Después del acceso a la salud, la corrupción es la preocupación que más agobia a los colombianos. Casi una de cada cinco personas (el 18 %) considera este flagelo una intranquilidad de primer orden, según la más reciente encuesta de Guarumo y Analítica. Y si bien se creía que la lucha contra la corrupción sería uno de los bastiones del presidente Gustavo Petro –que hoy completa la primera mitad de su mandato–, sigue siendo una materia pendiente para el primer gobierno de izquierda.
Los coletazos del escándalo en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) evidencian con creces las dimensiones de la corrupción en el “Gobierno del Cambio”. Funcionarios del más alto calibre –como ministros y consejeros presidenciales–, congresistas o contratistas están hoy salpicados por un desfalco que, según el exdirector Olmedo López, superó los $380.000 millones.
De hecho, otra medición –Colombia Opina de Invamer– evidencia que durante los primeros dos años del Gobierno Petro, el 33,2 % (uno de cada tres) considera que hay más corrupción y 45,7 % reclama que sigue igual que siempre. Solo el 19,2 % considera que hay menos corrupción.
No se trata de un asunto de mera percepción. Un estudio elaborado por la organización Transparencia por Colombia y conocido por EL COLOMBIANO advierte que la lucha contra la corrupción que pregonó Petro en campaña se habría quedado en “una promesa que parece defraudada”. Según el informe, en dos años de gobierno se han emprendido 57 acciones para luchar frontalmente contra este flagelo.
No obstante, de estas apenas se han culminado 16 acciones y 33 están en progreso. Además, en una calificación sobre dos, la sostenibilidad de las iniciativas recibió un 1,21; la eficiencia 1,28, y una pertinencia de 1,57. Es decir, un balance agridulce.
En este contexto, el informe indica además que, contrario a una actitud de cambio y prevención, Petro ha asumido una actitud reactiva, cargada de estigmatizaciones contra organizaciones sociales y medios de comunicación críticos de su gestión. “Lo anterior desdibuja fuertemente los esfuerzos que se han realizado hasta el momento y contribuye a aumentar el pesimismo de la ciudadanía frente a la situación de corrupción en el país”, señala el estudio.
Para Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia, es necesario que el primer mandatario asuma el liderazgo de la lucha contra la anticorrupción. Eso sí, desde una perspectiva ética y coherente en la que prevalezca el respeto de las investigaciones que rodean al Gobierno y respetando las voces críticas. A ello se suma mayor atención, apertura y rendición de cuentas en la gestión de los recursos públicos.
“La promesa de enfrentar las redes enquistadas de corrupción se encuentra defraudada por la gravedad de los escándalos que enfrenta el Gobierno. El perdón que el presidente Petro pidió por el escándalo de la UNGRD corre el riesgo de caer en el vacío por no contar con una estrategia clara, coordinada y que llegue a resultados concretos. De fondo, está en juego la credibilidad de la ciudadanía, cuyo pesimismo está aumentando de manera dramática”, explicó Hernández.
UNGRD, el caso más grave
Sin duda, el caso de mayor corrupción que sigue empantanando al gobierno de Gustavo Petro es lo ocurrido en la UNGRD. Lo que comenzó como una revelación sobre presuntas irregularidades en la compra de 40 carrotanques para La Guajira, puso al descubierto una sofisticada trama de corrupción. Hoy por hoy el escándalo va en que, con dineros aruñados de la corrupción, se habrían pagado coimas por $4.000 millones a los expresidentes del Senado, Iván Name, y de Cámara, Andrés Calle, para tramitar las reformas del Ejecutivo.
En medio, están salpicados además escuderos del Ejecutivo como el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco; el exdirector del DAPRE (Departamento Administrativo de la Presidencia) y de Inteligencia, Carlos Ramón González; la exconsejera para las Regiones, Sandra Ortiz, y al menos ocho congresistas implicados en presuntos trámites para aprobar millonarias adiciones presupuestales para Gestión del Riesgo.
Sin embargo, no es el único caso que afecta al Gobierno. Petro también es investigado por presuntas irregularidades en su campaña por supuesta violación de topes electorales y hasta ingreso de recursos non sanctos.
Lo anterior, luego de que Nicolás Petro, hijo del mandatario, resultara señalado de haber recibido dineros para la campaña de su padre de manos del exnarcotraficante Samuel Santander Lopessierra o el controvertido empresario Alfonso “El Turco” Hilsaca.
A ello se suman viajes en un avión que habría sido pagado con dineros de DailyCop, una empresa de criptomonedas acusada de estafas y los señalamientos de que a la campaña habrían ingresado $15.000 millones por debajo de cuerda, según se reveló en audios del hoy embajador Armando Benedetti.
