Se conocen las primeras decisiones luego de las declaraciones del exdirector de la Unidad para la Gestión del Riesgo (Ungrd), Olmedo López, ante los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Se trata de una de las determinaciones más importantes hasta ahora en todo el proceso que busca llegar al fondo del entramado corrupto que saqueó miles de millones del erario público.
Este jueves, apenas dos días después de las explosivas revelaciones de López, se conoció que la Fiscalía General abrió un proceso de investigación a varios funcionarios y exfuncionarios de alto nivel del Gobierno de Gustavo Petro.
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Se trata del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, el director Nacional de Inteligencia, Carlos Ramón González, el exministro del Interior Luis Fernando Velasco, y la exconsejera para las Regiones Sandra Ortiz, quienes deberán responder ante el ente acusador por sus presuntas actuaciones ilegales.
En la declaración, revelada por Noticias Caracol, el exdirector de la Ungrd, entregó detalles que eran desconocidos sobre la operación del esquema de corrupción y cómo la orden, supuestamente, salía directamente del despacho del ministro de Hacienda.
Dijo que durante su año como director de la UNGRD recibió instrucciones directas del ministro de Hacienda para direccionar millonarios contratos. Según su testimonio, el objetivo era asegurar el apoyo en el Congreso para los proyectos de ley o temas de interés del Ministerio de Hacienda, beneficiando exclusivamente a congresistas y no a ciudadanos.
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El lío del ministro no es menor; apenas el miércoles se conocieron además los chats que entregó a la Fiscalía Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Ungrd, otro de los llamados testigos estrella. Allí, Pinilla demuestra que sostuvo una conversación, entre diciembre de 2023 y febrero de 2024, con el ministro, su asesora y con el asesor del Departamento Administrativo de la Presidencia, Jaime Ramírez Cobo.
Las conversaciones, reveladas por Noticias Caracol, giraban en torno a tres contratos que sumaban $92.000 millones, destinados, presuntamente, para asegurar votos en el Congreso para proyectos del interés del Ministerio de Hacienda.
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En cuanto a los otros funcionarios vinculados a la investigación, todos han sido mencionados en alguna ocasión por Olmedo López y Sneyder Pinilla. Los exdirectivos afirman que conocían de la empresa criminal que se robaba la plata del Estado amañado contratos. A su vez, los mencionados, desde que estalló el escándalo, han desvirtuado las revelaciones de López y Pinilla, apelando siempre a su inocencia y a la verdad de las cosas.
