Varias organizaciones campesinas y de lugares con amplia presencia de cultivos de coca pretenden que la erradicación forzada se rija con base en lo pactado en el Acuerdo de Paz de 2016.
Así se lo pidieron a la Corte Constitucional a través de tres tutelas que buscan que dicha práctica se cumpla en Norte de Santander, Nariño y Cauca de acuerdo con el punto 4 de lo firmado con las extintas Farc, referente a la solución al problema de drogas ilícitas.
El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, uno de los demandantes, le explicó a este diario que el objetivo es que la erradicación forzosa se frene, y deje de ser el primer recurso que utilice el Gobierno a la hora de sustituir.
Según ellos, en el Acuerdo quedó pactado que hay otras vías de sustitución voluntaria que en la pandemia no se han tomando, pues se está haciendo caso omiso, por ejemplo, al Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS).
Las tutelas, que quedaron en manos de los magistrados Antonio Lizarazo, Cristina Pardo y José Fernando Reyes, pasaron a estudio en días en los que Estados Unidos prepara el cambio de la estrategia antidrogas en Colombia.
En la modificación, el país norteamericano habla de potenciar la erradicación protegiendo a los líderes comunitarios para que sus cultivos dejen de depender de la coca.
Las tutelas
Las acciones fueron interpuestas por grupos como la Red de Derechos Humanos del Pacífico Nariñense, la cual cobija a resguardos indígenas y a campesinos que buscan que les paguen por haber erradicado cultivos de uso ilícito. En su defensa alegan que no han recibido los recursos del Plan de Atención Inmediata, a pesar de que incluso han cumplido con la no resiembra.
La situación en el Cauca no es distinta. Allá buscan que el PNIS se ejecute de forma efectiva, pues “se han generado incumplimientos sucesivos en lo acordado, acompañados de operativos de erradicación forzada en algunas veredas”.
Uno de los hechos que relacionan menciona a la Fuerza de Despliegue Rápido (Fudra 4) del Ejército. Este grupo ocupó, según el documento en poder de EL COLOMBIANO, dos bienes en Suárez, Cauca, sin identificarse y sin permiso de los propietarios.
Esa Fuerza, se lee, ofreció plata por información de secaderos de marihuana y se llevó sin permiso la comida de campesinos de Caloto, Cauca.
¿Y en el Catatumbo? La situación es igual, pues la tercera tutela radicada por el Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez resalta que “la erradicación forzada ha agravado la crisis humanitaria en la zona, y ha recrudecido el conflicto y la tensión entre los campesinos, los grupos armados ilegales y las Fuerzas Militares”.
Eso pasó hace 15 días, cuando 180 soldados fueron retenidos por campesinos del Catatumbo que rechazaban la erradicación forzada que lleva a cabo el Ejército en la región.
Frente a esto, el Colectivo José Alvear Restrepo subrayó que la intención de las organizaciones no es la de apoyar el narcotráfico, sino la de acogerse a una transición de cultivos de forma pacífica, por lo que es necesario que la Corte Constitucional se pronuncie frente a esto.
En efecto, para darle un mejor manejo, el alto tribunal unió las demandas y pidió a entidades del Estado y demandantes que adjunten evidencia que les permita tomar una decisión.
Lo que salga de allí será clave para la aspersión aérea con glifosato, rechazada por algunas organizaciones, pero cuya aprobación, le confirmó el Ministerio de Justicia a este diario, está en manos del Consejo Nacional de Estupefacientes luego de que la Corte Constitucional pusiera condiciones que el Gobierno dice cumplir
