El término confinamiento significa estar atrapados, sin salida, aislados, apartados, abandonados y quien lo padece puede llegar a experimentar miedo, ansiedad, terror, desazón, frustración e impotencia. Pues es esto lo que están viviendo más de 12 comunidades campesinas e indígenas en el municipio de Bojayá, Chocó.
No es solo en el Cauca, de manera generalizada el territorio nacional a traviesa por una crítica situación de orden público y recrudecimiento de la guerra. Es el caso advertido en las últimas horas por la Defensoría del Pueblo sobre el confinamiento en Bojayá, impuesto por paramilitares.
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“Son 3347 personas, de 830 familias, las confinadas; la mayoría de ellas pertenece al pueblo Embera. Así lo pudo establecer nuestro equipo de la Regional Chocó, la Personería Municipal, la Alcaldía de Bojayá y la Diócesis de Quibdó, en una misión de verificación hecha en el territorio”, afirmó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
De acuerdo con el organismo, las familias, que forman parte de las comunidades Río Uva, Nuevo Olivo, Villa Alta, Tawua, Salinas, Charco Gallo, Alto Río Bojayá, Chanú, Unión Chocó, Usaraga, Playa Blanca y Mojaudó, son presas en sus propios territorios debido a la instalación de minas antipersonal, reclutamiento de menores de edad, acoso sexual contra mujeres, amenazas a lideresas y líderes sociales y profesores.
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Así mismo, los indígenas son blanco de torturas por supuestamente pertenecer a diferentes grupos armados ilegales. Los responsables de estas acciones violentas serían miembros paramilitares miembros del Clan del Golfo.
“El control territorial y social ejercido por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, o AGC-Clan del Golfo, es cada vez mayor. Además, el grupo armado quiere imponer su hegemonía en las comunidades que habitan la zona a lo largo del río Atrato. Todo fue advertido en nuestra Alerta Temprana 016 del 2021”, añadió el Defensor.
Lo grave, según la entidad, es que las comunidades tampoco tienen la posibilidad de abandonar el territorio para preservar sus vidas. Los criminales lo impiden con la instalación de cuatro retenes ilegales, dos en Alto Río Bojayá y dos en Río Uva.
