Armando Benedetti –embajador de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)– tendría que alistar su equipo de defensa porque la Corte Suprema de Justicia estaría preparándose para reclamar competencias en los casos que salpican a este funcionario.
Como en el ping-pong, las investigaciones contra este colaborador del gobierno de Gustavo Petro han saltado del terreno de la Corte Suprema a la Fiscalía y viceversa. En febrero pasado, cuando designaron a Benedetti en su segunda embajada –después de su paso por la de Venezuela–, el alto tribunal alistó el dosier y se lo entregó al ente acusador.
Ese nombramiento del Gobierno, al parecer, fue una jugada de doble vía: se habría comprado el silencio del funcionario frente a las declaraciones que venía dando sobre la posible financiación irregular de la campaña Petro Presidente y, a su vez, permitió que Benedetti adquiriera fuero diplomático y, así, se cambió la institución que lo investiga.
Sin embargo, los procesos que se adelantan contra el embajador y exsenador podrían dar un giro.
El miércoles 20 de marzo, la Corte Suprema de Justicia comunicó que seguirá adelante con la investigación sobre el papel de Benedetti en el Fondo Nacional de Desarrollo (Fonade).
La Sala de Instrucción investiga desde el 2020 si el entonces senador tuvo algún papel en el direccionamiento de recursos y de cargos en Fonade (hoy llamado En Territorio) y que se convirtió durante el gobierno de Juan Manuel Santos en un emblema de la corrupción por la apropiación de recursos y proyectos por parte de Miguel “Ñoño” Elías y Musa Besaile, ambos congresistas de Córdoba que terminaron condenados por este proceso en enero pasado.
En el expediente Fonade, el ahora embajador es investigado por su presunta responsabilidad en los delitos de tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos.
La reciente decisión de la Corte supone un paso importante porque el alto tribunal argumentó que, para este caso, prevaleció su fuero como senador sobre su posición como embajador.
Según varias fuentes consultadas por EL COLOMBIANO al interior de este tribunal, esto significaría lo mismo para otros casos de mayor envergadura como el de enriquecimiento ilícito que ya tuvo la etapa de indagatoria y que regresó a la Fiscalía cuando a Benedetti fue nombrado embajador.
Intentos por zafarse de la Corte
Lo cierto es que el embajador ha utilizado distintas estrategias para tratar de esquivar a la Corte y a una de las magistradas que lleva sus casos.
“Ella tiene un delirio furioso por perseguirme, robarme garantías, me ha amenazado con cambiarme de abogado. Yo de verdad no sé qué hacer con ese delirio furioso, frenético y hasta loco que tiene conmigo. Ya ella está demandada y está recusada, no sé qué hace ahí, me parece perverso”. Así se refirió Benedetti a la magistrada Cristina Lombana cuando fue citado a una diligencia en la Corte, en octubre del año pasado.
Lombana, precisamente, es quien investiga a Benedetti en el caso Fonade. La defensa del funcionario ha tratado de apartarla en distintas ocasiones.
Por ejemplo, el 23 de octubre del año pasado la Sala de Instrucción aceptó una de las cinco recusaciones que ha presentado el funcionario contra la magistrada.
El alto tribunal determinó que había argumentos para que Lombana se apartara del caso por enriquecimiento ilícito, pero que podrá mantener competencias en los otros procesos.
“Mientras el proceso estuvo en la Fiscalía, la magistrada emitió un concepto que sí podría comprometer su criterio e imparcialidad en el caso”, fue la respuesta de la Corte cuando accedió a la recusación de Benedetti contra Lombana.
El proceso en el que la magistrada tendrá que apartarse es el que investiga la posible responsabilidad del político en los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
En este caso, la indagación busca determinar de dónde salió el dinero para la compra de propiedades en Bogotá y Barranquilla, una mansión en Puerto Colombia y los giros de unos dineros hacia el exterior que realizaron personas dentro de su Unidad de Trabajo Legislativo. Una de esas personas era Elsy Pinzón, su persona de confianza durante más de 20 años, quien está vinculada a una de las investigaciones.
El primer aterrizaje de Benedetti en el gobierno Petro ocurrió en agosto de 2022 cuando recibió la designación como embajador de Colombia en Venezuela. En ese cargo se mantuvo hasta julio de 2023, cuando salió por el escándalo de una conversación filtrada con Laura Sarabia en la que el político insinuaba tener conocimiento de posible financiación irregular de la campaña presidencial del Pacto Histórico. Benedetti, incluso, aseguró que había gestionado hasta 15.000 millones de pesos para la campaña.
Desde el 8 de febrero de este año ocupa la posición de embajador ante la FAO, puesto que estuvo cerrado por dos décadas: fue acomodado a la medida y allí devenga un salario de 50 millones de pesos mensuales.
En ambos periodos, Benedetti adquirió el fuero diplomático y las investigaciones reposaban, sin muchos avances, en el despacho de Gabriel Jaimes, jefe de fiscales delegados ante la Corte.
La reciente decisión del alto tribunal, en el caso Fonade, podría destrabar el desarrollo de las demás investigaciones que cursan contra el embajador.
La Corte, por ahora, ha asegurado que se abstiene de solicitar una medida de aseguramiento, a pesar de que Benedetti está en Italia, y ratificó que continuará con la investigación luego de la indagatoria y la definición de su situación jurídica.
