Por haber ofrecido bultos de cemento y tejas de zinc a cambios de votos, este jueves la Corte Suprema de Justicia condenó al actual representante a la Cámara, Carlos Alberto Cuenca.
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Según el alto tribunal, el congresista por Guainía habría hecho los ofrecimientos en marzo de 2014.
Por haber ofrecido bultos de cemento y tejas de zinc a cambios de votos, este jueves la Corte Suprema de Justicia condenó al actual representante a la Cámara, Carlos Alberto Cuenca.
El congresista, de Cambio Radical y quien llegó al Parlamento en representación del Guainía, fue condenado en primera instancia a más de siete años de cárcel. Según la Sala Especial de Primera Instancia, el congresista fue hallado responsable del delito de corrupción de sufragante, agravado en la modalidad de continuado.
Según la investigación del alto tribunal, los hechos están relacionados con una reunión realizada en marzo de 2014 durante la campaña electoral de ese año. En ese entonces, en una vivienda del barrio La Esperanza de Inírida, Cuenca les ofreció a los participantes “bultos de cemento y tejas de zinc, a cambio de que votaran por él”.
Además de habitantes de la población, durante el encuentro político participaron miembros de las comunidades indígenas. “Posterior a tal reunión, personas cercanas de la campaña del congresista entregaron a los votantes los elementos de construcción prometidos”, determinó la Corte.
La investigación indica que, dado su reconocimiento en la comunidad como congresista, Cuenca se aprovechó de las necesidades de los pobladores “estableciendo una coordinación con su equipo de campaña para facilitar la entrega de los bienes prometidos a cambio de su voto”.
De esta manera, según el alto tribunal, traicionó no solo la confianza depositada en él para ser reelegido nuevamente como representante a la Cámara, sino “soslayando los bastiones de los mecanismos de participación democrática en contra de la pureza y pulcritud que debe reinar en los comicios electorales”.
Por estos hechos, la Sala le impuso una penas de 92 meses más 1 día de prisión e inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas, así como una multa superior a los $838 millones. Sin embargo, la Corte le concedió la prisión domiciliaria.
“La sentencia puede ser objeto del recurso de apelación ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia”, agregó el alto tribunal.