En ese contexto, hasta la fecha la entidad ha recibido por lo menos 17 denuncias en 11 departamentos del país y tuvieron que emitir una alerta por las malas prácticas de los aspirantes a puestos en corporaciones públicas, municipales o departamentales, quienes al parecer estarían falsificando los logos y los formatos de la Agencia para cobrar por los trámites. Todo bajo la promesa de entregar tierras, siempre y cuando obtengan la victoria en la próxima contienda electoral.
“Hemos visto que hay candidatos que están utilizando el nombre de la Agencia Nacional de Tierras, utilizando sus logos, que falsifican sus formatos y que cuando lleguen elegidos a una corporación pública serán los encargados del trámite de tierras”, explicó el director general de la ANT, Gerardo Vega.
De acuerdo con Vega, todas las denuncias ya fueron elevadas a la Fiscalía para que se encarguen de abrir las investigaciones correspondientes, incluso algunos casos fueron reportados desde enero. Si bien es una situación que se viene presentando desde hace un año, es un fenómeno que se intensifica en época electoral. Desde la Agencia, le confirmaron a EL COLOMBIANO que en menos de una semana han recibido más de cuatro denuncias.
En un panorama general de cara a los comicios, la Fiscalía entregó su más reciente reporte sobre delitos electorales. En medio de una rueda de prensa desde el Búnker, el fiscal general Francisco Barbosa explicó que hasta la fecha se han registrado 224 casos por fraude de inscripción de cédulas, 96 por constreñimiento al elector, 79 por corrupción al sufragante y 32 por intervención en política.
Y es que según la ANT, los estafadores además de cobrar dinero por adjudicar tierra a los campesinos, también les estarían prometiendo que eso solo sería posible en caso de ganar, lo que de entrada podría considerarse como una compra de voto.
Precisamente, en lo que respecta a las irregularidades frente al voto libre, la Misión de Observación Electoral (MOE), con corte al 9 de octubre, ha recibido 172 denuncias de 1.194 reportes de delitos electorales.
Así estafarían a campesinos
Una de las denuncias más recientes fue la de Amanda, quien se acercó hasta la Oficina del Inspector de Gestión de Tierras de la ANT para exponer el caso en Bolívar. “El representante conformó un grupo de inspectores uniformados, con nombre y logo de inspector agrario y nos dijeron que teníamos que pagar mes a mes, como una mensualidad”, explicó.
El problema es que Amanda y la comunidad en general no saben las funciones exactas de esos inspectores, y tampoco entienden por qué tienen que pagar para los trámites de supuestas entregas de tierra. “Desconocemos la función de ellos, estamos en incertidumbre. Por eso le pedimos al Gobierno, a la ANT y a MinAgricultura que intervenga”, añadió Amanda en el testimonio conocido por EL COLOMBIANO.
El departamento con más denuncias es Cundinamarca con tres casos; seguido de Antioquia, Cesar, Risaralda y Sucre con dos casos cada uno; y Bolívar, Córdoba, Meta, Santander, Tolima y Valle del Cauca con uno. Además, en los últimos días, las oficinas territoriales de la ANT han reportado casos en Arauca y Caldas. “Todo eso es falso, la Agencia tiene sus funcionarios y sus oficinas, nadie debe cobrar un peso y no debe haber intermediación”, apuntó Vega.
Las estrategias de los estafadores
En el caso de Córdoba, los estafadores usarían WhatsApp para emitir certificados para engañar a la comunidad e incentivarlos a invadir terrenos privados bajo la promesa de que luego serían adjudicados. Y en Arauca, la ANT detectó que una candidata a un concejo municipal habría alterado los listados de la campaña de búsqueda de 83.501 beneficiarios, que adelanta actualmente la Agencia, para poner sus datos de contacto en reemplazo de los de la Agencia. “Reportes ciudadanos, recibidos por la Agencia Nacional de Tierras, dan cuenta de que algunos candidatos estarían usando la imagen institucional para atraer electores”, señaló la entidad