De las 114.703 solicitudes de medidas de protección radicadas por personas y comunidades ante la Unidad Nacional de Protección (UNP) entre los años 2019 y 2022, solo 39.299 casos fueron objeto de evaluación y, de estos, se asignaron medidas a 10.459. Así quedó evidenciado en un estudio sectorial realizado por la Contraloría Delegada para el Sector Defensa y Seguridad, lo que concluye que únicamente se otorgaron medidas a 9,1% de las solicitudes y a 26,6% de las evaluadas.
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De acuerdo con la información analizada por la Contraloría, de las 114.703 solicitudes de protección, radicadas ante la UNP en esos años, solamente 24.373 (21,2%) iniciaron el procedimiento para la asignación de medidas. Esto, según la entidad, esto se debe a que la mayoría de las solicitudes no cumplen con los requisitos exigidos como la acreditación de pertenencia a uno de los grupos poblacionales que pueden ser beneficiarios de protección individual o colectiva.
“Algunas solicitudes no corresponden a las competencias de la UNP y son trasladadas a otras instituciones, como la Policía Nacional; o también se presentan casos donde el solicitante no autoriza la realización de la evaluación de riesgo”, explican.
Lo que cuestan las medidas de protección
El estudio sectorial de la Contraloría también determinó que el costo de las medidas de protección implementadas por la UNP entre 2021 y 2022, ascendió a 1,9 billones de pesos, lo que representa un 63,5% del presupuesto ejecutado por la entidad durante este periodo. Detallaron que la mayoría de los gastos se dieron por el pago a personal de escoltas (1,08 billones) y alquiler de vehículos (644.653 millones), mientras que para los apoyos de transporte y reubicación de protegidos se destinaron 29.258 millones.
Balance en 2022
En cuanto a 2022, el informe señala que 8.014 personas fueron beneficiarias de medidas de protección. “Entre ellas sobresalen las comunidades indígenas y afrocolombianas, al ser las dos poblaciones con mayor número de beneficiarios, con 1.591”, detalló la entidad.
A las comunidades indígenas y afrocolombianas le siguen 1.220 defensores de derechos humanos y líderes sociales, 473 desmovilizados en proceso de reintegración a la vida civil, 324 alcaldes y 298 senadores y representantes a la Cámara.
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El estudio también señala que existen “grandes diferencias en la configuración de las medidas de protección para los principales grupos poblacionales, las cuales se reflejan en los costos anuales”, y esto lo explican que mientras a un congresista le destinaron en promedio $374 millones anuales entre 2021 y 2022, para proteger a un defensor o líder social se emplearon $124,5 millones por año. Y en el caso de las comunidades indígenas y afrocolombianas, dicha cifra alcanzó un costo de 103,4 millones anuales.
“Los altos funcionarios del Estado (congresistas, magistrados, ministros, etc.) tienen las medidas de mayor importancia, entre ellas vehículos blindados y escoltas, conocidas como medidas duras. Mientras que los grupos cuya protección depende de la valoración del riesgo realizada por la UNP –como defensores, líderes sociales y comunidades étnicas–, cuentan, en la mayoría de los casos, con medidas blandas que primordialmente incluyen equipos de comunicación y chalecos antibalas”, agregó la Contraloría.
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El estudio evidenció, así mismo, algunos grupos poblacionales con una alta proporción de casos con riesgo extraordinario y extremo sobre su vida e integridad, entre ellos: testigos de violaciones a los derechos humanos (96,9% de las valoraciones efectuadas a esta población), antiguos integrantes de la Unión Patriótica (92,3%), desmovilizados en proceso de reintegración (83,6%), y profesionales que intervienen en procesos judiciales relacionados con violaciones a los derechos humanos (82,4%). Todos ellos, por el nivel de riesgo, requieren mayor seguridad.
Así mismo, a nivel territorial, se estableció los departamentos que poseen una alta proporción de casos con riesgo extraordinario y extremo, entre los que sobresalen: Arauca con 84,4% de las valoraciones realizadas en ese departamento, Guaviare (82,9%), Nariño (79,4%), Chocó (78,9%) y Cauca (76,4%). “Estas zonas registran los mayores niveles de amenaza, y allí continúan graves hechos de violencia por parte de los grupos armados ilegales y la delincuencia común”, se lee en el informe.
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El estudio concluye que la Información reportada por el Ministerio del Interior y la UNP, muestra el cumplimiento de acciones establecidas en normas y planes. Sin embargo, “al contrastar las mismas, con las cifras sobre violencia contra los defensores y líderes sociales, es claro que las acciones de estas entidades no mejoraron los niveles de seguridad de dicha población”.
“Los resultados de la evaluación cuestionan la validez del diseño institucional definido en la norma, el cual requiere simplicidad, especialización y claridad en las responsabilidades de las entidades, así como un enfoque orientado a resultados”, añadieron.
