La EPS Sura finalmente solicitó a la Superintendencia Nacional de Salud su retiro voluntario del sistema de salud tras varias advertencias sobre su situación financiera al Gobierno.
Con 5,5 millones de afiliados en todo el país, Sura es la primera EPS en recurrir a esta figura legal, es decir del desmonte progresivo, de acuerdo con Luis Carlos Leal, el superintendente de Salud, quien confirmó que la entidad está verificando que “los documentos presentados por Sura estén en regla” antes de iniciar el proceso de evaluación.
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“Nos encontramos revisando que los documentos estén completos para poder iniciar el análisis de este estudio”, explicó Leal en una entrevista con W Radio. “De momento, no se ha comenzado a estudiar la posibilidad de ese desmonte voluntario solicitado por Sura”.
El proceso contempla varios pasos, según explicó Leal al medio citado. Una vez verificados los documentos, la Superintendencia tendrá 30 días hábiles para estudiar la propuesta de desmonte y los documentos anexos. Posteriormente, habrá un periodo de 20 días hábiles para que la Superintendencia retroalimente a Sura “con observaciones o recomendaciones”, las cuales deberán ser subsanadas en otros 20 días hábiles.
Tras este periodo, la Superintendencia dispondrá de 15 días hábiles adicionales para decidir si acepta o rechaza la solicitud, completando un total de 65 días hábiles para el proceso. En ese entonces, “se procedería a aceptar o a negar el desmonte progresivo”.
“Solo hasta ese momento, los afiliados recibirán comunicación sobre cualquier variación en su afiliación, que no sería inmediata debido a la naturaleza progresiva del desmonte”, detalló Leal.
La propuesta de Sura contempla un desmonte progresivo que se extendería por tres meses. Durante este tiempo, los afiliados serían trasladados gradualmente a otras EPS que puedan asumir su cobertura, dependiendo de su región y municipio. La cuestión es que aún no se sabe cuál sería esa entidad.
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“Ellos hablan de un proyecto de desmonte progresivo de tres meses, es decir, tres meses en los cuales ellos proponen el traslado progresivo de sus afiliados dependiendo de la región en la cual se encuentren, dependiendo del municipio (...) a otras aseguradoras que tengan la capacidad de asumir su afiliación en el territorio donde estén”, señaló Leal a la W.
“A diferencia de una liquidación, el desmonte progresivo permite que la misma aseguradora maneje los traslados financieros con las reservas técnicas adecuadas, garantizando una transición más tranquila para los pacientes”, explicó el funcionario.
¿Hay capacidad administrativa?
En caso de ser aprobado este desmonte, el superintendente subrayó que es fundamental asegurar que las EPS receptoras tengan la capacidad administrativa para asumir el riesgo en salud de los afiliados de Sura, por lo que mientras se inicia el estudio, el Gobierno aún no tendría claro quien recibiría a esta cantidad de pacientes.
Con respecto a donde se llevarían a los más de 5 millones de afiliados de Sura, el superintendente explica que la entidad debe primero “hacer el estudio para determinar si aprobamos o negamos esa solicitud” para luego poder identificar si en realidad “haya la capacidad administrativa en alguna EPS, porque pueden ser varias. Es que hay personas que están afiliadas en regiones donde hay tres o cuatro o donde hay solo una”.
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Asimismo, planteó que “por eso el desmonte puede ser inclusive hasta parcial, es decir en unos departamentos, pero en otros no (...) Por eso nos tomamos un tiempo para poder analizar si existe la capacidad administrativa para asumir ese riesgo en salud”.
El funcionario abordó el motivo de la solicitud de Sura que se enmarca en una crisis financiera por la insuficiencia de la UPC, sin embargo, Leal consideró que “la crisis financiera es producto de un mal manejo administrativo y financiero que no fue reportado y que no sabemos realmente en qué se empleó”, según informó para la W.
Asimismo, indicó que “dentro de la solicitud de Sura, ellos dicen a la Superintendencia que en caso de que el plan de desmonte no sea aprobado, solicitan la intervención forzosa administrativa para administrar la toma de bienes, haberes y negocios por parte de la Superintendencia”.
Cabe resaltar que mientras se evalúa esta petición, todos los pacientes continúan con la EPS y no es necesario los traslados de usuarios, pues la entidad seguirá prestando su servicio con normalidad, hasta que el Gobierno decida sobre qué rumbo tomará Sura.
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