Más de 26 millones de afiliados al sistema de salud administra ahora el Gobierno Nacional tras la intervención de Sanitas y Nueva EPS. Lo que el presidente Gustavo Petro no pudo hacer a través de la reforma a la salud, que se hundió en la Comisión VII del Senado, lo está haciendo con la toma masiva de las entidades promotoras de salud más grandes del país. De hecho, EL COLOMBIANO conoció, con fuentes del alto nivel en el Gobierno, que este escenario podría desencadenar en la intervención total de las EPS.
El presidente Gustavo Petro ha defendido sus decisiones a través de la red social X: “En las EPS intervenidas habrá no solo un interventor sino una junta asesora configurada por representantes de las clínicas, hospitales y proveedores a los que debe dinero la EPS y representantes de los pacientes. (...) Todo(a)s (sic) los pacientes continúan con sus tratamientos y la atención continúa sin problemas. Todas las EPS que cumplan los requisitos para mantenerse como aseguradores continuarán como hasta el día de hoy. El gobierno asume su función constitucional de reordenador del sistema de salud”.
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Además, el mandatario ha enfatizado que busca evitar “una quiebra generalizada y la liquidación abrupta en el sistema de salud propiciada por la actitud de algunos congresistas que recibieron pagos de una EPS en sus campañas, precisamente de la que peor balance tiene en sus estados financieros”.
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Luis Carlos Leal, superintendente de Salud y exconcejal de Bogotá del Partido Alianza Verde, intervino en la tarde de este miércoles a la Nueva EPS, que cuenta con 10 millones de afiliados. Este proceso ocurre en menos de 24 horas después de la toma forzosa que ejecutó el Gobierno sobre la EPS Sanitas con alrededor de 6 millones de afiliados (entre el régimen subsidiado y contributivo). Virtualmente, el Gobierno ya tenía control sobre la Nueva EPS al imponer a Aldo Cadena como presidente de la entidad, después de haber expulsado a José Fernando Cardona, que llevaba 14 años al frente. Pero la decisión de la intervención se anticipó, según lo supo EL COLOMBIANO, porque la junta directiva de la Nueva EPS no le permitía a Cadena tomar decisiones.
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En el caso de Sanitas, los argumentos de la Superintendencia se han basado en “múltiples razones analizadas al interior del comité de medidas (...) La EPS no cumplía con los requerimientos de habilitación financiera, principalmente frente al patrimonio adecuado y a las reservas técnicas de las que tanto se ha hablado. Además, es la EPS que ha liderado un gran número de PQRS que han venido aumentando (...) las deudas que tenía esta EPS con todos los prestadores de servicios de salud venían incrementando, y para diciembre del año pasado cerraron por 2 billones de pesos”, explicó Leal.
El Ejecutivo ha respaldado sus intervenciones en un informe de la Contraloría que expone el estado financiero de las entidades promotoras de salud. Según el organismo de control, con corte a octubre del año pasado, 26 EPS acumulan una deuda total de 25 billones de pesos. De ese monto, 11,3 billones corresponden a deudas con las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS). Diversas organizaciones y expertos, como Acemi, el gremio que agrupa a las EPS, ha expresado su inconformidad con el estudio señalando que hay una diferencia entre las cifras oficiales presentadas hace pocos meses por la Superintendencia de Salud y las que muestra el informe de la Contraloría.
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De hecho, el representante a la Cámara del Centro Democrático, Andrés Forero, denunció que la Supersalud habría utilizado indicadores de la Nueva EPS para intervenir a Sanitas. La resolución concluye que “en el marco de la auditoría realizada para verificación de la Resolución 497 de 2021, Nueva EPS cumplió con el 57.6 % de los estándares de habilitación y permanencia y registró (sic) 17 hallazgos”. ¿Error de tipeo? Este diario consultó a la Supersalud sobre este elemento y no ha obtenido respuesta.
