Los colaboradores de Compensar fueron los últimos en enterarse de la solicitud que radicó esa EPS –ante la Superintendencia Nacional de Salud– para entrar en proceso de liquidación total.
El correo que les reconfirmó la noticia llegó hacia las 9:30 de la mañana de ayer. A esa hora, los medios de comunicación ya habían registrado el hecho que supone un nuevo revolcón para el sistema de Salud.
Es que en Compensar venían advirtiendo hace varios meses sobre la insostenible carga financiera que llevan sobre los hombros.
La única salida que encontró esta caja de compensación –que abrió hace 30 años en su portafolio la prestación de servicios de salud– es cerrar su línea como EPS y desaparecer del Sistema de Seguridad Social en Salud.
“Se afectó considerablemente la viabilidad y sostenibilidad del programa Compensar EPS, al punto de no permitirle garantizar el servicio a sus afiliados en las condiciones de calidad y oportunidad que desde siempre la han caracterizado”, señaló la entidad en el comunicado en el que pidió ser liquidada.
El presidente Gustavo Petro, que durante la semana vio naufragar su reforma a la salud en la Comisión VII del Senado y promovió la intervención forzosa de la Nueva EPS y Sanitas a través de la SuperSalud, insistió en la necesidad de que el Congreso le camine a su ya hundido articulado.
“Transformar la EPS de aseguradoras en gestoras de salud, las hace dejar de tener los requisitos de las aseguradoras financieras y con otras funciones a las actuales, pueden seguir existiendo en un modelo de salud mixto”, insistió el presidente.
Lo cierto es que Compensar venía solicitando la atención urgente del Gobierno desde el 27 julio del año pasado.
Compensar –junto a Sura y la EPS Sanitas (hoy intervenida)– advertían en una carta enviada al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, los riesgos de quiebra a los que se enfrentaban.
“Es nuestra intención y responsabilidad presentarle a usted, de primera mano, la difícil y angustiosa situación financiera que atraviesa nuestro sistema de salud y así mismo, manifestarle la gran preocupación de viabilidad que hoy enfrentamos como EPS serias, responsables y comprometidas con el cuidado y el bienestar de la población”, se leía en la carta.
Las EPS, entonces, insistieron que el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) –el dinero que el Estado, a través de la Adres gira por cada afiliado– era insuficiente para atender todo el plan de beneficios en salud.
Argumentaron que los recursos asignados en el presupuesto general de la Nación no alcanzan a cubrir, siquiera, las necesidades generales del sistema.
“Se estima que el valor de la UPC en 2022 fue insuficiente en un 8%, respecto al incremento del valor de los servicios cubiertos por el PBS. Y el ajuste de la UPC en 2023 no corrigió ese problema, para hacerlo ha debido tener un ajuste adicional del 5,7%”, decían.
Las cargas por enfermedad, las deudas, el gasto que generó la atención de la pandemia, las incapacidades y procesos de compensaciones pendientes son otros de los lastres que arrastran las EPS. Situación similar ocurre en las demás EPS intervenidas (ver infografía).
“Tomamos la decisión de parar la situación de pérdidas porque no vemos una certeza hacia el futuro de cómo podemos resolver estructuralmente este problema. En los primeros tres meses de este año nos llevaron al límite de lo que podemos aguantar. Estamos reportando pérdidas mensuales de 30.000 millones de pesos”, señaló Carlos Mauricio Vásquez, director general de Compensar en entrevista con Blu Radio.
El Gobierno, montado en el caballito de su reforma, ignoró el llamado que le hacían las EPS e insistía en que el dinero girado en las UPC era suficiente para cumplir.
