María* acumulaba varios años de maltrato hasta aquel 7 de diciembre de 2019 en el que decidió terminar la relación sentimental con el papá de su hijo. Ese día, “el señor me golpeó el rostro delante de mi hijo de 5 meses. Se paró frente a mí en posición de pelea, empuñó sus manos y me dijo ‘parece duro gonorrea’ entonces tomé la decisión de volver a la casa de mis papás”.
Así lo contó la víctima en un duro caso que escaló hasta la Corte Constitucional y que sentó un precedente claro para el tratamiento de la violencia de género en todas las instituciones judiciales del país.
Según el fallo de la Corte, “las autoridades judiciales, incluyendo a las Comisarías de Familia, deberán resolver todos los casos con una perspectiva de género, y no únicamente aquellos catalogados como “graves”.
Todo esto tras concluir que la Comisaría Quince de Familia Antonio Nariño, en Bogotá, falló a sus deberes constitucionales y “actuó negligentemente decidiendo sin un enfoque diferencial de género”.
Un caso lleno de atropellos
Pero este fallo no solo ordenó un enfoque de género obligatorio, sino que estableció que la mujer fue víctima de dos tipos de violencia más: la vicarial, que es la que se ejerció contra su hijo con el ánimo de violentarla a ella, y la institucional, que fue la que recibió por parte de las entidades del Estado al “no prestar la debida atención e imponer un sinnúmero de barreras que le generaron a la accionante una angustia desproporcionada, un desgaste y una desilusión en la administración de justicia, así como un miedo por su vida y la de su hijo”.
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Sumado a eso, la Corte también evaluó que el hombre incurrió constantemente en violencia económica tras amenazar a la mujer con no consignar la cuota de manutención de su hijo si no hacía lo que él quería.
“Me decía que para que estudiaba si no tenía para las vacunas del niño o si no tenía tiempo para cuidarlo”, contó la víctima en un hecho que el alto tribunal catalogó como violencia “patriarcal” al considerar que él pretendió dominarla a través de su rol como proveedor.
Así las cosas, la Corte revocó una decisión inicial de esa Comisaría que se negaba a aceptar que había evidencia de maltrato y ordenó a esa y a las demás entidades que llevan el caso darle celeridad a las investigaciones por violencia intrafamiliar e implementar las medidas necesarias para que el hombre no ponga en riesgo la vida de ella y de su pequeño de cuatro años de edad.
Con todo eso, la sentencia cuestionó por qué la Comisaría no tomó en cuenta los antecedentes claros de violencia que había en ese hogar. Entre ellos, un informe forense que describió brutales golpes que la dejaron con incapacidad por 15 días y una serie de procesos abiertos por persecuciones y asedios del hombre contra ella y su hijo.
“Me siento en riesgo de feminicidio y siento temor de que mi hijo pueda ser raptado por este señor y ejecute acciones contra él por venganza contra mí (...) las entidades no presten la debida atención, lastimosamente por esto se presentan tantos casos de feminicidio en nuestro país”, concluyó la víctima.
