Menos de 24 horas después de que se conoció un nuevo cuestionamiento contra la financiación de la campaña de Gustavo Petro, este miércoles el triunvirato encargado de su proceso en la Comisión de Acusaciones del Congreso anunció que “avanza la investigación”.
A través de un comunicado divulgado por los tres congresistas a cargo del proceso –Alirio Uribe (Pacto Histórico), Gloria Arizabaleta (Pacto Histórico) y Wilmer Carillo (Partido de la U)–, explicaron que continúan con la recolección de medios de prueba en el caso sobre gastos de la campaña de 2022 que lo llevó a la Presidencia.
“Se ha dado continuidad a la investigación decretando inspecciones judiciales y la remisión de copia de investigaciones adelantadas en otras instancias”, señalaron.
En ese sentido, destacaron que este miércoles hicieron inspección al expediente que ese encuentra en el Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre los mismos hechos. Además, anunciaron que escucharán en diligencia testimonial al hijo del presidente, Nicolás Petro Burgos, el próximo 14 de marzo en Barranquilla.
“Los investigadores también ordenaron escuchar durante el mes de marzo los testimonios del gerente y la contadora de la campaña, así como de los señores Samuel Santander Lopesierra, Euclides Torres y Alfonso del Cristo Hilsaca”, precisaron.
La comisión investigadora ratificó “su compromiso y responsabilidad con el país en el manejo de la información, transparencia y celeridad en la búsqueda de la verdad y la justicia”, concluyeron.
Por cuenta del mismo proceso, pero en el Consejo Nacional Electoral (CNE), este martes rindió versión libre el hoy presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, nada menos que quien fuera el gerente de la campaña del hoy jefe de Estado.
El funcionario se limitó a contar cómo era la estructura de la campaña, quiénes eran sus directivos y su rol como gerente, al tiempo que ratificó que él era quien manejaba todo. “Era una versión libre, por lo que no hubo tiempo para contrapreguntar o realizar cuestionamientos”, explicó una fuente que estuvo durante la diligencia, que fue liderada por los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada.
Si bien se tenía previsto que Roa diera explicaciones sobre facturas, el pago a testigos electorales o los vuelos realizados durante la campaña, finalmente no hubo posibilidad de revisar en detalle las presuntas irregularidades con miras a definir si hubo o no algún delito electoral.
Por todo ello, desde el CNE anunciaron que se seguirá evaluando el material probatorio e inclusive, ya los magistrados pidieron información para verificar la más reciente denuncia sobre una aparente donación por debajo de la mesa de la USO. Con base en ello, se determinará si se archiva el proceso por no encontrar mérito o si se formulan cargos formalmente. “Antes de mitad de año habrá una decisión”, confirmaron desde la autoridad electoral.
Lo anterior, coincide con la revelación de que la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO) destinó $600 millones para respaldar a Gustavo Petro en su campaña a la Presidencia en 2022. El apoyo, sin embargo, no habría llegado directamente a las arcas de la campaña, sino que se trató de ejecución y gestión propia del sindicato, según explicó su presidente, César Loza.
Las explicaciones del dirigente fueron motivadas por revelaciones sobre aportes a la campaña no reportados y que darían lugar a investigaciones de la Fiscalía General y el Consejo Nacional Electoral (CNE).
“La máxima autoridad del sindicato tomó la determinación de aprobar unos recursos para la campaña Petro y ejecutamos $600 millones, pero nunca se le giró un peso a la tesorería nacional de la campaña, a las cuentas que oficialmente manejaban del presidente Gustavo Petro, ni a las campañas regionales”, dijo.
Aclaró que históricamente, como organización sindical, apoyan campañas políticas alternativas y que ese fue el caso con Gustavo Petro. “Hemos apoyado siempre esas campañas, pero nosotros mismos hacemos las contrataciones de la publicidad, de las vallas, asumimos el costo de la logística que implica reunir trabajadores, hay que pagar desplazamientos, transporte, alimentación y es una decisión que ejecuta autónomamente la organización sindical”, añadió.