El Gustavo Petro que fue senador y candidato presidencial y que peleaba por implementar el Acuerdo de Paz al 100% y sin limitaciones no se reconocería a sí mismo hoy como presidente. Pese a que llegó al poder ondeando las banderas de la paz total, estando en el más alto cargo del Estado abandonó esa tarea de implementación que es fundamental para garantizar que los 13.600 exFarc que dejaron las armas sigan en el camino y que los territorios más golpeados por el conflicto salgan de la guerra en la que aún están.
Con la eliminación de la Alta Consejería para la Paz que lideró Emilio Archila durante el Gobierno de Iván Duque, el presidente dejó relegada y sin doliente la tarea de implementación que hoy le reclaman desde sus más arduos detractores hasta sus más fieles aliados.
El resumen es simple: Petro eliminó esa alta consejería para enviar un mensaje político de que lo que hizo Duque no funcionó y, en su lugar, creó la “Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz”, una pequeña dirección que quedó bajo el mando de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz sin ningún poder de mando o de decisión real.
La crisis es tal, que la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, llamó a la directora de esa unidad, Gloria Cuartas, para pedirle explicaciones por los más de 400 asesinatos de excombatientes y para algo mucho mayor: preguntarle si su Unidad de Implementación “realmente implementa o solo supervisa”.
La pregunta de uno de los magistrados para Cuartas fue al mismo tiempo una crítica: “queremos que nos explique las funciones y los alcances de la Unidad porque el decreto 2647 de 2022 (que reglamentó su función y otros asuntos de la Oficina del Alto Comisionado) no le señala ninguna función de implementación, solamente de verificación”, dijo la JEP en una audiencia de vigilancia.
Y es cierto. Este diario revisó a cabalidad el decreto y encontró que, en efecto, las siete tareas que tienen que ver con la “Unidad de Implementación” se limitan solo a “recomendar”, “asesorar” y “realizar seguimiento” a lo que haga la Oficina del Alto Comisionado en esa tarea.
Es decir, la única entidad del Estado direccionada completamente a implementar el Acuerdo de Paz es, en realidad, una pequeña oficina en la que deben chulear qué está hecho y qué no, sin poder tomar decisiones al respecto.
Y eso quedó en evidencia durante la audiencia de la JEP, en la que el magistrado le dijo a Cuartas que “como no pudo responder esa pregunta” debía enviar un documento completo con el presupuesto de su unidad, la cantidad de personas que trabajan y sus funciones y alcances.
Dicho plazo se cumplió el viernes pasado y EL COLOMBIANO pudo acceder a algunos de esos datos que le cuestionó la Jurisdicción.
Según información oficial, la Unidad de Implementación cuenta con un presupuesto de 71.000 millones de pesos y con solo cuatro funcionarios de planta, entre ellos Gloria Cuartas, los demás son contratistas para tareas específicas.
De ahí surge una duda más ¿para qué necesita esa millonaria suma de dinero una entidad que no puede tomar decisiones respecto a la implementación?
Las peleas internas
Lo cierto, y lo que es aún peor, es que dentro del Gobierno todos saben de este vacío, pero no han tomado decisiones para arreglarlo.
En marzo de 2023 el entonces comisionado Rueda se comprometió a revivir la figura del Alto Comisionado para que la implementación tuviera una dirección real con capacidad de hacer cambios y obligar a las demás entidades del Estado a cumplir lo pactado.
La decisión salió de una reunión con los máximos expertos y conocedores del Acuerdo de Paz del país, entre ellos el senador Humberto de la Calle y el expresidente Juan Manuel Santos. En ese encuentro, coincidieron en que la Oficina del Alto Comisionado tenía demasiadas labores como para tener a su cargo, también, la implementación de un Acuerdo tan complejo.
Pero ha pasado un año y el presidente Petro, que es el que tendría que volver a crear el cargo mediante decreto administrativo, no lo ha hecho. Mientras le siguen dando largas a una decisión sumamente importante, al interior se viven desacuerdos y peleas que Presidencia no ha querido escuchar.
Dentro de esas discusiones internas, este diario ha sabido por altas fuentes de la Oficina que Cuartas se ha peleado su lugar y ha dicho que poco puede hacer su entidad si sigue relegada. Con Rueda, por ejemplo, la directora de la Unidad de Implementación tenía casi que rogar para hablar con él y sugerir cambios importantes.
De hecho, su incapacidad para liderar ese frente fue una de las razones por las que el presidente decidió sacar a Rueda de ese cargo y nombrar a Otty Patiño como comisionado de paz. Sobre la articulación entre este último y Cuartas, aún no se sabe mucho, pero parece que él sí la escucha más.
Por todas esas discrepancias, la funcionaria presentó su renuncia en septiembre de 2023 e incluso dijo que el presidente se la había aceptado. Pero su retirada nunca se dio y hoy continúa al frente de esa Unidad con un presupuesto envidiable, pero con un margen de acción inútil. ¿Cuánto se demorará Petro en corregir su decisión y revivir la Alta Consejería que tanto criticó? Eso aún está por verse.