En la tarde de ayer, el representante legal de la EPS Sanitas, Juan Pablo Curra Tavera, le envió una carta a la procuradora general, Margarita Cabello, solicitando una reunión urgente para explicarle “la actuación del ente de control, la cual ha sido desproporcionada, discriminatoria, arbitraria y sugiere una posible expropiación”, dice el documento.
¿Se caerían resoluciones?
Expertos aseguran que en caso de haber fallas en los procedimientos o en las resoluciones de la Superintendencia de Salud, estas medidas podrían ser demandadas ante tribunales administrativos. Pero el otro camino es que la Procuraduría evidencie irregularidades disciplinarias por parte del superintendente Luis Carlos Leal y lo suspenda del cargo mientras avanza el proceso.
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Al respecto, EL COLOMBIANO consultó al abogado Aníbal Rodríguez, experto en asuntos de salud, quien asegura que “los procesos judiciales son lentos, pero habría bastantes elementos en este caso teniendo en cuenta los actos recientes de la Corte Constitucional a finales del año pasado que ponen en evidencia el ahogamiento en las EPS por parte del Gobierno. (...) En la medida en que se demuestre y se afecte el acceso a los usuarios del sistema de salud, porque la intervención no lo garantiza, se podría dictar medidas cautelares que ordenan suspender la intervención”.
La evidencia dice que las intervenciones a las EPS no han salido bien en el pasado, como lo ha evidenciado la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi). Su presidenta ejecutiva, Ana María Vesga dice: “Los trabajadores de la salud y sus familias, así como los usuarios afectados, asumen la incertidumbre y el riesgo de estos procesos que no tienen ningún antecedente exitoso en mejora de indicadores y desempeño en general. El impacto sobre prestadores y proveedores ahonda la crisis y deteriora rápidamente los niveles de atención a la población afiliada”.
El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, respondió que el Gobierno no va a dejar que eso suceda. “Mandamos un mensaje muy claro a todos los empleados de Sanitas: pueden estar totalmente tranquilos. Sus puestos van a estar preservados, se les va a responder adecuadamente tantos los pacientes como a los empleados”, dijo a W Radio.
Pero el abogado Aníbal Rodríguez recuerda el episodio de Saludcoop: “Lo más grave es qué va a ocurrir con los usuarios y los recursos. La EPS más grande que tuvo Colombia fue Saludcoop. En el momento de la intervención tenía deudas por cerca de 360.000 millones de pesos y a su vez tenía activos en el Fosyga por 470.000 millones de pesos. Relativamente era sencillo solucionar el problema. Pero los políticos que llegaron se robaron la EPS durante la intervención (...) Con esto que pasa en Sanitas y Nueva EPS no van a solucionar ningún problema del sistema de salud, van a hacerse al control de los recursos para financiar favores políticos y mermeladas. Eso es lo que hacen a través de intervenciones y luego terminan quebradas como Saludcoop y otras tantas”.
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Este miércoles, el superintendente Leal y el ministro Jaramillo volvieron a referirse a las intervenciones a las EPS en una rueda de prensa: “Aquí no son 14 EPS liquidadas, como el trofeo del Dr. Duque. ¿Y qué pasó? Que entraron, liquidaron y no pagaron. A nosotros nos preocupa que una EPS entre en dificultades, por eso las hemos intervenido. Sí hemos pedido una auditoría forense, yo la he pedido. Necesitamos levantar el velo corporativo”, enfatizó Jaramillo.
¿Y los pacientes?
El Gobierno ha insistido que con las intervenciones a Sanitas y Nueva EPS los pacientes seguirán recibiendo sus tratamientos y servicios. Pero la Asociación de Pacientes de Colombia, en cabeza de Denis Silva, expresa su preocupación e incertidumbre.
