Dan un plazo de 45 días al Ministerio de Salud para pagar los valores pendientes por concepto de reajustes a los presupuestos máximos y un cronograma para evitar nuevos atrasos.
La Sala especial de Seguimiento de sentencias de la Corte Constitucional declaró que el Gobierno ha tenido un bajo cumplimiento en cuanto a los Presupuestos Máximos para la financiación de los servicios y tecnologías del Plan de Beneficio en Salud (PBS).
Esos presupuestos necesarios no están cubiertos en la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que es la plata que gira el Estado anualmente por cada afiliado.
El hallazgo se dio luego del seguimiento del alto tribunal a la sentencia T-760 de 2008, que ordena garantizar el acceso mínimo a los servicios de salud. Esta vez, mediante el auto 2881 de 2023, la Corte determinó que todavía hay un cumplimiento bajo y que se le suman problemas como fijación de presupuestos, reajustes e incluso retrasos en los pagos.
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Según explicaron desde la Corte, se evidenciaron falencias en la expedición de la metodología requerida para establecerlos oportunamente, como la mora en la entrega y recolección de información completa para su análisis, y posterior cálculo de estos montos.
“Lo anterior implica que los Presupuestos Máximos se están calculando en el mismo año corriente que impide una adecuada gestión del gasto por parte de las EPS, especialmente porque representa un reconocimiento tardío y un desembolso posterior a la prestación de los servicios que se cubren con esos valores”, aseguró la entidad.
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Encontró además que estas falencias impactan directamente en la liquidez de las EPS y el flujo de recursos al interior del Sistema General de Seguridad Social en Salud “pues la cartera adeudada por este concepto no solo está creciendo, sino también ha superado hasta dos años de vencida”.
Órdenes al Ministerio de Salud
Debido a estos hallazgos que impactan directamente a las finanzas de las EPS y a los usuarios, la Corte Constitucional dio un plazo de 45 días calendario al Ministerio de Salud para que cancele efectivamente los valores pendientes por concepto de reajustes a los presupuestos máximos reconocidos para la vigencia del año 2021.
En este mismo plazo, el Ministerio debe presentar un cronograma en el que establezca las acciones necesarias para reconocer y pagar los valores pendientes por concepto de reajustes a los techos de la vigencia 2022 y donde no podrá exceder el término de 6 meses para su culminación.
Además, se tendrá que crear una metodología unificada de definición y reajuste de los Presupuestos Máximos y reajustes, que observe los parámetros fijados en el auto.
