La tormenta política desatada por el anuncio del Gobierno y la Policía de suspender las operaciones ofensivas contra los principales grupos armados del país, y la negativa de la Fiscalía de levantar las órdenes de captura de varios jefes criminales, es un enredo político que no oculta lo que ya está pasando en realidad: nadie está persiguiendo a la mafia en Colombia.
En el plano institucional, el choque de trenes involucra al Ministerio de Defensa, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Fiscalía, la Procuraduría y la Fuerza Pública, que no se han puesto de acuerdo sobre el tratamiento jurídico que hay que darles a los grupos armados organizados que participarán en el proyecto de “paz total” y que carecen del estatus político del que goza el ELN.
El Gobierno quiere que se suspendan las órdenes de arresto de los voceros del Clan del Golfo y “los Pachenca”, y como la Fiscalía no accedió, alegando motivos de ley, decidió hacerlo a muto propio, congelando los operativos policiales y militares contra ellos.
A la hora de la verdad, esta situación solo oficializó algo que ya ocurría en la práctica desde el inicio del nuevo Gobierno, y que se había manejado con relativa reserva: la suspensión de las operaciones contra los objetivos de alto valor estratégico.
Fiscales de las direcciones de Crimen Organizado y Antinarcóticos, que lideran los expedientes contra los principales grupos armados, le contaron a EL COLOMBIANO que tanto la Policía como las FF.MM. “se relajaron” en su ofensiva contra los ilegales, por lo que se congelaron allanamientos, seguimientos, infiltraciones y capturas de cabecillas del Clan del Golfo, ELN, disidencias farianas y otras organizaciones que piden pista en la “paz total”, como “la Oficina”, “los Shottas, “los Espartanos”, “los Mexicanos” y “los Pachenca”.
Al preguntarles por este supuesto “relajamiento” a varios oficiales de la Fuerza Pública, señalaron que nadie quería ganarse de enemigo al Gobierno, en especial después de la barrida de más 50 generales y coroneles a finales de 2022.
En el trasfondo del asunto hay un estilo de gobernar del presidente Gustavo Petro, dado a hacer anuncios públicos sin concretar antes la voluntad de todos los involucrados; y su deseo de alcanzar la “paz total”, aun a costa de la tranquilidad de varios sectores de la sociedad.
1), Los regalos anticipados de la “paz total”
Aunque algunos presumen que el cese bilateral del fuego con cinco grupos armados es el primer paso concreto del Gobierno en busca de la “paz total”, en agosto de 2022 estas organizaciones ya habían recibido el primer “regalo”: la suspensión de los bombardeos.
Aunque el ministro de Defensa, Iván Velásquez, precisó que la suspensión solo aplicaba para casos en los que hubiere menores de edad en el área, la realidad es que los bombardeos en general se acabaron. Esta clase de ataque era el que más temían los grupos armados, pues carecían de defensas para enfrentarlo, y evitaba que se reunieran en campamentos a sus anchas.
El segundo obsequio fue la interrupción de las habituales campañas de “los delincuentes más buscados”, con las cuales – desde los años 80 – los gobiernos han perseguido a los capos. A la fecha la opinión pública no conoce cuáles son los objetivos de alto valor para la Casa de Nariño, lo que ha desestimulado el cobro de recompensas y la colaboración ciudadana.
También frenaron las campañas militares y policiales con las que se contenía al crimen organizado en las regiones más críticas, como “Agamenón” (Antioquia, Chocó y Córdoba), “Atenea” (Llanos Orientales), “Esparta” (Catatumbo) y “Aquiles” (Bajo Cauca), entre otras.
Como consecuencia de estas decisiones, ningún cabecilla de relevancia ha sido arrestado en Colombia desde la llegada de Petro al poder, incluso antes de que se anunciara el cese bilateral del fuego y se pidiera la suspensión de órdenes de captura.
Algunos expertos han dicho en diferentes publicaciones que estas concesiones que el Gobierno le ha hecho a la mafia deberían ser el producto de las conversaciones y preacuerdos entre las partes, una vez establecidas las mesas de diálogo, y no un regalo anticipado.
Sin embargo, hay que decir que algunos grupos ilegales han dado muestras de agradecimiento y redujeron sus acciones violentas contra la población. Entre ellas, el Clan del Golfo, el ELN, “la Oficina”, “los Shottas” y “los Espartanos”, en cuyas zonas de injerencia mermaron los homicidios. Otra cosa son sus actividades económicas, como el narcotráfico, el lavado de activos y la extorsión, que siguen a la orden del día.
2). Incentivos para cultivos y narcotraficantes
El narcotráfico, que ha sido la mayor amenaza para el Estado colombiano en las últimas cuatro décadas, se ha visto beneficiado por algunas iniciativas presidenciales y por el contexto socioeconómico de la actualidad.
El Gobierno quiere cambiar la política tradicional de lucha contra las drogas, pero no ha planteado de forma concreta cuál será su estrategia. Por lo pronto, el presidente Petro rechazó de tajo la fumigación de cultivos ilícitos con glifosato y sugirió que debía suspenderse también la erradicación manual forzosa.
Le pidió a la Fuerza Pública que “descriminalizara” a los cultivadores y cesara la persecución contra ellos; y de paso sugirió que deberían seguir cosechando la coca a la par de los cultivos sustitutos, hasta que estos últimos generaran ingresos suficientes para abandonar la ilegalidad.
Además, la Dirección Antinarcóticos bajó la meta de erradicación de cultivos, de 50.000 hectáreas en 2022, a 20.000 en 2023.
De manera indirecta, estos anuncios y las restricciones a la Fuerza Pública pueden incentivar el aumento de la siembra y la producción de cocaína, en particular porque las ganancias para los traficantes exportadores se incrementaron por obra de la devaluación del peso frente al dólar.
3). Los riesgos para la comunidad en zonas rojas
Frenar la ofensiva contra los grupos armados tiene el riesgo de empoderarlos en algunas regiones del país. Esta semana, por ejemplo, se han conocido patrullajes de las disidencias de las Farc a plena luz del día, en los cascos urbanos de Balboa (Cauca) y Policarpa (Nariño), con el agravante de que la Fuerza Pública no pudo reaccionar debido a las políticas gubernamentales.
Esto produce en las comunidades una sensación de desamparo difícil de negar.
Los “regalos” de paz que ha hecho al Gobierno no han sido de buen recibo en todas partes y en Arauca, Putumayo, Cauca, Nariño, Magdalena Medio, Meta y Atlántico continuaron las masacres, asesinatos de líderes sociales y secuestros de civiles y militares.
Según la Defensoría, en los primeros cuatro meses del mandato de Petro mataron a 66 líderes comunitarios; y de acuerdo con la ONG Indepaz, en lo que va de 2023 ya hubo seis masacres (incluyendo triples homicidios).
La Policía informó que este año van 10 secuestros, entre ellos los de cuatro militares, a manos de las disidencias de las Farc, cuyos frentes no parecen estar cumpliendo el cese bilateral, el cual ni siquiera tiene definidas las reglas para su verificación.
Todos los procesos de paz requieren sacrificar algo de justicia, ¿pero qué tanta impunidad están dispuestos a soportar el Gobierno y la sociedad colombiana?