“Lo que va pasar es que la red empezará a contener la prestación de los servicios pensando en que la cartera se va a incrementar. Si la red contiene la prestación de los servicios, eso se le transfiere al ciudadano, y eso es lo que nosotros técnicamente llamamos incremento de barrera. Entonces los usuarios van a tener más barreras para acceder a las citas médicas, a laboratorio, a hospitalización, a aquellos que lo requieran, y al suministro de los medicamentos. Y la Superintendencia Nacional de Salud se va a encargar de contar las PQR, pero no a resolverlas”, afirmó Silva.
Sobre la migración de afiliados a otras EPS, dice el vocero que el escenario tampoco es positivo. Advierte que es probable que otras EPS sean intervenidas. “Los usuarios ahora deben pensar claramente a qué EPS van a migrar, porque el Gobierno va por Sura y después va por Compensar. Pero el usuario que tiene carga de enfermedad, la norma dice que para poderse trasladar tiene que haber terminado su tratamiento y dejar pasar dos años más. Entonces, la situación no es nada fácil para aquellos colombianos que ya viven con una carga de enfermedad”, sostuvo.
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Una posición similar es la de Andrés Vecino, médico, profesor e investigador en salud pública de la Universidad Johns Hopkins. Vecino abrió el debate sobre la afectación a los pacientes y lo que podría pasar en los hospitales que se negarían a prestar los servicios. “Con la intervención de Sanitas viene la fuga de afiliados sanos que contribuyen solidariamente con su UPC al manejo de los enfermos. Los hospitales empezarán a negar servicios. ¿Quiénes terminan afectados? Los afiliados enfermos que no pueden trasladarse”, dijo. En Colombia, son más de 16 millones de colombianos que viven con enfermedades crónicas y de alto costo.
Reforma a la salud hundida
Todo este panorama se produjo justo en los días en que la reforma a la salud del Gobierno Petro se debatía entre la vida y la muerte en el Congreso. Este miércoles por la tarde no cabía un alma en la Comisión VII del Senado, donde se votó la ponencia de archivo al proyecto bandera del Ejecutivo. Como se esperaba, los ocho senadores que firmaron la ponencia de archivo se mantuvieron en el apoyo a que se hundiera y sumaron el voto de Ana Paola Agudelo (Partido Mira), quien había anunciado esa posición. En el transcurso de la discusión, se pusieron a consideración y se votaron nueve impedimentos que presentaron ese número de senadores, quienes manifestaron conflictos de intereses por sus conexiones con actores del sector salud. Todos fueron negados.
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Este escenario se veía venir desde el pasado 12 de marzo con la posición de los ocho senadores de esa Comisión que se opusieron: Lorena Ríos, del partido Colombia Justa Libres; Honorio Henríquez y Alirio Barrera, del Centro Democrático; los conservadores Nadia Biel Scaff y José Marín; el liberal Miguel Pinto; Berenice Bedoya, de la Alianza Social Indígena; así como Norma Hurtado, del Partido de la U.
Para tratar de salvar la reforma, el ministro Jaramillo acudió esta tarde a la Comisión Séptima en compañía del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Sin embargo, los senadores se mantuvieron en rechazar el articulado que pretendía cambiar de fondo el modelo actual de la Salud.
“Hoy, mañana, pasado mañana, nosotros estamos insistiendo que se necesita una reforma a la salud. Lo sabe el pueblo colombiano. (...) la crisis no la creamos nosotros, la crisis la crearon los gobiernos anteriores”, dijo Jaramillo tras la derrota en el Congreso.
El Gobierno trabajó en esta reforma desde el inicio de su mandato. Fue construida por la exministra de Salud, Carolina Corcho. Las diferencias a ese proyecto produjeron en su momento la salida del exministro de Educación Alejandro Gaviria –hoy opositor feroz a las decisiones del presidente Petro en materia de salud—, la exministra de Agricultura Cecilia López y el exministro de Hacienda José Antonio Ocampo.
Sin embargo, la derrota del hundimiento de la reforma no ha impedido que el presidente Petro impulse su modelo de salud a como dé lugar. Sanitas y Nueva EPS son las primeras de próximas intervenciones, según diversas fuentes.
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