La Contraloría General de la República anunció que abrió un proceso de responsabilidad fiscal por $559.853 millones por el presunto “manejo irregular de los recursos públicos del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura (FFIE)”.
De acuerdo con el organismo de control, en este proceso fueron vinculados 65 presuntos responsables fiscales, incluyendo a las exministras de Educación del gobierno de Juan Manuel Santos, Gina Parody y Yaneth Giha. Entre otros nombres, también aparece el del vicerrector de la Universidad de Los Andes, Eduardo Behrentz, y la codirectora del Banco de la República, Carolina Soto Losada.
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De acuerdo con el reporte de la Contraloría, con el presunto detrimento patrimonial podrían financiarse por lo menos 123 colegios de 24 aulas, es decir, cada colegio costaría $4.502 millones.
Además, cada sede podría contar con biblioteca, laboratorio de física y química, laboratorios de multimedia y bilingüismo, escenarios para presentaciones artísticas y zonas deportivas, que equivalen a un total de 2.952 aulas de clase nuevas, para atender 118.080 estudiantes, explicó la Contraloría, con el objetivo de dimensionar el presunto detrimento.
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De acuerdo con la Contraloría, con el proceso de responsabilidad fiscal, se podrá determinar “quiénes deberán resarcir el daño patrimonial provocado, tomando la versión de funcionarios públicos y contratistas vinculados, para determinar qué sucedió y el monto definitivo del detrimento”.
El organismos también explicó que de los 541 proyectos priorizados por el FFIE, 311 son objeto de investigación dentro de este proceso de responsabilidad fiscal y los 230 restantes que se encuentran en una fase muy inicial hacen parte de la estrategia de seguimiento “Compromiso Colombia”, que adelanta la Contraloría.
