La ráfaga de disparos y los gritos de auxilio se escucharon a las 4:00 de la mañana del pasado 26 de agosto en Jamundí, Valle del Cauca. La líder social y candidata al Concejo de ese municipio, Claudia Ordóñez, se disponía a abrir su local cuando hombres encapuchados se acercaron al sitio y emprendieron fuego sin mediar palabra.
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Ordóñez murió casi al instante mientras su esposo, también gravemente herido, le suplicaba que luchara por su vida. Dos días después John Fredy Castillo también murió.
Y no han sido las únicas víctimas en medio de la violencia política que tiene en riesgo las próximas elecciones regionales de Colombia. Según la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), el pasado mes de agosto fue el más violento contra los candidatos y candidatas del país en lo que va de este año electoral, que se contabiliza entre el 23 de octubre de 2022 y el 23 de octubre de 2023– con un total de 35 víctimas de violencia política.
Si se cuentan todos los hechos ocurridos desde octubre del año pasado, Pares asegura que se han presentado 210 afectados por atentados, amenazas y asesinatos en por lo menos 175 hechos asociados.
Pero las cifras varían de acuerdo con la entidad. La Policía, por ejemplo, contabiliza un total de 194 amenazas y 9 atentados contra las elecciones que se realizarán el próximo 29 de octubre.
“A la fecha se han registrado 194 amenazas y 50 incidentes, que son casos de riñas y diferentes requerimientos que incluimos en esa figura de candidatos, también 9 atentados, para un total de 265 hechos de afectación”, dijo el brigadier general Carlos Humberto Rojas, jefe Nacional del Servicio de Policía.
Ese ambiente hostil, que tiene en riesgo de muerte a varios aspirantes a concejos municipales, asambleas y alcaldías, se ha registrado en 120 municipios y 27 departamentos del país, por lo que se ha hablado de la posibilidad de suspender las elecciones regionales por lo menos en los territorios con más presencia de grupos armados.
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Los perpetradores
Sobre ese último punto, Pares advierte que el 70% de esos 175 hechos de victimización se han presentado de manera anónima y sin poder determinar como responsable a un grupo armado en específico.
Sin embargo, ese 30% restante deja como principales victimarios a las disidencias de las Farc y al Clan del Golfo, ambos grupos señalados de cometer el 8,6% de los atentados y asesinatos por regiones.
Otro 4%, equivalente a 7 hechos, se le atribuye al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y un 8% más a otros grupos y bandas locales.
Bajo ese panorama, el coordinador de la línea de Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Pares, Esteban Salazar, dijo que “a grandes rasgos, los cinco departamentos que más nos preocupan sobre la cantidad de víctimas y de hechos que se están presentando son Antioquia, Valle del Cauca, Nariño, Cauca y Magdalena, que, si bien son departamentos en los que en algunas subregiones existe presencia de estructuras armadas ilegales, la violencia en su mayoría no se debe a la presencia de economías ilícitas o estructuras armadas, sino que pareciera más o menos una violencia de carácter dirigido y selectivo como un mecanismo de competencia electoral”. (Ver infografía al final)
En todo esto, por su puesto, la paz total del presidente juega un rol fundamental en el que las autoridades le han pedido al Jefe de Estado que le ponga como condición a los ilegales respetar la vida de líderes y candidatos. No obstante, buena parte de esos grupos sigue amenazando a políticos, colaboradores y periodistas.
Aun así, Pares asegura que los únicos que tienen el poder de decidir si hay elecciones o no son el presidente y el criterio de la Fuerza Pública.
“Como parte de las recomendaciones, solicitamos más responsabilidad a la Defensoría, la Registraduría y la Fiscalía para que cumplan con sus misiones y competencias y que no se extralimiten planteando escenarios que solamente le competen al presidente Gustavo Petro, al Ministerio del Interior y a la Fuerza Pública”, concluyó Salazar.
“Ceses al fuego deben incluir respeto por la participación política”: Pares
En entrevista con EL COLOMBIANO el experto Esteban Sálazar, de la Fundación Pares, respondió varias preguntas sobre los retos y posibles situaciones.
¿Cuáles son las grandes conclusiones del informe?
“Lo primero es que registramos 219 víctimas asociadas a 175 hechos violentos, lo que significa que tenemos una víctima de violencia política día de de por medio. Lo segundo es que los cinco departamentos que más nos preocupan son Antioquia, Valle del Cauca, Nariño, Cauca y Magdalena”
¿Y qué recomendaciones hacen para que esta situación mejore?
“Nosotros planteamos que la Comisión de Garantías también tenga un componente sobre garantías de participación electorales. Sumado a eso, planteamos que los ceses bilaterales con grupos armados deberían incluir un cese también de hostilidades contra líderes y candidatos políticos, que se pueda hacer un cese al fuego también en materia de participación política”.
