Hace tres días líderes del ETCR denunciaron las amenazas de desplazamiento que recibieron de parte de los criminales del Estado Mayor Central, la primera disidencia creada tras la desaparición de las Farc.
Este viernes una comisión del Gobierno Nacional llegará al ETCR de Miravalle, en el departamento de Caquetá para atender la compleja situación de seguridad que está viviendo esta comunidad firmante de la paz, luego de recibir un panfleto firmado por el frente bloque Jorge Briceño del Estado Mayor en el que declarara ese territorio como “zona del conflicto”.
El desplazamiento de la comitiva, integrada por delegados del Ministerio del Interior, la Agencia de Reincorporación, la Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz y otros, ocurre justo cuando líderes políticos como el expresidente, Juan Manuel Santos, el senador Humberto de la Calle, Rodrigo Londoño, líder del Partido Comunes y otros, calificaron como grave lo que estaba pasando en ese espacio de reincorporación.
“En conjunto instituciones del Gobierno vamos rumbo al ETCR de Miravalle con todas las entidades que tienen funciones directas para atender la situación de seguridad que se ha presentado”, dijo Franklin Castañeda, director de Derechos Humanos del Ministerio de Interior.
Los delegados confían en que se logre concretar un plan de seguridad que garantice la permanencia en el lugar de los desmovilizados y sus familias. “ Hemos expresado el compromiso indeclinable del Gobierno de garantizar la permanencia en su territorio, la continuidad de los proyectos productivos y la continuidad del exitoso proceso de reincorporación”, añadió el funcionario.
Entre tanto, este mismo viernes la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) se pronunció al respecto. No solo rechazó la situación de los firmantes de paz sino que pidió la intervención oportuna del Gobierno y las autoridades competentes.
“La Jurisdicción le solicita a la Fiscalía General de la Nación y a las autoridades judiciales competentes que investiguen estos hechos y brinden las condiciones y garantías de seguridad, protección y prevención necesarias para hacer posible el retorno seguro, sostenible y voluntario de la comunidad de firmantes que se han visto forzados a desplazarse”, se lee en el comunicado del alto tribunal.
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Justamente, el pasado mes de marzo, magistrados de esa jurisdicción especial visitaron la zona para entregar a medio centenar de firmantes del Acuerdo de Paz, los certificados de las amnistías presidenciales otorgadas luego de 2016 y que para ese momento no les habían sido notificadas.
