Desde una cárcel de Portugal, el contrabandista Diego Marín Buitrago alias Papá Pitufo está dispuesto a lo que sea para que no lo extraditen a Colombia. El ‘zar del contrabando’ dispuso todo el dinero posible para que sus abogados en nuestro país y en Europa hagan lo necesario a nivel jurídico. Los defensores son reconocidos penalistas como el exfiscal general Mario Iguarán, al exviceministro de Justicia Camilo Rojas –del Gobierno Duque– y el penalista John Villamil. En España y Portugal, el apoderado es Gonzalo Boye, un polémico abogado cercano al catalán Xavier Vendrell, asesor y amigo personal del presidente Gustavo Petro.
EL COLOMBIANO reveló en primicia que a principios de marzo, Boye se reunió con “Pitufo” y acordaron trazar una estrategia para presentar los recursos y apelaciones necesarias ante el Supremo Tribunal de Justicia en Portugal, que incluía una petición de asilo pues el contrabandista tiene también nacionalidad española.
Pero este viernes, El Tribunal de Apelación de Oporto (Portugal) dio luz verde para la extradición de Marín, rechazando, entre otros, el argumento de una supuesta “persecución política” que alegaba la defensa. “La entrega del extraditando deberá realizarse de acuerdo con lo establecido en los artículos 60.º y 61.º de la Ley de Cooperación Judicial Internacional en Materia Penal”, dice un comunicado de ese tribunal. Sin embargo, “la presente decisión final no podrá ser ejecutada sin una decisión definitiva sobre el pedido de protección solicitado por el extraditado junto a la Aima (agencia de asilo y migración de ese país)”, es decir, no se hará la extradición de forma inmediata debido a la solicitud de asilo.
¿”Persecución política” de Petro?
Además, la defensa señaló que por tener la nacionalidad española, según ellos, Portugal estaría infringiendo normas de la Comunidad Europea si es enviado a Colombia. También advierten un supuesto plan para asesinar al contrabandista que “está siendo perseguido políticamente” por el presidente Petro, según un documento revelado por El Tiempo.
“Debido a su actividad económica en Colombia, las autoridades colombianas, especialmente la Policía Nacional –Dirección de Policía Fiscal y Aduanera– al no participar en los esquemas creados por ellas, comenzaron a perseguirlo y pretender destruir su negocio, iniciándose en su contra desde 1993 varios procesos penales, los cuales siempre fueron archivados”, dice el documento.
Esto, sin embargo, resulta contraevidente según la cantidad de testimonios y pruebas que demuestran el poder del “Papá Pitufo” en las esferas del poder político, judicial y policial. Por ejemplo, en diálogo con EL COLOMBIANO, el general Juan Carlos Buitrago, exdirector de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) dijo que Marín Buitrago “pretendía comprar a los directores de la POLFA con un pago mensual de 300 millones de pesos y los directores de la DIAN de las seccionales de Cartagena, Bogotá, Cali y Buenaventura con pagos de 50 millones mensuales”. Buitrago aseguró sin ambages que a él lo sacaron de la institución por perseguir al capo del contrabando en Colombia.
Como respuesta a la supuesta “persecución política” contra “Pitufo”, el presidente Petro dijo: “La excusa de que persigo a Diego Marín es su estrategia para evadir la extradición a Colombia. El presidente no lo persigue, Diego Marín, es la justicia y sus crímenes quien lo persigue”.
Este diario accedió a la totalidad del documento del Tribunal que señala: “Lo que no se puede deducir (...) es que exista persecución alguna contra el extraditado por sus convicciones políticas o ideológicas de modo que, según afirma, su vida y la de su familia corren riesgo si regresa a su país de origen, y mucho menos que sea ‘ejecutado’, dado que el supuesto ofrecimiento de recompensa a los ‘líderes’ del contrabando ocurrió hace varios años”.
¿Podrían frenar la extradición?
Pero los abogados de “Pitufo” no se detendrán ante esa negativa. La estrategia está centrada en tumbar la medida de aseguramiento y la contumacia –situación en la que una de las partes de un juicio no comparece a una audiencia o diligencia judicial sin justificación– lo que conduciría a eliminar la solicitud de extradición del Gobierno de Colombia. El argumento de la defensa es que los delitos de concierto para delinquir con fines de contrabando y cohecho por dar u ofrecer en coautoría impropia que se imputaron se sustentan en sobornos por tan solo 13 millones de pesos.
Pero la propia fiscal general, Luz Adriana Camargo, ha señalado que no es así y que también se le investiga por sobornos millonarios en puertos del Pacífico junto a bandas criminales.
El presidente Petro ha insistido en la necesidad de que “Pitufo” regrese al país para delatar el entramado de corrupción que le atribuyen en instituciones como la Policía, la Dian y la Fiscalía.
“Me temo que la bancada ‘pitifuna’ es más grande y es muy uribista. Ya viene Pitufo extraditado. La lista famosa de Reyes de congresistas pidiendo impuestos en la DIAN se hizo en el gobierno pasado, no dudo que algunos en este gobierno. Así que vamos a tener una ‘superbancada pitufina’ muy interesante”, señaló el mandatario sin mencionar que en la lista a la que hace referencia del exministro Reyes aparecen en su mayoría congresistas y funcionarios de este Gobierno como el ministro del Interior, Armando Benedetti y el embajador de Reino Unido en Colombia, Roy Barreras.
Por lo pronto, para el 11 de abril quedó reprogramada la audiencia en la que los abogados de “Papá Pitufo” presentarán sus argumentos para frenar la extradición de su polémico cliente.
