En mi gobierno no se permiten infiltrados en las marchas con objetivos políticos que no son los de los manifestantes. Estas personas enviadas para bloquear el palacio deben ser profundamente investigadas. La orden a la policía es despejar las puertas con respeto pero con contundencia. Punto”.
Hace apenas seis días, el mismo Jefe de Estado había incitado a la población civil a protestar, con mensajes como este: “Como presidente de la república debo avisar al mundo de la toma mafiosa de la fiscalía y debo solicitar al pueblo la máxima movilización popular por la decencia. Aquí no se puede tumbar un presidente progresista, el primero en un siglo, porque legalmente un sindicato de trabajadores aportó a un partido de izquierda. Llego el momento de la expresión popular”.
Tal parece que la situación no salió como él esperaba, pues el sentido de respaldo político que buscaba la marcha, quedó opacado por el desorden público y las amenazas a la seguridad de los jueces.
La conflagración coincidió con la visita de los delegados del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que vinieron a Colombia a verificar cómo van la implementación del acuerdo de paz con las Farc y las mesas de diálogos con otros grupos insurgentes. ¿Con qué imagen del país habrán quedado los diplomáticos?
