María Alejandra Benavides es asesora en el Ministerio de Hacienda y su nombre ahora hace parte del expediente que trata de desenredar el entramado de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD). La mujer fue mencionada por Olmedo López como aparente enlace entre la cartera y la Unidad.
Hasta ahora está probado que el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, firmó dos resoluciones que terminaron adicionando hasta 1,4 billones de pesos al presupuesto de la UNGRD. Una de las inyecciones presupuestales ocurrió un mes antes de las elecciones regionales (septiembre de 2023) y la otra se firmó en diciembre del año pasado.
El protagonismo de Benavides en el aparente entramado de corrupción ocurre porque el ministro Bonilla le habría ordenado hacer seguimiento y verificación a unos contratos que –ha insistido Olmedo– iban a ser direccionados para la compra de congresistas que, a cambio, votarían afirmativo a los proyectos de interés del Gobierno en el Legislativo.
Aunque la adición presupuestal fue de 1.4 billones, el aparente interés del ministro Bonilla se centró en 92.000 millones de pesos que se iban a distribuir en tres contratos. En teoría, esa plata iba a invertirse en obras para la contención y prevención de inundaciones y la mitigación de la erosión por lluvias.
