Justo a días de cumplir la primera mitad de su mandato y pasada apenas una semana de la instalación de sesiones del Congreso, el presidente Gustavo Petro sigue enfrentando los coletazos del escándalo de presunta corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) que, sin duda, tendrán repercusiones en su ambiciosa agenda legislativa.
Además de promover una eventual Asamblea Constituyente y sacar adelante un mecanismo de fast track (vía rápida) para acelerar la implementación del Acuerdo de Paz, el jefe de Estado arranca este tercer año de sesiones parlamentarias con el reto de impulsar varias de sus reformas sociales, entre ellas, salud, educación, laboral o justicia.
Sin embargo, el escándalo mayúsculo alrededor de presuntas coimas y sobornos con recursos para enfrentar desastres sigue poniendo en vilo su intentona reformista. El pasado viernes tuvo que renunciar a su cargo el exdirector de Inteligencia Nacional, Carlos Ramón González, señalado de haber sido quien dio la orden para entregar los sobornos a Iván Name y Andrés Calle, expresidentes del Congreso, por más de $4.000 millones.
Lo cierto hoy es que, tras la elección de las mesas directivas, la agenda legislativa arranca en firme esta semana y aún no hay mayores detalles ni pormenores de los proyectos del Ejecutivo. La incertidumbre por cómo serán las iniciativas choca con un factor que otrora afectó los intereses del Gobierno: el tiempo.
“Normalmente, durante el tercer año de legislatura, ningún gobierno tiende a ser especialmente fuerte. De hecho, se ven bastante disminuidos. Si el Gobierno Petro tiene en este sentido mucha ambición legislativa, naturalmente todos estos escándalos lo van a afectar. Hay que ver si efectivamente le van a apostar nuevamente a la reforma a la salud o a la reforma educativa. No se ve tan claro y todo dependerá fundamentalmente de la ambición”, manifestó en diálogo con este diario el profesor Juan Pablo Milanese, del programa de Ciencia Política de la Universidad ICESI.
Además, a la luz del escándalo en la UNGRD y sus cada vez más alarmantes dimensiones, la oposición sigue sumando gasolina en su tesis de que las reformas son ilegítimas y no deben ser tramitadas por falta de legalidad. Para el representante Hernán Cadavid, del Centro Democrático, el Gobierno y sus los sectores petristas “carecen de cualquier posibilidad real” para avanzar en una discusión nacional de reformas. “La legitimidad del Gobierno para avanzar en reformas dentro del Congreso es nula. Cualquier activación de bancadas y sectores políticos está revestida de sospecha. No hay respuestas precisas por parte del Gobierno Nacional y de sectores del Congreso que han terminado manchados en estos señalamientos”, explicó Cadavid a EL COLOMBIANO.
Por si fuera poco, desde ya se vislumbra un fuego amigo al interior del Ejecutivo que dificulta todavía más el trámite de los proyectos. Recién el pasado miércoles, la senadora Isabel Zuleta, del Pacto Histórico y quien insiste en promover un proyecto de reelección presidencial, la emprendió contra el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, a quien le reclamó por su agenda en el Congreso.
“Su agenda no es una nuestra agenda. No intente confundir a la ciudadanía, nosotros no nos dejamos confundir, la agenda de Gobierno es una y su agenda personal es otra”, alegó la congresista, quien le reprochó a Cristo por su agenda alrededor del Acuerdo de Paz o la autonomía territorial, dejando de lado otros proyectos como la propia reelección o la Constituyente.
“¡Vaya forma de empezar la construcción de un “acuerdo nacional” cuando el ministro del Interior es incapaz de concertar con su bancada!”, sostuvo a su turno el representante de oposición, Andrés Forero, del Centro Democrático.
Para el profesor Milanese, ante este difícil panorama y con miras a recuperar gobernabilidad, Petro no tiene de otra que ceder y negociar en búsqueda —ahora sí— de su acuerdo nacional. “Hasta ahora, Petro no se mostró especialmente dispuesto a muchos procesos de negociación, particularmente en algunos proyectos como el de la reforma a la salud. En este último período que le queda, cuando se vuelve más vulnerable, el Gobierno tiene la necesidad de negociar. Esa es la forma en la que puede tener un escenario de gobernabilidad razonable”.
El propio ministro Cristo reconoció en una entrevista con El Tiempo que “sería ingenuo pensar que todo esto de la UNGRD no va a afectar al Gobierno. Hay que hablar con las bancadas. Nosotros ya tenemos un plan con la agenda legislativa y el acuerdo nacional y el plan sigue su marcha. Obviamente con estos episodios, los partidos tomarán sus decisiones”.
Por todo esto, para el también profesor y analista política Jorge Iván Cuervo es clave que Cristo ponga en marcha desde ahora una estrategia de disuasión y negociación con los directores de los partidos para que trate de marginar el escándalo y lo circunscriba a hechos del pasado por parte de funcionarios que ya no están en el gabinete.
“A Cristo le fue bien en la forma como quedaron conformadas las mesas directivas de las distintas comisiones del Congreso, la gran mayoría cercanas al Gobierno. Eso va a facilitar que los proyectos estén de primeros en el orden del día y a Cristo le va a tocar hacer una estrategia de disuasión y negociación para hablar con los directores de los partidos y decir que lo que pasó hace parte del pasado”, señaló Cuervo.
No obstante, desde la oposición, el representante Cadavid aseguró que la única posibilidad de que Petro tenga algún grado de margen en el Congreso es una remoción de los ministros implicados, entre ellos, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla: “El Gobierno Nacional ha optado por otra actitud y es la de no reconocer errores. Hay un diseño institucional para comprar al Congreso y si el Gobierno no reconoce esa condición difícilmente podrá tener posibilidad de recuperar margen de maniobra”.
La legislatura apenas comienza y las miradas están puestas en el ministro Cristo y en la forma como el propio presidente enfrente los coletazos del escándalo. Al Gobierno solo le queda este año parlamentario para sacar adelante sus reformas, pues en 2025 los congresistas —sin distingo de partido—, entrarán en modo elecciones y, además de tomar distancia de un gobierno impopular, también arreciarán en sus críticas para hacerse a réditos políticos. ¿Podrá el Ejecutivo tramitar su ambiciosa reforma legislativa?
Se consolida bloque interpartidista
En medio del escándalo y proyectando desde ya las elecciones de 2026, los partidos Liberal, Conservador y La U anunciaron que trabajarán en un acuerdo programático para tener candidato único y poder enfrentar al petrismo. La propuesta la lanzó el expresidente César Gaviria, jefe de los liberales, y ya tuvo acogida en La U. “Hay que hacer una coalición de centro para 2026 y no es prematura. Vemos que el país necesita lanzar unas propuestas. Vemos que esta alianza que se forma va con ese propósito: buscar precandidatos para la consulta y la U estaría jugando en esa coalición de centro”, manifestó el exregistrador Alexander Vega, hoy codirector de la colectividad. El bloque que se comienza a gestar en contra del Gobierno Petro no es de poca monta. Juntos —La U, conservadores y liberales—, representan uno de cada tres votos en Senado y dos de cada cinco en Cámara.
