Cuatro miembros de las disidencias de las Farc recibieron la ratificación de su condena por su participación en hechos violentos durante las manifestaciones sociales de 2019 y 2020. El grupo criminal se hacía llamar “Comandos Urbanos” y entre otras cosas, coordinaba las acciones violentas contra civiles y la fuerza pública durante las movilizaciones.
La decisión fue tomada por el Tribunal Superior de Bogotá este 28 de mayo. En el fallo de 93 páginas quedó en firme la condena contra Wilson Reinel Moreno, Justo Ernesto Villarraga, Érika Lorena Flórez y Greissy Alexandra Perilla.
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Fueron encontrados culpables de los delitos de concierto para delinquir, terrorismo, violencia contra servidor público, daño en bien ajeno y perturbación del transporte público. Moreno, Villarraga y Flórez deberán purgar una pena de 19 años en prisión, mientras que Perilla fue condenada a 10 años tras las rejas.
“Realizaron ataques que se tradujeron en vías de hecho, violencia contra la población, la Policía Nacional y las estructuras de servicios de transporte público colectivo u oficial. Lo anterior, con el fin de crear zozobra, terror y miedo en la ciudadanía”, se lee en el escrito de acusación que había presentado la Fiscalía.
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La investigación estuvo soportada en chats, interceptaciones telefónicas y fotografías. Durante la indagación se estableció que Wilson Reinel Moreno, alias “Martín Negro”, pertenecía al denominado Frente Segundo Manuel Marulanda Vélez de las disidencias de las FARC. Él era el encargado de comunicarse con Justo Ernesto Villarraga.
Justo Ernesto Villarraga, entonces, coordinaba con las otras dos condenadas las acciones violentas durante las manifestaciones sociales. Además, reclutaban y adoctrinaban a jóvenes universitarios para que se unieran al denominado “Colectivo Comando Urbano”.
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El Tribunal indicó que los daños que ocasionados durante esas manifestaciones sociales, solo en Transmilenio, quedaron avaluados en $ 2.800 millones de pesos.
Chats e interceptaciones telefónicas también dejaron en evidencia la operación de la red. Tenían grupos de WhatsApp donde hacían las convocatorias masivas y además, contaban con una escuela clandestina denominada “Resistencia Civil” que estaba ubicada a las afueras de Bogotá. La capacidad de operación también les permitía tener equipos técnicos de comunicación para el desarrollo de los desmanes durante las manifestaciones.
Los condenados, además de la pena en prisión, deberán pagar multas económicas. Podrán presentar recurso ante la última decisión del Tribunal.
