Una sentencia de la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia convirtió este viernes a Luis Alfredo Ramos en el primer exgobernador de Antioquia en ser condenado por el escándalo de la parapolítica. En efecto, lo sentenció a siete años y once meses de cárcel por el delito de concierto para delinquir agravado por sus nexos con las extintas autodefensas.
La decisión de la Corte, además, lo obliga a pagar una multa cercana a los $7.040 millones y le dio una inhabilidad “intemporal o vitalicia” para ejercer cargos públicos.
En el fallo, con ponencia del magistrado Ariel Augusto Torres, la Corte anotó que Ramos recibió ayuda de paramilitares para ocupar una curul en el Senado entre 2002 y 2006. Y también para ser escogido gobernador de Antioquia, entre el 2008 y el 2011. Sin embargo, seguirá libre hasta que la sentencia –que su defensa apeló para segunda instancia ante la Sala Penal de la misma Corte– quede en firme.
Una reunión en la finca Bellanita, de Bello, a la que habrían asistido varios jefes paramilitares y reconocidos políticos, fue clave en la sentencia condenatoria de la Corte.
A la cita habrían acudido Ramos, tres excongresistas (Óscar Suárez Mira, Óscar Arboleda y Manuel Ramiro Velásquez), y al menos tres exjefes paramilitares, entre los cuales estaba Iván Roberto Duque Gaviria, alias “Ernesto Báez”.
Según la sentencia de la Corte, ‘Ernesto Báez’ le transmitió a Ramos y a los otros parlamentarios una petición del fundador de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Vicente Castaño: hacer que la Ley de Justicia y Paz se acomodara a los intereses de los paramilitares.
Entre otros hechos que se le endilgan a Ramos –y que ocurrieron entre 2001 y 2007–, la Corte anotó que el exgobernador habría recibido dineros de altos mandos paramilitares para financiar sus campañas.
Entre los supuestos financiadores, hay nombres resonantes de la historia del conflicto como los hermanos Carlos y Vicente Castaño, Juan Carlos Sierra, alias el ‘Tuso Sierra’, y Miguel Arroyave.
De hecho, la Corte recordó el testimonio del exparamilitar Carlos Enrique Areiza Arango, que asistió a una de las reuniones en las cuales Ramos habría recibido una fuerte suma de dinero. Su relato también se situó en la finca Bellanita, en el municipio de Bello, en el año 2005. En esa cita, Vicente Castaño le habría dado $800 millones a Ramos para su campaña política en la Gobernación de Antioquia.
La Corte también advirtió que Ramos tenía nexos con el Bloque Metro de las AUC y con el denominado Cartel de la Gasolina, que le “dieron su apoyo económico a cambio de intermediar para quitarles presión de la Fuerza Pública”.
Pero los apoyos que habría recibido Ramos no eran únicamente económicos, sino también electorales, según resaltó la Corte. Al parecer, los grupos paramilitares habrían usado su influencia en algunos municipios de Antioquia para impulsar las candidaturas de Ramos.
Los puntos álgidos del caso
En febrero de 2011, la Corte Suprema de Justicia le abrió indagación preliminar a Ramos, quien aún era gobernador de Antioquia.
Tras sopesar los testimonios de jefes paramilitares como Juan Carlos Sierra, alias el ‘Tuso’ Sierra y el excomandante paramilitar Freddy Rendón Herrera, alias ‘el Alemán’, la Corte le dictó medida de aseguramiento a Ramos en agosto de 2013.
Aunque los ‘exparas’ señalaban que Ramos había recibido apoyo de varios integrantes de las AUC, la defensa del exgobernador argumentaba que las reuniones que habían sostenido eran para establecer diálogos de paz y para facilitar la desmovilización de los paramilitares. Después de tres años tras las rejas, en 2016 la Corte dejó en libertad a Ramos mientras le dictaba sentencia. Su caso, sin embargo, tuvo que ser revisado de nuevo en 2018, debido a que se creó la segunda instancia para aforados.
Ahora, a la luz de la última decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia en primera instancia, la defensa del exgobernador apeló la decisión en la Sala Penal de la Corte.
